El PP y el PSOE inician el trámite en el Congreso para renovar el CGPJ pese a escenificar sus reproches

El Pleno del Congreso ha dado este jueves el primer paso para tramitar la reforma judicial pactada por PP y PSOE dentro del acuerdo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Los dos grandes partidos han sumado el apoyo de la diputada de Coalición Canaria, Cristina Valido, y del exministro socialista José Luis Ábalos, ahora en el Grupo Mixto, mientras que Sumar y el PNV han preferido abstenerse, Vox, Junts y Podemos han votado en contra y ERC y Bildu han optado por no participar en la votación.

La proposición de ley firmada por PP y PSOE reforma la Ley del Poder Judicial (LOPJ) y el Estatuto del Ministerio Fiscal con el fin de evitar las denominadas puertas giratorias en la Justicia, reforzar las mayorías al aprobar nombramientos judiciales y emplazar al nuevo Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a realizar propuestas sobre posibles cambios en el sistema de elección de vocales.

En este primer examen parlamentario, la iniciativa ha sido apoyada por 258 diputados de PP, PSOE, CC y Ábalos, frente a 43 abstenciones de Sumar, PNV y UPN, y 43 votos en contra de Vox, Podemos, Junts y el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, en su caso presumiblemente por error ya que ERC, Bildu y el BNG han preferido no participar en la votación.

Durante el debate, el PP y el PSOE se han cruzado reproches a la vez que ensalzaban el acuerdo logrado para renovar el Poder Judicial, que los socialistas han pedido incluso extender a otros asuntos como la financiación autonómica, la lucha contra la violencia machista y las políticas migratoria y la atención de los menores migrantes no acompañados.

Así, el portavoz del Grupo Popular, Miguel Tellado, ha asegurado que el presidente Pedro Sánchez se ha convertido en "el máximo exponente del discurso populista" y se ha dedicado a "colonizar" instituciones con nombramientos politizados, y por eso el acuerdo para la renovación del Consejo de Poder Judicial no podía limitarse a pactar nombres.

Además, Tellado ha insistido en que siguen queriendo cambiar el sistema de elección de los vocales del CGPJ conforme a los parámetros de la Unión Europea y por eso confía en la disposición adicional de la reforma, que mandata al nuevo Consejo a hacer propuestas en ese sentido en un plazo de seis meses.

A su juicio, la reforma judicial "es una recopilación de todo lo que el PP lleva años defendiendo" y cumple con su programa electoral, y en ese sentido ha querido dejar claro que el acuerdo no debe interpretarse como un "balón de oxígeno" para el Gobierno. "No interpreten lo de hoy como un balón de oxígeno al gobierno para facilitar su supervivencia, porque no lo es, es un balón de oxígeno a la justicia española para garantizar su independencia", ha enfatizado.

Según ha dicho, el PP seguirá ejerciendo la oposición al Gobierno, pero con "lealtad" al Estado. "La aprobación de esta ley es una noticia positiva para España, un soplo de aire fresco en una legislatura que empezó como un error y que avanza como un grave horror", ha remachado.

A continuación, el portavoz del PSOE, Patxi López, ha dicho lamentar que su homólogo del PP haya hecho una "intervención plagada de ataques al Gobierno", con lo que parece que "les da vergüenza haber llegado en acuerdo o que siguen teniendo miedo a que haya algunos o algunas dentro de su propio partido que están enfadados".

Para el dirigente del PSOE, lo firmado "no es un acuerdo cualquiera" y lo que lamenta es que la dirección del PP viene al Congreso "a disimular", como diciendo que "no se fía" de los socialistas y que "nunca más" pactará. A su juicio, el PP "es un partido esencial en la estructura política" de España, pero llevaba cinco años de incumplimiento permanente de la Constitución teniendo "secuestrado" el CGPJ en un "largo y tortuoso camino plagado fundamentalmente de excusas".

También ha reprochado al PP que cuestione a los tribunales que no le dan la razón, como han hecho con el Tribunal Constitucional al hilo de las sentencias del caso ERE. Pero, pese a todo ello, ha destacado que al final se ha logrado un acuerdo, y eso ya supone una "gran noticia" porque permitirá que la justicia española vuelva a estar a pleno rendimiento. Pero el PSIE también quiere extender ese diálogo y ese consenso a otros campos como la financiación autonómica, la política migratoria o la lucha contra la violencia machista

"El acuerdo también es una buena noticia porque ha abierto un resquicio para el entendimiento—sostiene—. Ya sé que según algunas intervenciones parece que se avergüenzan de él, pero es que hasta hoy esta era una puerta cerrada por la derecha. Y esperamos sinceramente que por ese resquicio puedan entrar otros entendimientos".

Patxi López considera que el Gobierno de coalición ha venido logrando acuerdos con las comunidades autónomas, con sindicatos y empresarios y con todos los países de la Unión Europea: "Todo el que se ha acercado a este gobierno con intención de acordar políticas que beneficiaran a nuestro país y a nuestra sociedad, ha encontrado una mano tendida y un acuerdo. Y así vamos a seguir", ha garantizado.

 ERC, Bildu y BNG prefieren no votar

Tras las intervenciones de PP y PSOE, han ido interviniendo el resto de grupos. Esquerra, Bildu y el BNG, socios habituales del PSOE en el Congreso, se han desmarcado y han censurado, entre otras cosas, que el acuerdo alcanzado entre ambas formaciones no cambie "nada" y siga favoreciendo la persecución judicial que definen como lawfare. También Sumar, socio minoritario del Gobierno, ha declinado apoyar la reforma judicial planteada por los dos grandes partidos, aunque sí avala la renovación del Consejo, mientras que Junts ha optado por votar en contra insistiendo en sus acusaciones de "mafia" togada.

La portavoz de Bildu, Mertxe Aizpurua, ha avanzado que su formación no va a participar en esta renovación. Durante su intervención, ha censurado la falta de garantía que tiene el pacto alcanzado entre los grandes partidos, ya que a su juicio, lo único que hace es "perpetuar la sensación de impunidad" que tienen algunos jueces. Asimismo, ha lamentado además que el PSOE haya elegido a aquellos que promueven una "estrategia de acoso y derribo" -en referencia al PP- cuando no gobiernan para dar el primer paso para una regeneración democrática.

Una línea que también ha mantenido el portavoz del BNG, Néstor Rego, quien ha cargado contra el PSOE por haber alcanzado el acuerdo con el PP fomentando el "bipartidismo tradicional" y ha lamentado que la reforma propuesta no resuelva "nada" y abra la puerta a que "jueces fascistas nombren más jueces fascistas". "Así no se avanza en democracia", ha advertido.

De su parte, el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, considera que la propuesta de ambas formaciones no solo es "mala" sino que es una "gran mentira" enmarcada en una cuestión de Estado. "En una democracia plena, todos los poderes deben estar sujetos a la soberanía popular", ha advertido. Y al igual que el resto de socios habituales del PSOE, Rufián cree que hay "poco que decir" sobre que los dos grandes partidos que "juegan a odiarse" dejen de hacerlo para las "cosas de su comer" y ha terminado su intervención advirtiendo de que esto no le importa a "nadie".

Junts: "Mafia togada"

La dirigente de Junts, Miriam Nogueras, también ha aprovechado su intervención para reprochar que este pacto permita que siga adelante la "putrefacción de la justicia" y que se mantengan protegidos los "jueces justicieros" y la "mafia togada" que en vez de hacer justicia se dedica a hacer política. Sus palabras han suscitado las protestas de Miguel Tellado que ha lamentado que el ministro de Justicia, Félix Bolaños, no hubiera salido en defensa de los jueces.

De igual modo, la líder de Podemos, Ione Belarra, se ha mostrado crítica con el PSOE por haber llevado acabo este "gran acuerdo" con el PP y no sus socios y ha advertido a los socialistas que si se pensaban que con este pacto la derecha "iba a parar", estaban equivocados, porque según Belarra, cuando a la derecha "le das la mano te cogen el brazo". Finalmente ha pedido al PSOE que rompan el acuerdo con el PP y opten por un acuerdo con la mayoría parlamentaria progresista.

Sumar y PNV se abstienen

Desde Sumar, su portavoz de Justicia, Enrique Santiago, ha acusado al PP de haber tenido ""secuestrado" cinco años el Consejo del Poder Judicial y por ello considera "una buena noticia" que se vaya a poner fin a esta situación, pero al mismo tiempo considera que este acuerdo no va a acabar con "la guerra jurídica" que a su juicio practican los tribunales contra "cualquiera considerado enemigo por las derechas". "No vamos a permitir que se frustre la renovación imprescindible del Consejo del Poder Judicial, pero tampoco daremos un voto favorable a una proposición de ley con importantes imprecisiones, deficiencias y vacíos, y cuyo texto conocimos cuando se registró", ha señalado, justificando su abstención.

Tampoco ha apoyado la ley el PNV, cuyo portavoz de Justicia, Mikel Legarda, ha advertido de que "no afronta el problema de fondo" del sistema judicial que es la politización de la justicia, por ende, ha pedido "prudencia" y ha censurado que su formación no haya sido consultada para una decisión "tan trascendental".

En la abstención se ha quedado igualmente el diputado de UPN, Alberto Catalán, quien ha reivindicado la necesidad de que los órganos judiciales gocen de "independencia" frente a la "obsesión" del Gobierno de "colonizar" las instituciones, pero que ha advertido que espera que no sea un simple "reparto de puestos".

Quien sí ha apoyado la reforma ha sido la diputada de Coalición Canaria, Cristina Valido, quien sostiene que desconoce si hay "otros motivos" detrás de este acuerdo teniendo en cuenta que los reproches entre ambas formaciones no han cesado, pero ha destacado que si existe la posibilidad de acabar con el "manoseo permanente" a los órganos judiciales tendrá su apoyo.

Tramitación exprés

Esta reforma legislativa, que forma parte del pacto del PP y del PSOE para renovar el CGPJ tras más de cinco años de bloqueo, se tramitará por el procedimiento de urgencia para aprobarla en tres sesiones plenarias en el Congreso y una en el Senado. De hecho, la proposición de ley fue calificada este martes por la Mesa del Congreso, el mismo día se publicó en el Boletín de las Cortes, el Gobierno sólo tardó poco más de una hora en comunicar su conformidad para ser debatida, y ha pasado su primer examen en el Pleno a las 48 horas.

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Una vez tomada en consideración, los grupos parlamentarios tendrás hasta el próximo martes, 9 de julio, para presentar enmiendas, que en el caso de las de totalidad exigirán la presentación de un texto alternativo ya que no bastará con pedir la devolución. Al hilo de sus intervenciones en el Pleno, es previsible que al menos Vox registre una propuesta alternativa.

El día 11 se prevé celebrar el debate de totalidad, a la semana siguiente el texto se debatirá en la Comisión de Justicia y el día 23 se procederá a su aprobación en el Pleno del Congreso para su remisión al Senado, que podría dar luz verde definitiva al día siguiente, según informaron a Europa Press fuentes de la Cámara Alta.

La suma de PP y PSOE, por encima de los dos tercios de las cámaras, les asegura superar todas las votaciones en las distintas fases del procedimiento parlamentario. Además, tienen comprometido que no se aceptará ninguna enmienda que no lleve la firma de los dos grandes partidos.