El PP se resigna a cumplir la ley con la reubicación de migrantes tras boicotear las de vivienda y memoria

Hace años que las administraciones gobernadas por el Partido Popular trabajan para poner palos en las ruedas de normas que no les gustan. Para ello se sirven de todos los recursos a su alcance, es decir, las instituciones en las que gobiernan —comunidades autónomas y ayuntamientos — para boicotear, retrasar o judicializar leyes del Estado aprobadas o en vías de aprobación por el Congreso. La reforma de la ley de extranjería es una de ellas. En la dirección del PP avanzaban a primera hora de este martes que sus territorios no iban a acoger a más migrantes si no se garantizaba desde el Estado la "capacidad para alojarlos con respeto y garantías", pero después, a través de su portavoz en el Congreso, Miguel Tellado, reconocían que ninguna de sus comunidades autónomas incumplirá la ley si se aprueba en la Cámara Baja, por lo que su "oposición" se trata de una mera declaración de intenciones.

"Usted no encontrará ninguna comunidad autónoma del Partido Popular que incumpla la ley nunca, no lo hemos hecho nunca y no lo vamos a hacer", aseguró el portavoz del PP en rueda de prensa. Tellado no concretó, sin embargo, como se opondrán las comunidades al reparto sin incumplir la ley. "Cuando conozcamos el texto haremos una lectura atenta. Seamos prudentes", afirmó el conservador, que evitó deliberadamente apuntar a la vía judicial como sí hicieron algunos presientes autonómicos del PP. La madrileña Isabel Díaz Ayuso fue, de hecho, la primera en anunciar que llevará el decreto aprobado este martes por el Consejo de Ministros a los tribunales y a la Unión Europea, al igual que el aragonés Jorge Azcón.

Fuentes de la dirección del PP apuntaron que serán, precisamente, los presidentes autonómicos los encargados de recurrir la norma aunque ello no garantice su paralización. Un escenario que solo ocurriría en el caso de que los tribunales adopten medidas cautelares. El plan de Génova es esperar a gobernar para "derogar" la norma, pero nada más. Esa estrategia generará, casi con total seguridad, un choque con Vox, que reclama al PP que incumpla la ley si hace falta y no acoja a los menores migrantes no acompañados. Si finalmente la formación de Alberto Núñez Feijóo acata la ley, como promete, la ultraderecha asegura que no aprobará ningún presupuesto autonómico.

El Ejecutivo de Sánchez ha logrado, después de un año, tener los votos suficientes para aprobar la reforma del artículo 35 de la ley de Extranjería. Esto implica que las comunidades autónomas acogerán a los menores migrantes que lleguen a España para evitar, así, lo que está sucediendo en Canarias, que sufre desde hace meses un colapso por la llegada de migrantes a sus costas—su sistema puede sostener a 2.000 personas, pero actualmente lo hace con 6.000—. Mientras que los líderes del PP en Canarias y Ceuta, dos de los territorios que están más saturados por la llegada de migrantes, consideran que es necesaria la reforma de la ley de extranjería para obligar por ley a las autonomías a reubicar a los menores, otras comunidades autónomas como Castilla y León, Madrid, Comunitat Valenciana o Andalucía claman contra cualquier "tipo de imposición", como censuró también Tellado.

Con todo, el boicot a la legislación estatal por parte del PP no es una novedad. El partido de Feijóo se erige como el garante de la libertad y de la defensa de los ciudadanos frente al "intervencionismo" del Gobierno de Sánchez. Con el único objetivo de confrontar con el socialista, desde la dirección del PP obvian a menudo las necesidades de sus propios territorios, como ocurre en el caso de Canarias y Ceuta con la inmigración, pero también de los propios ciudadanos en materia de vivienda, en un país que sabe de burbujas inmobiliarias, de crisis hipotecarias y de desahucios, pero que también considera la casa en propiedad como un objetivo irrenunciable.

Las autonomías del PP no aplican la ley de vivienda y tampoco legislan

Desde mucho antes de que la ley de vivienda se aprobara la pasada legislatura la derecha se opuso por ser "intervencionista". El resultado de esta ley, según su lógica, ha provocado la huida de los propietarios, la pérdida de rentabilidad en la gestión de sus inmuebles y, por lo tanto, la reducción de oferta del alquiler, lo que ha encarecido los precios. Argumentos que no se sostienen ya que ninguna autonomía, a excepción de Cataluña, ha aplicado esta norma. Precisamente en la autonomía liderada por el socialista Salvador Illa un estudio concluyó que los controles del alquiler bajaron precios y no se redujo la oferta. Pero tal y como está diseñada la norma, las comunidades autónomas son las encargadas de declarar las zonas de precios tensionados, es decir, el instrumento que permite aplicar la regulación de precios, y ninguna de las gobernadas por el Partido Popular lo ha hecho ni tiene previsto hacerlo.

En la Comunidad de Madrid, gobernada por Isabel Díaz Ayuso, viven más de 6,7 millones de personas y es la región —junto con Cataluña —en la que los precios de la vivienda —tanto el alquiler como la compra — están más disparados. La política del PP en esta materia es apostar por lo que denominan "mercado libre". Una lógica que siguen el resto de autonomías del PP, en algunas de las cuales como Baleares, la Comunitat Valenciana o Andalucía, los precios también están desbocados. Hasta la fecha el PP no ha hecho prácticamente ningún esfuerzo por legislar allí donde tiene el poder de hacerlo y únicamente ha ratificado su rechazo a las medidas del Gobierno central. El plan de Feijóo sigue siendo construir más vivienda liberalizando, para ello, suelo público. Sus principales propuestas se basan en medidas anti okupación, bonificaciones fiscales a los propietarios y subsidios para jóvenes.

El presidente del Gobierno ha realizado varios llamamientos a las comunidades dirigidas por el PP para que apliquen la ley de vivienda, pero no cuenta con ningún mecanismo legal para obligarlas. Para tratar de sortear el bloqueo, una de las medidas estrella anunciadas por Sánchez en enero implica la aprobación de una exención fiscal del 100% del IRPF para propietarios que alquilen su vivienda según el Índice de Precios de Referencia que ha fijado el Ejecutivo, sin necesidad de que estas se encuentren en zonas tensionadas.

La doble realidad de la ley de memoria

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Tras las elecciones autonómicas, la memoria se convirtió en pieza de caza mayor de la llamada guerra cultural. Y tanto Vox como el PP pusieron en marcha el desmontaje de toda la normativa autonómica de protección a las víctimas del franquismo. Una ofensiva reaccionaria que, acabó por dibujar una doble realidad en los territorios controlados por el PP. Así, mientras que en comunidades como Andalucía, Extremadura, Baleares o Castilla y León las leyes de memoria sobreviven, en otras como Aragón, Comunitat Valenciana o Cantabria han sido eliminadas o sustituidas por normas que llegan a equiparar la dictadura franquista con el periodo democrático de la Segunda República.

En las dos primeras regiones, el paso se dio con los ultras todavía sentados en el Gobierno. De hecho, en suelo valenciano se culminó la derogación pocas horas antes de que Vox rompiese con el PP. En Cantabria, sin embargo, el movimiento se produjo a comienzos de noviembre, con la extrema derecha ya convertida en oposición. "La ley significaba un riesgo para la convivencia en nuestra región y al mismo tiempo un atentado para las libertades y un perjuicio para el funcionamiento natural de las instituciones democráticas. Y por ese motivo, en virtud de esa convicción, consideramos que es bueno para esta región proceder a la derogación", lanzaron desde las filas conservadoras.

El Gobierno central se comprometió desde un primer momento a dar la batalla contra estos retrocesos. De ahí que interpusiera un recurso de inconstitucionalidad que, finalmente, provocó la suspensión cautelar de la derogación de la normativa memorialista aragonesa. Un paso que dijo que daría también en los otros dos territorios. Pero por el momento, explican las fuentes jurídicas consultadas, el Ejecutivo no ha presentado en el Tribunal Constitucional recursos ni contra el texto derogatorio cántabro ni contra la Ley de Concordia valenciana.