El precedente que desmonta la versión de Zoido para no quitarle la medalla a Billy el Niño

Condecorado por sus “servicios de carácter extraordinario” y reclamado por la justicia Argentina por torturas durante el franquismo y la Transición. Con esos dos galones luciendo en el uniforme llegó la pasada semana el nombre del expolicía Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño, al Congreso de los Diputados. En cuestión, la Medalla de Plata al Mérito Policial que en 1977 otorgó el entonces ministro del Interior, Rodolfo Martín Villa, a este exmiembro de la Brigada Político-Social, conocido en los círculos antifranquistas de la época por sus brutales técnicas de interrogatorio –desde palizas hasta culatazos con el arma o simulaciones de ahogamiento a los detenidos–. Una insignia que le ha permitido cobrar un plus del 15% sobre su pensión vitalicia y cuya revocación fue reclamada en el hemiciclo por Unidos Podemos. “Señor ministro, ¿ha valorado usted retirar la condecoración policial a Antonio González Pacheco?”, le espetó Pablo Iglesias a Juan Ignacio Zoido.

El hasta este último viernes titular de Interior respondió con dureza desde su escaño, mientras las víctimas contemplaban indignadas la escena en la tribuna de invitados y los diputados conservadores ovacionaban al ministro. En su intervención, Zoido aseguró que el Ejecutivo de Mariano Rajoy no había “valorado” la revocación de la medalla. Y alegó dos motivos. Primero, porque “nadie ha solicitado oficialmente que se retire”, un extremo que se encargó de desmentir la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) publicando en redes sociales una carta enviada a comienzos de mayo a Interior en la que pedían la revocación de la condecoración. Y segundo, porque no hay “justificación legal para ello”. “Si todo lo que aquí acaba de relatar estuviese reconocido en una sentencia…”, dejó caer Zoido, que añadió que “no se tiene constancia de que esa condecoración se le haya retirado a nadie”. “Cumplamos con la ley y seamos serios”, sentenció.

Este diario, tal y como dijo el ministro, no ha encontrado ningún caso de revocación de la Medalla de Plata al Mérito Policial –ni tampoco de las otras tres insignias con las que se puede condecorar a un agente del Cuerpo Nacional de Policía–. Sin embargo, sí que existe al menos un precedente de retirada de medalla dentro de la Guardia Civil. Ocurrió a finales de 1999 y afectó al entonces teniente coronel Félix Hernando Martín, destinado por aquellas fechas en los servicios burocráticos de la Unidad Central de Información Fiscal y Antidroga (Ucifa), al que se le decidió revocar la Cruz al Mérito de la Guardia Civil con distintivo blanco después de que la prensa alertase de que el Gobierno que entonces dirigía José María Aznar había premiado a un jefe del Instituto Armado que se encontraba inmerso en investigaciones judiciales relacionadas con los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL). Casos de los que finalmente salió absuelto.

El ‘precedente Hernando Martín’

El 25 de mayo de 1999 fue un gran día para el teniente coronel Félix Hernando Martín. Y no era para menos. El Ministerio del Interior había decidido premiar sus servicios prestados en beneficio de la sociedad y su trayectoria intachable con la Cruz al Mérito de la Guardia Civil con distintivo blanco, una insignia que no llevaba aparejada ninguna recompensa económica. Para el entonces ministro, el conservador Jaime Mayor Oreja, y para sus superiores jerárquicos del Instituto Armado, la labor de este guardia civil en el cuerpo le hacía merecedor de la medalla. A sus espaldas, años de trabajo en los servicios antiterroristas y en los servicios burocráticos de la Unidad Central de Información Fiscal y Antidroga, un departamento al que llegó tras haber pasado por la sede de Interior durante los gobiernos socialistas que durante más de una década capitaneó Felipe González.

Pero la alegría le duró solo cuatro meses. El 21 de septiembre, Diario 16 publicó que el ministro del Interior había concedido la condecoración a Hernando Martín a pesar de que entre los miembros del Instituto Armado se consideraba que, aunque nada lo impedía legalmente, podía ser “políticamente inoportuno” premiar a un guardia civil que estaba siendo investigado en diferentes causas judiciales relacionadas con el terrorismo de Estado. En concreto, el teniente coronel estaba procesado por malversación de caudales públicos al haber sido señalado como una de las personas que llevaron a Suiza maletines con 200 millones de pesetas, procedentes de los fondos reservados, para pagar el silencio del ex subcomisario José Amedo y del ex inspector Michel Domínguez, condenados por hechos relacionados con los Grupos Antiterroristas de Liberación –el conocido como caso maletines–.

Además, sólo un mes después de que se le concediera la distinción, Hernando Martín prestó declaración como investigado en el sumario abierto por el atentado perpetrado el 25 de septiembre de 1985 por los GAL contra la cafetería del hotel Monbar, en Baiona (Francia), en el que murieron cuatro personas. En su declaración ante el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, el guardia civil, cuyo nombre también apareció años atrás en el sumario relativo al secuestro en Francia de Segundo Marey, señaló que el año del atentado se encontraba destinado en el Gabinete de Información del Ministerio del Interior y aseguró que no recordaba haber recibido por parte de la Guardia Civil o de los servicios de inteligencia españoles –el Cesid por aquel entonces– ninguna información relativa al ataque. Hernando Martín salió absuelto, finalmente, en todos estos casos.

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Interior da marcha atrás

Nada más conocerse la noticia, Interior se vio obligado a recular y Mayor Oreja ordenó al director general de la Guardia Civil que iniciase “el procedimiento de revocación” de la medalla. En una nota de prensa, recogida entonces por el diario El País, el ministerio afirmó que en el momento de otorgar la distinción desconocía que en el expediente del teniente coronel existieran “circunstancias que aconsejaran la no concesión de condecoraciones a dicho oficial”. Y culpó de ello al servicio de Recursos Humanos y Régimen Disciplinario de la Subdirección General de Personal de la Guardia Civil: “Había una falta de información precisa en el citado expediente sobre su auténtica situación procesal”. “La revocación se llevará a cabo en los próximos días”, completó Interior. Estas explicaciones, sin embargo, no consiguieron aplacar la tormenta política que en aquel momento se desató.

El 10 de noviembre de 1999, el Boletín Oficial del Cuerpo recogía una orden rubricada por Mayor Oreja que rectificaba aquella orden de Interior en la que se condecoraba al oficial con la Cruz al Mérito de la Guardia Civil. El cambio fue el esperado: “Revocar la [distinción] otorgada al teniente coronel don Félix Hernando Martín”. Fuentes del Instituto Armado citadas en su momento por el periódico El País calificaban como “insólita” la decisión tomada por el ministerio porque, en su opinión, la concesión fue un acto administrativo y “la Administración no puede ir en contra de sus propios actos, y menos cuando afectan a las personas”. Por este motivo, esas mismas fuentes consideraban que lo ideal hubiera sido abrir un expediente en el que se pidiera un informe al respecto al Consejo de Estado y se diera al guardia civil afectado la oportunidad de pronunciarse.