La patronal critica la cotización obligatoria de los becarios

La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ha criticado al Gobierno de Pedro Sánchez la "imposición" de la cotización obligatoria de las prácticas académicas por haber sido aprobada "diálogo social", y ha advertido de que la medida supone "un incremento de costes para las empresas" y pone en peligro las prácticas. "Esta circunstancia perjudicaría tanto a las empresas y los estudiantes, como al sistema de Formación Profesional y universitario, y al propio mercado de trabajo al perder esta herramienta de acercamiento de la educación a las necesidades laborales", expone la patronal en un comunicado.

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Para la CEOE, la medida incorporada en el Real Decreto Ley para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo, que se aprobó el pasado martes en el Congreso, "no ha sido abordada en el marco del diálogo social, tal como estaba comprometido en la composición de las diferentes mesas tripartitas y en el Plan de Choque de Empleo Joven" y tampoco ha cumplido "el compromiso de analizar de manera conjunta y global la figura del estatuto del becario".

Por ello, los empresarios han solicitado la "convalidación" de este Real Decreto Ley "por medio de una Ley que implemente el acuerdo que surja de un proceso de diálogo y negociación tripartito en la Mesa de Empleo y Relaciones laborales". La cotización obligatoria de las prácticas universitarias también provocó inicialmente las críticas de rectores, estudiantes y sindicatos. El pasado 16 de enero, el Gobierno acordó con la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) "construir los mejores acuerdos sobre esta cuestión" para que los centros "no soporten gastos añadidos" y los estudiantes "ganen en derechos de protección social".

Antes, la CRUE calificó de "sorpresiva" y "precipitada" la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de obligar a que todas las prácticas académicas externas coticen en la Seguridad Social, y advertía de que podía suponer "un grave problema económico difícilmente asumible para las universidades", así como una "disminución del número de prácticas ofertadas por las empresas e instituciones" a los estudiantes universitarios.