Como era previsible, la declaración como testigo de Pedro Sánchez en la causa abierta contra su esposa, Begoña Gómez, no ha aportado nada a la causa abierta por el juez Juan Carlos Peinado. El presidente de Gobierno se ha acogido a su derecho constitucional a no declarar en causas abiertas contra familiares recogido también en el artículo 416.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim). Peinado tampoco ha permitido a las partes consignar sus preguntas y, tras 20 minutos de declaración, ha dado por cerrado el acto. La Fiscalía había recurrido hasta en dos ocasiones la decisión del instructor de tomar declaración al jefe del Ejecutivo al considerarla inútil, innecesaria y no pertinente. También pidió que se le tomara por escrito, pero sin ningún éxito. El acto sí ha dado alas a Vox y el resto de grupos ultras personados en el caso, que han conseguido sentar al presidente ante un juez en la sede de la presidencia del Gobierno.
La LECrim permite a los testigos no declarar en las causas que se sigan contra sus parientes. En esos casos, el juez debe advertir de ese derecho al interrogado antes de iniciarse la declaración. Sánchez se ha acogido al derecho y el juez no ha permitido a las partes formular sus preguntas, dando el acto por concluido. En el acto, celebrado en un despacho habilitado en Moncloa, además del testigo y el juez, han estado presentes las defensas de los tres imputados —Begoña Gómez; el rector de la Complutense, Joaquín Goyache; y el empresario Juan Carlos Barrabés—, el fiscal José Manuel San Baldomero y la letrada de Vox, Marta Castro, que actuó en representación de las acusaciones populares (Manos Limpias, Iustitia Europa, Movimiento por la Regeneración Política de España y Hazte Oír). Los abogados de estas cuatro asociaciones ultras han anunciado que pedirán la nulidad de la declaración al no haberles permitido el juez estar presentes en la misma.
"La declaración ha durado exactamente dos minutos", ha explicado el exministro del Interior Antonio Camacho, abogado de Begoña Gómez a la salida. "El juez ha preguntado al presidente del Gobierno si tenía alguna relación con alguno de los investigados; él ha manifestado, evidentemente, que es el cónyuge de mi representada; a partir de ahí le ha preguntado si se acogía a la dispensa de no declarar y ha dicho que sí", ha resumido Camacho. Tras esas dos mínimas intervenciones de Sánchez, el juez ha dado por terminado el acto, se ha firmado el acta, y se han ido.
"Es prevaricación": el PSOE cierra filas con Sánchez y recurrirá las diligencias del juez Peinado
Peinado ha decidido seguir adelante con la declaración en Moncloa pese al recurso del fiscal, que avisó hasta en dos ocasiones de que no era necesaria "para los fines de la investigación que se supone en curso". El Ministerio Público también pidió que, en caso de que el instructor decidiera acordarla, se produjera por escrito, como permite la ley, al presidente y a todos los miembros del Gobierno. Pero Peinado se amparó en la excepción legal que le obliga a comparecer presencialmente en su despacho oficial o en su domicilio, siempre que el interrogatorio verse "sobre cuestiones de las que no tenga conocimiento por razón de su cargo". En cualquier caso, el acto ha sido inútil procesalmente ante el derecho de Sánchez de abstenerse de declarar.
Lo que sí ha conseguido la declaración es un inmenso show mediático a las afueras de la sede de la presidencia del Gobierno. En el aparcamiento de la facultad de Estadística de la Complutense, junto a la valla del complejo gubernamental, varias decenas de personas se han manifestado con banderas de España y carteles pidiendo la dimisión y la condena del jefe del Ejecutivo y de su esposa. La declaración ha sido grabada en vídeo, por lo que, previsiblemente, cuando el juzgado notifique la declaración a las partes, los medios accederán a las imágenes del presidente ante el juez y las publicarán.
Las defensas presentes en la causa han advertido repetidamente de las irregularidades de un proceso que consideran prospectivo y sin objeto, al haber ido la parte fundamental del proceso —las adjudicaciones de Red.es a Barrabés en las que constan cartas de recomendación de Begoña Gómez— a la Fiscalía Europea. El juez, además, ha imputado a Goyaeche y a Barrabés semanas después de haberles tomado declaración como testigos, es decir, sin abogado y con obligación de decir la verdad. Ahora la causa se dirige también contra ellos. En la causa también constan dos informes de la UCO sobre las adjudicaciones a las empresas de Barrabés que descartan cualquier tipo de irregularidad.
Como era previsible, la declaración como testigo de Pedro Sánchez en la causa abierta contra su esposa, Begoña Gómez, no ha aportado nada a la causa abierta por el juez Juan Carlos Peinado. El presidente de Gobierno se ha acogido a su derecho constitucional a no declarar en causas abiertas contra familiares recogido también en el artículo 416.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim). Peinado tampoco ha permitido a las partes consignar sus preguntas y, tras 20 minutos de declaración, ha dado por cerrado el acto. La Fiscalía había recurrido hasta en dos ocasiones la decisión del instructor de tomar declaración al jefe del Ejecutivo al considerarla inútil, innecesaria y no pertinente. También pidió que se le tomara por escrito, pero sin ningún éxito. El acto sí ha dado alas a Vox y el resto de grupos ultras personados en el caso, que han conseguido sentar al presidente ante un juez en la sede de la presidencia del Gobierno.