La población española mayor de 65 y de 80 años doblará su crecimiento en los próximos diez años, según la Associació Catalana de Recursos Assistencials (ACRA) y la Unión de Entidades. La patronal de geriatría catalana ha alertado de que si no se mejora la financiación pública, a consecuencia de este crecimiento, faltarán más de 100.000 profesionales en el sector de las personas mayores en España. Y advierte que, si no se amplían los profesionales, “no podremos atender a las personas mayores”.
Los datos salen de un estudio propio de ACRA y Unión de Entidades con el apoyo del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. La patronal apunta que la población mayor de 65 años creció de media 135.124 personas anuales, y calcula que a partir de ahora este crecimiento pasará a ser de 268.106 personas de media al año. “En Cataluña, las personas de 80 años o más pasarán de las 465.000 actuales a superar el millón”, advierte Ramon Ramells, Presidente de la Unión de Entidades. Probablemente muchas de estas personas necesitarán recursos asistenciales en residencias, centros de día, ayuda domiciliaria, teleasistencia y pisos con apoyo.
“ACRA lo que pide es que se homologuen de forma rápida y ágil los títulos profesionales de las personas que lo tienen en su país”, explica su responsable de comunicación, Antoni Vidal. Para Sílvia García, referente de CCOO en dependencia en Cataluña, la solución para el sector no puede ser esta, debe ser “mejorar las condiciones laborales para todos los trabajadores en salarios, jornada laboral y conciliación”, y “profesionalizar el sector”. Actualmente, según el Ministerio de Educación y Formación Profesional, la homologación de títulos para migrantes tarda cerca de 24 meses. La patronal necesita mano de obra y plantea la migración como una solución, facilitando también la contratación en origen de personas migrantes. Por ello ACRA facilita asesoramiento técnico y jurídico a sus entidades asociadas para hacer estas contrataciones, y a día de hoy hay quince entidades en proceso de contratar a 64 profesionales de enfermería de Colombia.
La patronal apunta también a la necesidad de una mayor financiación. Según ACRA, España aporta el 0,96% del PIB en los cuidados de larga duración, lejos del 1,5% de media de los países de la OCDE, y pide aumentarla al 2%.
Pocos profesionales, baja salud laboral y poco prestigio
“Nos dejamos la salud física y mental”, cuenta María, trabajadora en una residencia. “Absolutamente todo el mundo que trabaja en este sector sufre alguna lesión. Normalmente las mutuas no las reconocen ni aceptan y se cronifican”, explica Maria.
Fanny nació en Argentina pero lleva la mayor parte de su vida en España, más de 20 años. Trabajó durante siete años en una residencia y dejó de hacerlo hace un año y medio a raíz de los efectos psicológicos que le produjo trabajar durante la pandemia y de dos accidentes laborales. Los accidentes le produjeron dos hernias en la columna cervical y lumbar de los que la mutua no se hizo cargo. Trabajaba en una residencia pública de gestión privada en el turno de primera hora de la mañana. Tenía entre diez y quince minutos para despertar, levantar de la cama a cada residente –muchas veces con una grúa por el peso–, ducharlo, llevarlo al lavabo y vestirlo. “Con estos tiempos es imposible una atención centrada en la persona”, apunta Maria, la otra trabajadora.
El accidente de Fanny ocurrió cuando un día la grúa estaba estropeada y le tocó levantar a una residente a peso. “Este tipo de accidentes pasan muchas veces”, relata Fanny. “Me pincharon para el dolor y no me quisieron dar la baja laboral”, continúa. “Luego en la seguridad social me dijeron que tenía artrosis degenerativa”.
“El sector no está profesionalizado porque no se paga lo suficiente”, explica Helena Motos, responsable de sanidad de CCOO de Lérida y Pirineos, que apunta también a la patronal ACRA como causante de la situación. Antoni Vidal, director de comunicación de la patronal se defiende tirando la pelota hacia la administración. “Si inviertes poco en dependencia, entonces tienes un sector precarizado y con perfiles de baja cualificación”. Sílvia García, responsable de dependencia de CCOO en Cataluña, critica por otro lado que en la negociación de uno de los convenios del sector que está en marcha, el GERCAT, ACRA se están oponiendo “a bajar horas de trabajo y subir salarios” si no suben las tarifas de la Generalitat. Helena Motos concluye que, “si no fuera por las personas recién llegadas, las residencias estarían cerradas”.
El informe La inmigración en España: efectos y oportunidades, del Consejo Económico y Social ya decía en 2019 que las mujeres migrantes “desempeñan un papel fundamental” en el sistema de cuidados y organización doméstica “tanto en instituciones como en hogares”.
“Son personas que tienen mucha necesidad de trabajar”, cuenta Fanny. La población migrante es ahora un “gran porcentaje del personal trabajando en una residencia”, confirma Sílvia García responsable de dependencia de CCOO en Cataluña.
Fanny explica que cuando era responsable de turno era “muy difícil” cubrir las suplencias y que faltaba todo tipo de personal. Su empresa creó un protocolo para que, si alguien fallara, los 10 residentes que quedaban descubiertos se repartieran entre el personal, en vez de cubrir la baja temporal. Helena Motos cuenta que así no hay forma de consolidar esta como una “profesión vocacional”, sino que se convierte en “una salida laboral” más. Para Motos “las residencias no son una fábrica” ni se hace un “trabajo en cadena”, sino que “se cuida a nuestros abuelos”, y concluye que hay que “profesionalizar el sector”. Fanny cuenta que recibió un curso de seis meses del servicio de ocupación catalán y se puso a trabajar, pero que a gente que no tiene formación y llevan un tiempo trabajado se les hacía una certificación.
El sector de la dependencia ante la ILP sobre regularización
La generación del baby boom se empezará a jubilar en la próxima década y la patronal de la dependencia ha planteado la migración como una fórmula para lograr más profesionales del sector. Según el Instituto de la Mujer, el 44% de las personas afiliadas en trabajos del hogar son de nacionalidad extranjera, y un 90% mujeres. No obstante, el sector tiene otro reto. El de las personas migrantes que trabajan hoy en el sector de la dependencia sin contrato y sin acceso a derechos laborales. Ellas son un 36% del total de las trabajadoras en el sector de los cuidados y en el hogar, según la Universidade da Coruña y la Plataforma por un Empleo de Hogar y de Cuidados con Plenos Derechos de Madrid. Es la cifra que arroja una encuesta del 2024, que también reporta que un 40% ha sufrido algún accidente durante el trabajo.
La Plataforma por un Empleo del Hogar y de Cuidados con Plenos Derechos plantea que la situación administrativa irregular “es determinante para sufrir mayores riesgos”. La Plataforma explica que esta situación conduce a jornadas más largas, menos descansos, obstáculos en el acceso a la atención sanitaria y mayor situación de vulnerabilidad que dificulta el reclamo de derechos.
Planear la vejez en una vivienda cooperativa, una alternativa a las residencias de mayores
“En residencias no puedes trabajar si estás en situación irregular, lo único que te queda es cuidar a personas en sus domicilios”, cuenta Fanny. La extrabajadora en residencias es también miembro del Bloque Anticolonial de Barcelona e impulsora de la ILP regularización Ya, que han logrado 700.000 firmas para exigir al Congreso de los Diputados una regularización extraordinaria de personas migrantes. “Yo conozco a compañeras que están de internas en casas sin papeles”. Fanny relata que una de estas compañeras cobraba 800 euros al mes trabajando con un sólo día festivo a la semana. “Hay situaciones muy terribles de personas que han llegado a sufrir abusos sexuales que no pueden denunciar por estar en una situación irregular”, continúa. La Plataforma por un Empleo del Hogar y de Cuidados con Plenos Derechos apunta hacia la Ley de Extranjería, “que condena a la clandestinidad a miles de personas”. La Plataforma plantea en su informe sobre salud laboral, que “el reconocimiento de derechos es la primera condición para cuidar la salud”.
La Iniciativa Legislativa Popular para la regularización de migrantes se encuentra ahora en la fase final del trámite parlamentario y en las próximas semanas se celebrará la ponencia en la que habrá que llegar a consensos sobre el único artículo de la ILP, una regularización por vía “extraordinaria”. PSOE y Sumar han llegado a un acuerdo para ampliar la regularización a todas las personas que estén en España hasta el 31 de diciembre de 2023. Sus socios de gobierno, Bildu, BNG, ERC y Podemos quieren ampliarlo hasta el 31 de diciembre de 2024. Para ello, la izquierda deberá buscar puntos de consenso para pactar con parte del arco parlamentario como PNV, PP o Junts, que ahora ponen restricciones. Vicky Columba, portavoz del movimiento ILP Regularización Ya, e impulsora desde su inicio, pide llegar a un acuerdo “que abarque a la mayor cantidad de gente posible y que no sea restrictivo”. Para ello ruega que “no se apliquen las cláusulas restrictivas que impone la vía ordinaria”, como reclama el PP en sus enmiendas, porque quedaría fuera de ella todas aquellas personas que huyeron de sus países y que no pueden solicitar papeles a sus países de orígen o que simplemente no tienen padrón. Fanny espera también que la aprobación de esta ILP permita “mejorar la situación laboral de las personas trabajando en dependencia”.
La portavoz de la ILP, Vicky Columba, también pide que se apruebe antes de fin de año para que la gente pueda acceder a la regularización antes de hacer la reforma de la Ley de Extranjería. Pedro Sánchez anunció a principios de octubre avances para la reforma de la Ley, que cambiará el sistema de acogida de menores migrantes pero esta semana el PP ha vuelto a bloquear la negociación tras levantarse de la mesa de negociación, y la situación vuelve a estar hoy bloqueada. En octubre de 2024 habían llegado a España 45.000 migrantes de forma irregular, la mayoría en Canarias. Para reforzar la cooperación en un momento de presión migratoria, Pedro Sánchez apostó este agosto por la migración circular, un anuncio que hizo tras visitar Gambia y Senegal. Respecto a ello, la portavoz Vicky Columba incide en que “hay que poner el contador a cero”, de los migrantes que viven y trabajan de forma irregular mediante la regularización. Porque eso “va a marcar lo que necesita realmente la economía”. Ahora, el think tank Funcas estima que hay 700.000 personas sin su situación administrativa regulada viviendo en España.
La población española mayor de 65 y de 80 años doblará su crecimiento en los próximos diez años, según la Associació Catalana de Recursos Assistencials (ACRA) y la Unión de Entidades. La patronal de geriatría catalana ha alertado de que si no se mejora la financiación pública, a consecuencia de este crecimiento, faltarán más de 100.000 profesionales en el sector de las personas mayores en España. Y advierte que, si no se amplían los profesionales, “no podremos atender a las personas mayores”.