El PP llega al juicio por la financiación ilegal en Valencia sin que se le considere presunto beneficiario económico

Veinte días antes de que comience en la Audiencia Nacional el juicio por la presunta financiación ilegal del PP valenciano, la paradoja está servida. A diferencia de lo que sucede en la vista que se celebra desde octubre, la de la pieza denominada Época I de Gürtel, y donde el PP consta como presunto partícipe a título lucrativo por 245.000 euros, en el juicio fijado a partir del 13 de marzo la formación conservadora no corre a priori ningún riesgo.

Porque en este caso, y pese a la envergadura de las cifras de supuesta financiación ilegal -más de dos millones de euros- sobre el PP no pesa la etiqueta de beneficiario económico directo de la trama. Conocida fundamentalmente a partir del caso de la infanta Cristina en relación a la trama Nóos, el partícipe a título lucrativo es quien, por haberse lucrado gracias a un delito ajeno a su participación, resulta condenado a devolver la cuantía de la que se ha beneficiado. 

La formación conservadora no aparece como partícipe a título lucrativo pese a que el auto de apertura de juicio de la pieza valenciana recalca extensamente cómo los indicios señalan que el partido utilizó en las campañas electorales de 2007 y 2008 dos millones de euros ajenos al "circuito legal". De ese monto, 800.000 euros era dinero B, o Barcelona,Barcelona que es como lo reflejan las anotaciones contables de la trama corrupta. Y una cantidad aún mayor, 1,2 millones, fue sufragada por contratistas públicos de la Generalitat valenciana que aceptaron facturas falsas emitidas por la filial valenciana de la trama, Orange Market, para camuflar un dato crucial: que el destinatario real de sus servicios había sido el PP.

Los contratistas, nueve y entre los que se cuenta incluso un sobrino del exvicepresidente valenciano Juan Cotino,  admitieron hace diez días los delitos que se les atribuyen. Lo hicieron mediante la firma de lo que se conoce como un acuerdo de conformidad con Anticorrupción que les evita el peligro de acabar en la cárcel. Y el mismo día en que se hizo pública la contundente sentencia sobre los contratos valencianos de Fitur, uno de los principales condenados a prisión aseguró a infoLibre a través de su entorno que en el juicio del 13 de marzo reconocerá que, en efecto, Orange Market endosó a distintos empresarios gastos electorales del PP. Pero que lo hizo siguiendo "instrucciones del partido".

¿Modifica la situación el hecho de que hayan confesado los empresarios que pagaron gastos del PP no se sabe, oficialmente, si por simpatía altruista o si a cambio de algo? ¿Puede la acusación popular, ejercida por los socialistas valencianos o, incluso, la Fiscalía Anticorrupción solicitar en algún momento del juicio que el PP reciba una condena civil como partícipe a título lucrativo que le obligue a devolver esos dos millones gastados en las campañas municipal y autonómica de 2007 y en las generales de 2008?

Los juristas consultados por este diario discrepan. Fuentes cercanas al ministerio público sostienen que los dos delitos a que se enfrentan los exdirigentes del PP valenciano acusados en este proceso -delito electoral y de falsedad documental- no conllevan responsabilidad civil. Y que, por tanto, no cabe asignarle al PP la condición de partícipe a título lucrativo.  

"¿En qué lugar del Código Penal viene eso?", se pregunta con cierto sarcasmo uno de los juristas cuya opinión ha recabado este diario y que se declara convencido de que "hay remedio procesal" porque la confesión de los empresarios introduce "elementos nuevos muy relevantes". 

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Otras dos fuentes jurídicas con larga experiencia en asuntos de corrupción coinciden en que nada impedía señalar al PP como partícipe a título lucrativo en un caso donde lo que se juzga, precisamente, es la supuesta financiación ilegal: en realidad, solo irregular, por utilizar el término exacto aplicable a los hechos localizados en 2007 y 2008. En la causa se sentarán en el banquillo cinco antiguos dirigentes del PP valenciano que se arriesgan a penas de casi siete años de prisión. La Fiscalía les atribuye delito electoral y falsedad documental continuada. 

Los cinco acusados del PP aparecen encabezados por Ricardo Costa, antiguo número dos del PP valenciano durante la etapa de Francisco Camps. Le sigue el exvicepresidente de la Generalitat Vicente Rambla. Completan la lista el exvicesecretario general David Serra; la que fue gerente regional de la organización, Cristina Ibáñez, y su sucesora y luego tesorera regional, también descabalgada ya del cargo, Yolanda García. 

Fuentes conocedoras del caso explican que la vista debe comenzar el día 13 aunque el juez de lo Penal de la Audiencia Nacional, a quien corresponde dirigir el juicio, está de baja. Y de momento, añaden las citadas fuentes, no hay sustituto.