El PP intenta frenar la rebelión de sus alcaldes y presidentes

“Todas las administraciones estamos en el mismo barco, que es un sólo barco”. Así se dirigía el pasado miércoles Mariano Rajoy a la Junta Directiva Nacional del PP, el máximo órgano del partido entre congresos. Junto a cargos orgánicos de la formación, diputados y senadores también había alcaldes y presidentes autonómicos escuchando a su jefe de filas.

Todos los presentes lo interpretaron como una advertencia a los regidores y presidentes que, en las últimas semanas, no han ocultado su malestar con el Gobierno. Los primeros insisten en que no aceptarán la reforma de la Ley Local si el texto original no varía. Los presidentes autonómicos, más divididos entre ellos, ven con recelo que se hayan creado grupos de trabajo para revisar el sistema de financiación autonómica.

La última de las reclamaciones de los alcaldes viene en forma de documento de alegaciones. Ha sido elaborado por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP),controlada por el PP, y en él marcan las líneas rojas sobre la reforma local. Este martes se celebra reunión ejecutiva del organismo y de ahí debe salir una redacción final consensuada del texto.

"Los grandes perdedores"

Fuentes conocedoras del contenido de este documento aseguran que están dispuestos a sentarse a hablar con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, sobre cualquier aspecto que pueda mejorar el texto de la ley. Pero que existen un par de cuestiones que consideran innegociables. La primera, que las comunidades asuman el gasto de las denominadas “competencias impropias”, que ahora recaen casi siempre en los consistorios. La segunda, que se elimine del texto la posibilidad de intervenir a ayuntamientos menores de 5.000 habitantes. Los alcaldes del PP se sienten los grandes perdedores de la nueva ley. Y están convencidos, y así lo aseguran en privado, de que el texto no es más ambicioso porque las comunidades autónomas han presionado para que así sea. “Los ayuntamientos siempre somos los grandes perdedores y acabamos pagando los platos rotos de los demás”, se lamenta un regidor municipal conservador. El borrador de la ley tiene que pasar ahora al Consejo de Estado.

Hace ya un mes que Montoro prometió a los representantes del PP en la FEMP que se pondría en marcha un grupo de trabajo conjunto para intentar que el texto logre el mayor consenso posible. No obstante, fuentes del partido aseguran que todavía no se ha producido ninguna reunión. Lo que sí ha hecho el presidente del Gobierno, según las mismas fuentes, es pedir a los encargados de las negociaciones que presten atención a las demandas, que analicen las alegaciones que se presenten el martes, que se reúnan y que intenten llegar a acuerdos. Paralizado por el caso Bárcenas, el PP no puede permitirse más elementos que desestabilicen la vida interna del partido.

La última vez que el presidente del Gobierno se refirió a la reforma de esta ley fue ante la Junta Directiva Nacional del pasado miércoles. “Está en fase de anteproyecto, como todos saben, una Ley de Administración Local, está en fase de informes ante distintos organismos y ante todos aquellos que tengan que dar su opinión y aportar lo que tengan a bien para mejorarla”, expuso. “Yo quiero que esta ley salga adelante, creo que es una reforma estructural importante, quiero que lo hagamos con el mayor consenso posible y con el mayor acuerdo posible, por supuesto dentro del partido y si es posible también fuera, pero por supuesto dentro del partido”, añadió. Lo que más tranquilizó a algunos, lo dejó para el final. Fue cuando insistió en que “estamos hoy todavía en disposición de seguir aportando ideas y de seguir resolviendo algunos problemas, viendo algunas dudas de las que se hayan podido generar”.

Poco factible rebajar el tono

Hay quien interpretó estas palabras como un llamamiento a que los alcaldes del PP en la FEMP, que son mayoría, rebajen un poco el tono de las exigencias del documento de alegaciones. A día de hoy, los representantes del PP no lo consideran factible. "Es un documento de mínimos", insisten al tiempo que señalan que los socialistas llegaron a pedir la retirada del texto completo del anteproyecto.

El documento que el martes salga de la reunión de la FEMP será remitido al ministro Montoro y servirá de base para las negociaciones con el Ejecutivo y con la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL).

Comunidades enfrentadas

Las comunidades autónomas del PP no salieron precisamente contentas de la última reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera de hace dos semanas. Castilla y León y Madrid no comparten que Hacienda haya decidido crear un grupo de trabajo a fin de estudiar objetivos de déficit diferentes a las comunidades. Y la Comunidad Valenciana, por ejemplo, respalda estos planes. La guerra entre comunidades que cumplen con los objetivos acordados y las que no vivió un nuevo episodio.

Pero la gota que ha colmado el vaso de algunas comunidades es la reunión secreta que mantuvieron el presidente de la Generalitat, Artur Mas, y Mariano Rajoy. A los barones del PP no les hizo ninguna gracia que fuera a puerta cerrada. ¿Va a darse algún privilegio a Cataluña que se nos oculta a los demás? Era la pregunta que rondaba por la cabeza de más de uno en el PP.

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El miedo a los nuevos planes de Hacienda para las comunidades y las críticas sobre su reunión con el presidente catalán también tuvieron su eco en el discurso de Rajoy del miércoles en la sede del partido. Sobre el primero de los temas pidió a sus comunidades "máxima colaboración y apoyo". "Aquí vamos todos juntos y lo que le pase a uno, le repercute, absolutamente a todos. Hay tiempo para hablar y hay tiempo para discutir y hay tiempo para llegar a entendimientos, pero este es un tema importante", solemnizó.

Sobre la reunión con Mas, lanzó una advertencia a quienes le critican: la de que él escucha a todos aunque algunos no parezcan entenderlo. No obstante, a día de hoy nadie ni en el PP ni en el Gobierno ha sabido explicar por qué la reunión fue secreta, aspecto que levanta más suspicacias en el partido.

El episodio catalán, no obstante, continúa. Alicia Sánchez-Camacho, presidenta del PP de Cataluña, ha reabierto las heridas al reclamar una nueva financiación para la comunidad porque, a su juicio, el modelo actual está agotado.