La agenda neoconservadora de Pablo Casado: del recorte de derechos a la involución territorial

La llegada de Pablo Casado a la Presidencia del PP ha desplazado a los conservadores hacia la derecha más clásica. Las ideas sobre las que ha basado su triunfo, las propuestas que defendió durante la campaña de las primarias y las que se propone impulsar en el Congreso de los Diputados demuestran que el nuevo rumbo del partido fundado por el exministro franquista Manuel Fraga no conduce al centro político sino al rearme ideológico de la derecha pura y dura. Estos son los rasgos más significativos de este cambio.

  Mano dura en Cataluña

En su hoja de ruta hacia posiciones más extremas, Casado ha señalado en rojo la situación en Cataluña. Esa es probablemente la principal motivación de José María Aznar, su mentor, para seguir influyendo en política y se ha convertido en una herramienta multiusos para el nuevo líder del PP. De un lado le permite marcar distancias con el marianismo —encarnado en Soraya Sáenz de Santamaría—, al que ha criticado más o menos veladamente por haber sido demasiado blando con los independentistas. Y del otro le ofrece la oportunidad de hacerse con el discurso que tan buenos resultados le estaba dando a Ciudadanos, al menos en la propia Cataluña.

La receta de Casado para resolver el problema catalán es simple: rechazar el diálogo con el independentismo, perseguir cualquier actuación impulsada por la Generalitat y por los partidos secesionistas que suene, siquiera remotamente, a defensa de la identidad y modificar el marco legal para que no haya ninguna duda a la hora de someter a duras penas de prisión a cualquiera que, en el futuro, intente de nuevo conducir Cataluña a la independencia.

Para el nuevo presidente del PP, el conflicto catalán es una prioridad. Así que no ha regateado en decisiones simbólicas en sus primeros días al frente del partido. Eligió Barcelona como sede de la primera reunión de su dirección, nombró portavoz en el Congreso a una catalana —Dolors Montserrat, más que probable candidata a la Presidencia de la Generalitat cuando se convoquen elecciones— y reservó la primera iniciativa que presenta su partido en el Congreso desde que se hizo con su liderazgo a proponer una reforma del código penal que recupere el delito de sedición impropia y castigue la convocatoria de referéndums ilegales.

Casado no duda en sembrar en la opinión pública la idea de que el diálogo entre el Gobierno de Sánchez y la Generalitat puede dar pie a la convocatoria de un referéndum sobre el futuro de Cataluña. No importa que esa posibilidad haya sido repetida y tajantemente rechazada por el Gobierno y el PSOE: su objetivo es abrir un debate para reformar el Código Penal y que “descarrile” cualquier posibilidad de que el conflicto se resuelva consultando a los ciudadanos catalanes.

 

El presidente del PP, Pablo Casado, sigue a Felipe de Borbón en uno de los salones del Palacio de la Zarzuela.

Casado quiere hacer de la mano dura con el independentismo la seña de identidad de su recién estrenado mandato. Todo apunta a que tanto el Govern de Quim Torra como las organizaciones políticas y sociales que le apoyan —PDeCAT, ERC, ANC y Òmnium— así como el inminente Consell de la República que prepara Carles Puigdemont desde Bruselas planean un otoño reivindicativo que daría comienzo coincidiendo con el aniversario de los atentados de Barcelona.

Anticipándose a ese escenario, el nuevo líder conservador ya ve excusas para actuar. Basándose en la recuperación de las oficinas de la Generalitat en el extranjero, que el Gobierno de Rajoy eliminó durante la intervención de la autonomía catalana, ya ofrece la mayoría absoluta del PP en el Senado a Pedro Sánchez para aprobar un nuevo 155. El Gobierno del PP tardó mes y medio desde que los independentistas desafiaron la legalidad constitucional hasta la intervención; Casado no quiere esperar ni siquiera al incumplimiento de la ley. A él le basta con que el Govern intente “planear de nuevo la construcción de estructuras de Estado”. Con Torra, declaró estos días, no hay nada que hablar, ni siquiera de la transferencia de competencias que aún cabe dentro de la Constitución y del Estatuto catalán.

El PP de Cataluña, defiende Casado, “tiene que ser la vanguardia” frente a los independentistas “ante la inacción del Gobierno de España”. Su plan es que la bandera del unionismo, izada con éxito por Ciudadanos, debe volver al PP. En ese camino, ya trabaja para preparar el relevo de Xavier García Albiol por Montserrat al frente del partido en Cataluña.

  Schengen, en la picota

Poco se sabe sobre los planes de Pablo Casado para Europa, aunque la reciente decisión de la justicia alemana de no entregar a Puigdemont a España para ser juzgado por rebelión —al no haber observado ningún indicio en el comportamiento del expresident que incluya el indispensable ingrediente de la violencia para que exista ese delito— le ha dado pie a situarse entre el selecto grupo de dirigentes ultras —dentro y fuera del Partido Popular Europeo— contrarios al acuerdo de Schengen, que desde 1995 permite que cualquier persona pueda circular libremente entre los 26 países que lo han suscrito, entre ellos España.

La libre circulación de personas es, desde entonces, uno de los pilares de la actual Unión Europea, pero para Casado es más importante “hacer respetar a España”. Y, para hacerlo, propuso suspender temporalmente la libertad de movimientos de los ciudadanos europeos dentro de la UE. Como presidente del PP, anunció, no va “a tolerar este tipo de humillaciones a la soberanía nacional de un país como España”.

  Aborto y eutanasia: regreso a los ochenta

Si alguien daba por resuelto el debate sobre el derecho al aborto —tras la última reforma la decisión, dentro de unos plazos, depende de cualquier mujer mayor de edad; las menores deben contar con la autorización de sus padres o tutores legales— será mejor que se lo piense dos veces. Pablo Casado también tiene algo que decir en este asunto y plantea un viaje al pasado, concretamente a la legislación de 1985, que restringía el derecho a aborto a tres supuestos: grave peligro para la salud física o psíquica de la mujer, en caso de violación y si los médicos detectaban graves taras físicas o psíquicas.

La cuestión había quedado aparentemente resuelta a la espera de que el Tribunal Constitucional decida sobre el recurso presentado en su día contra la ley actual por el PP y que ya acumula una demora de ocho años. Hasta ahora. Porque Casado es un firme simpatizante de los movimientos antiabortistas, entre los que destaca su buque insignia, la organización ultracatólica HazteOír. El PP, declaró estos días, es el partido “de la vida y de la familia”: “No hay nada más progresista que defender la vida, ni nada más necesario que defender la natalidad. (...) Eso no es derechas ni de izquierdas, es la base social de cualquier país”, argumentó. Por eso, se propone volver a lo que llamó “el consenso social de los 80 y 90 del PSOE y del PP que Zapatero rompió con fines electorales”.

La ley en vigor, qe se aplica desde 2010, estableció la despenalización total del aborto en las 14 primeras semanas, sin tener que alegar motivos y de manera libre, informada y por la Seguridad Social. En caso de graves riesgos para la vida o la salud de la madre o el feto se puede practicar hasta la semana 22.

Casado cita con frecuencia su experiencia personal —tiene un hijo prematuro— para sostener la viabilidad de un feto de 22 semanas y argumentar así la necesidad de derogar la legislación actual.

El exministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón intentó en 2012 reformar la norma para limitar el derecho al aborto a sólo dos supuestos, riesgo para la salud física y psíquica de la madre y violación —interrumpir el embarazo habría ilegal incluso en caso de malformaciones del feto si esta reforma hubiese salido adelante—. La movilización social contra aquella iniciativa acabó forzando al Gobierno de Rajoy a dar marcha atrás y provocó la renuncia de Gallardón en 2014.

En materia de muerte digna, Casado también se sitúa en las antípodas de la legislación que se está extendiendo cada vez más por los países de nuestro entorno. El líder del PP ya ha confirmado que su partido, en nombre del “derecho a la vida”, votará en contra de la propuesta que se tramita en el Congreso y que no aspira a otra cosa que a regular el derecho de todas las personas a recibir ayuda para morir anticipadamente en determinados supuestos y bajo rigurosos controles.

  La “ideología de género”

Casado también ha abrazado el discurso del movimiento internacional que defiende la familia “tradicional” y denuncia lo que ha dado en bautizar como la “ideología de género”. Bajo esta denominación incluyen las reivindicaciones del feminismo y de la comunidad LGTBi, a las que combaten defendiendo las “diferencias naturales” que, subrayan, separan a hombres y mujeres. La agenda de este movimiento rechaza el matrimonio entre personas del mismo sexo y la adopción homoparental, los derechos de las personas trans y la educación sexual en las escuelas.

El líder del PP no ha sido, de momento, tan concreto. Eso sí, durante la campaña de las primarias dejó claro su objetivo de combatir la “ideología de género”.

La nueva dirección del PP ya es, en sí misma, un síntoma de como piensa Casado, De 53 miembros, sólo 13 son mujeres. La proporción no llega a la tercera parte.

  Vuelve Aznar

El primer presidente del Gobierno del PP se había convertido en un personaje incómodo, incluso para su propio partido, especialmente los últimos tres años. Convertido en un icono de los valores más reaccionarios y las posiciones más extremas de la derecha española, Casado le ha abierto de nuevo las puertas del partido. De par en par. El expresidente apostó extraoficialmente por él en las primarias —trabajó con él en la fundación FAES, vivero de ideas de la derecha española— y confía en que devuelva al PP el rumbo que, asegura, nunca debió abandonar, especialmente en materia territorial y en política exterior.

 

El líder del PP, Pablo Casado, escucha al expresidente de su partido José María Aznar.

Lejos de ocultar sus vínculos, fuentes del equipo de Casado aseguran que Aznar ayudará al nuevo líder del partido en todo lo que necesite. Ambos han hablado estos días acerca de los “los desafíos y retos que afronta España” en un ambiente de “confianza” y “esperanza de futuro”, según las mismas fuentes.

  Neonacionalismo: la España de los balcones

En el marco del “nuevo impulso”, la “nueva etapa” que según sus cálculos debe afrontar el PP “cada 15 años" —el primero habría sido el relevo de Fraga por Aznar; el segundo el de Aznar por Rajoy— Casado quiere que el PP se convierta en el partido que diga “lo que tiene que pasar”, que sea capaz de “encabezar esa España de los balcones” —en referencia a la exhibición de banderas de España en las fachadas— que él considera “transversal” y que, sostiene, está esperando que alguien le represente.

Esta estrategia es, en su opinión, vital para conseguir el regreso al PP de los “millones de españoles que están deseando una excusa para volver” a votar al partido de la gaviota. Así como sentirse “orgulloso” del pasado del partido, en referencia a José María Aznar, del que los seguidores de Rajoy llevaban años intentando desmarcarse. “El PP tiene el orgullo de haber transformado España dos veces y hay que hacerlo una tercera, cuando antes”, advirtió. Con un discurso de “unidad” nacional frente a la “agenda divisiva” del PSOE.

“Gustaríame falar galego, lo hago en la intimidad”, rió Casado en Galicia cuando buscaba la complicidad de Alberto Núñez Feijóo haciendo un chiste que pocos entendieron. Puede que le gustara, pero lo cierto es que su propuesta en materia lingüística no va a contribuir precisamente a la supervivencia de la lengua propia de Galicia, porque quiere enarbolar la defensa del castellano en las comunidades con idiomas cooficiales con el argumento de que está siendo objeto de persecución en la enseñanza.

  Educación privada, ni un paso atrás

En materia educativa, el proyecto de Casado también recupera el discurso de que la izquierda quiere acabar con la libertad de los padres reduciendo el dinero que recibe la enseñanza concertada. Dar prioridad a la financiación de la enseñanza pública —la privada lleva años batiendo récords en apoyo financiero por parte del Estado y las comunidades autónomas—es, para el nuevo líder del PP, un ejercicio de “sectarismo”. Y un ataque a la “libertad de los padres”.

Casado, cuya credibilidad esta siendo cuestionada estos días después de que se hayan planteado serias dudas sobre su currículum, defiende la igualdad social pero “a través de la evaluación pública de conocimientos que permita a los padres elegir el mejor colegio para sus hijos", con libertad de zona, curricular y con la garantía de unas materias troncales, de una enseñanza del castellano “a nivel nacional”, y de una selección del profesorado a escala española, lo que significa poner fin a la exigencia de dominar la lengua cooficial allí donde corresponda.

  Agenda neoliberal: menos impuestos y menos Estado

En materia económica, la propuesta de Casado es típicamente neoliberal. Menos impuestos y menos Estado. No en vano su asesor en esta materia es el economista Daniel Lacalle, muy conocido por su extremismo económico, que incluye la bajada o la eliminación de impuestos (un tipo máximo del IRPF del 45 al 40%, caída del de sociedades del 25 al 10% o la supresión completa de los de patrimonio, donaciones y sucesiones).

La apuesta de Lacalle, a la espera de que Casado concrete qué parte de su discurso va a incorporar al PP, incluye también la supresión de subvenciones y deducciones, el adelgazamiento del Estado, un aumento de la recaudación a través del IVA, recortar en gasto social, condicionar los sueldos de los funcionarios al cumplimiento de objetivos y, por supuesto, plantar cara a los nuevos impuestos a las tecnológicas o a la banca que planea el Gobierno socialista.

  Reforma electoral: reforzar al más fuerte y penalizar a las minorías

La reforma electoral que Pablo Casado quiere impulsar es un claro reflejo de su deseo de reforzar las mayorías y limitar la presencia de las minorías. Su intención, declarada abiertamente, es reforzar el modelo bipartidista que durante años han representado PP y PSOE y que la aparición de los nuevos partidos —Podemos y Ciudadanos— está amenazando.

Su propuesta más inmediata es cambiar la Ley Electoral para que los alcaldes de los ayuntamientos sean elegidos a doble vuelta y no por acuerdo mayoritario entre partidos. El sistema actual obliga a llegar a pactos y formar mayorías para obtener el bastón de mando. Casado quiere evitarlo haciendo que la votación se decida entre los dos candidatos a alcalde que resulten más votados, a menos que uno de ellos obtenga más del 50% de los votos en primera vuelta.

Por si esto fuera poco, el nuevo líder del PP quiere cambiar el sistema electoral español para que refuerce aún más al partido más votado —en la actualidad el reparto de escaños se rige por la llamada Ley d’Hondt, ya diseñada para sobrerrepresentar a la formación que más votos obtiene—. Casado quiere que en España el partido ganador en votos obtenga, por el mero hecho de serlo, 50 diputados adicionales, de manera que sea más fácil conseguir la mayoría absoluta, Y, para rematar la faena, defiende —igual que Ciudadanos— una reforma legal pensada para cortar el paso a los nacionalistas al impedir el acceso al Congreso a los partidos que no obtengan un determinado porcentaje a escala estatal. Al menos, Casado no oculta sus intenciones: de ese modo PP y PSOE podría hacer lo que quisiera porque no dependerían “de bisagras nacionalistas”.

Casado y la extrema derecha

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  Enterrar la memoria

El empeño del nuevo líder del PP contra las familias de las víctimas del franquismo que quieren recuperar los restos de sus seres queridos —en España, 40 años después de la muerte del dictador Francisco Franco existen todavía miles de fosas y centenares de miles de desaparecidos— no es nuevo. En 2008 ya arremetió en un mítin contra los “carcas” de la izquierda que “están todo el día con la guerra del abuelo, con las fosas de no se quién, con la memoria histórica”.

Y no ha cambiado. Ahora que ya está al mando del PP, y siguiendo también en esto al pie de la letra las propuestas de José María Aznar —desatendidas por Rajoy— se propone derogar la Ley de Memoria Histórica, aprobada durante la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero y que por primera vez desde el fin de la Dictadura intentó ofrecer reparación y justicia a las víctimas del franquismo. En vez de atender a las víctimas y poner fin a cualquier forma de homenaje o reivindicación de la dictadura y sus crímenes, Casado propone “recuperar y reivindicar nuestra historia”.