La aparición de los nuevos partidos y el comienzo del fin del bipartidismo son un problema para el PP. Así que se ha propuesto resolverlo cambiando las reglas de juego. El partido de Pablo Casado pretende que el año que viene esté en vigor una reforma de la Ley Electoral que, cuando toque renovar la representación política de los municipios españoles, favorezca a la candidatura más votada concediéndole la Alcaldía y el control del ayuntamiento incluso aunque sólo represente al 30% de los vecinos.
La propuesta del PP haría mucho más difíciles los pactos, por ejemplo entre partidos de izquierdas, para gobernar juntos, incluso aunque de común acuerdo representen la voluntad de un 70% de los electores. En la actualidad, sólo una de las 20 localidades españolas más pobladas (Vigo, en manos del PSOE) está gobernada por mayoría absoluta.
Lo que propone el PP es un complejo sistema electoral a dos vueltas que cambiaría por completo el modelo actual de representación. En la primera jornada de votación, el partido más votado tendría dos oportunidades de quedarse con todo, la alcaldía y la mayoría absoluta de los concejales, sólo con obtener el 35% o más con una ventaja de al menos cinco puntos sobre el segundo partido o sumando al menos el 30% de los votos si la distancia con el segundo alcanza al menos los diez puntos de diferencia.
El cálculo se entiende mejor con un ejemplo. En el Ayuntamiento de Málaga, el PP fue en 2015 la fuerza más votada con un 36,4% de los votos y más de diez puntos de ventaja sobre el PSOE. El PP tiene la alcaldía, pero no mayoría absoluta para gobernar la ciudad sin pactar con otras fuerzas: la reforma que propone Casado se la daría.
En Murcia pasaría lo mismo, igual que en Bilbao. En ambas ciudades PP y PNV, respectivamente, pasarían a gobernar a su antojo a pesar de no representar más que al 37% de los votantes. Casi el 63% de los ciudadanos de ambas localidades se quedarían sin capacidad de influir en las decisiones de su ciudad. Entre las 20 localidades más grandes de España el PP se hubiese anotado, sólo con sus nuevas reglas para la primera vuelta, otra mayoría absoluta en Alicante, donde hoy se ven obligados a pactar, y el control de otros tres municipios en los que el PSOE alcanzó la Alcaldía mediante acuerdo con otros grupos: Valladolid, Córdoba y Granada. Este sistema de reparto también habría reforzado al PSOE en L’Hospitalet de Llobregat, donde podría gobernar por mayoría absoluta sin necesidad de pactos.
¿Y qué ocurre si en primera vuelta no se produce ninguno de los dos escenarios que propone el PP en su reforma? Qué habría que volver a votar en segunda vuelta, aunque en ese caso los ciudadanos sólo podrían elegir entre las candidaturas que hubiesen obtenido más del 15% de los sufragios. Ganaría por mayoría absoluta, siempre según la propuesta del PP, el partido que cumpliese una de estas dos condiciones: obtener el 40% o más de los votos o, si tiene menos, superar a la segunda candidatura al menos en siete puntos porcentuales. Y no serían posibles la coaliciones antes de volver a votar.
Si nos atenemos a lo ocurrido en 2015, el PP se vería también muy beneficiado por la segunda vuelta, al menos en las 20 ciudades con más población, sobre todo por la división del voto en la izquierda.
Los casos de Madrid y de Barcelona
Veamos el caso de Madrid. Hace tres años, la candidatura del PP fue la más votada, con el 34,5% de las papeletas, seguida muy de cerca por Ahora Madrid (31,8%) y, a mayor distancia, por el PSOE, con un 15,28%. Ahora Madrid y PSOE unieron fuerzas (juntos representan al 47% de los madrileños) e hicieron alcaldesa a Manuela Carmena, pero si se aplicase la reforma que propone Casado, las cosas hubiesen sido bien distintas.
En Madrid se hubiese celebrado una segunda vuelta con sólo tres opciones —PP, Ahora Madrid y PSOE—, por lo que previsiblemente los votantes de Ciudadanos de la primera vuelta (11,4%) se hubiese refugiado en el PP, elevando hipotéticamente el porcentaje de los conservadores al 45,9%. Ahora Madrid y PSOE, unidos, seguirían sumando más (el 47%) pero el PP se haría con la Alcaldía y con el control del ayuntamiento por mayoría absoluta porque habría quedado por encima del 40%, frente al 31,8% de la candidatura de Manuel Carmena.
En Barcelona la complejidad del mapa político hace impredecible suponer qué hubiese pasado de haber estado en vigor la reforma del PP. Con los resultados de 2015 la segunda vuelta hubiese sido obligada, pero los votantes sólo habrían podido elegir entre dos de las siete opciones que lograron representación en el consistorio: Barcelona en Comú y la antigua CiU. Es muy aventurado suponer a dónde se hubiesen dirigido los votos de Cs, Esquerra, PSC, PP y la CUP. Si al final de la segunda vuelta ni CiU ni la candidatura de la actual alcaldesa, Ada Colau, hubiese obtenido más del 40% o una distancia de siete puntos sobre la otra lista, el reparto final de los asientos en el ayuntamiento se llevaría a cabo por el método actual, siempre según la propuesta de reforma electoral del PP.
El escenario de la segunda vuelta probablemente hubiese favorecido al PP o a sus partidos satélite en Zaragoza, Palma de Mallorca, Las Palmas, Vitoria y Gijón, porque el voto de la izquierda hubiese concurrido dividido. En A Coruña es muy difícil especular sobre qué habría pasado, porque aunque en la segunda vuelta hubiesen participado En Marea, PP y PSOE, el resultado fue tan ajustado que es difícil imaginar cómo hubiesen afectado los votos de BNG y Ciudadanos de la primera vuelta. Lo más probable es que, al final, hubiese habido un reparto de escaños por el sistema tradicional.
La agenda neoconservadora de Pablo Casado: del recorte de derechos a la involución territorial
Ese modelo de representación, el actual, que se basa en una fórmula matemática de reparto proporcional conocida como la Ley d'Hondt, se aplicaría si ninguno de los escenarios de sobrerrespresentación de la candidatura más votada se alcanza. Y si se alcanzase, la mitad menos uno de los asientos en cada municipio se seguirían repartiendo entre las demás fuerzas con arreglo a este criterio, aunque su trascendencia política sería nula.
Es muy poco probable que el PP encuentre eco en las demás fuerzas políticas para sacar adelante esta reforma, pero de la importancia que Casado otorga a este debate –que no es otro que el del voto útil— da idea el hecho de que sea la primera iniciativa que Casado impulsa en el Congreso y una de las que pondrá encima de la mesa este jueves en La Moncloa durante su primera reunión con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
La nueva portavoz del PP en la Cámara baja, la exministra de Sanidad Dolors Montserrat, asegura que “hay tiempo” para hacer realidad la reforma antes de volver a votar. Y la justifica como una demanda de los ciudadanos que, según ella, reclaman que “gobiernen los alcaldes que ellos deciden” pese a que no es un sistema de elección directa, sino que se vota la composición de cada ayuntamiento. Pactar entre partidos para formar mayorías y gobernar equivale, en su opinión, a alcanzar “acuerdos oscuros en los despachos en contra de la voluntad de los ciudadanos”. “Así sólo hay gobiernos débiles que pagan hipotecas ocultas como pasa con el Gobierno de Sánchez”, apostilló durante la presentación de la iniciativa.
La aparición de los nuevos partidos y el comienzo del fin del bipartidismo son un problema para el PP. Así que se ha propuesto resolverlo cambiando las reglas de juego. El partido de Pablo Casado pretende que el año que viene esté en vigor una reforma de la Ley Electoral que, cuando toque renovar la representación política de los municipios españoles, favorezca a la candidatura más votada concediéndole la Alcaldía y el control del ayuntamiento incluso aunque sólo represente al 30% de los vecinos.