La presencia de exministros en el Tribunal Constitucional es habitual en los grandes países europeos
No hay renovación del Constitucional que no termine por abrir un profundo debate sobre la idoneidad de los candidatos. Ya ocurrió en la era Rajoy con nombres como Francisco Pérez de los Cobos, Andrés Ollero o Enrique López, estrechamente vinculados al PP. Y ahora vuelve a aflorar tras la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de decantarse por un exministro y una ex alto cargo de su Ejecutivo para relevar a dos de los cuatro magistrados del tribunal de garantías con el mandato caducado. Una fea tradición, la de tirar de juristas con una marcada vinculación política para órganos de enorme calado, que ha terminado por convertirse en norma. Y no solo en España, sino también en algunos países del entorno europeo. No hay más que echar un vistazo a las Cortes Constitucionales francesa o alemana, donde la presencia de excargos políticos también parece estar normalizada.
La Comisión Europea lleva meses exigiendo a los Estados miembro, entre ellos España, que den pasos para reforzar una independencia judicial que tan solo perciben en la actualidad cuatro de cada diez ciudadanos. De ahí que el PP, que desde hace cuatro años bloquea la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), haya decidido llevar su oposición a los candidatos gubernamentales hasta Bruselas. "El Gobierno ha profundizado en politizar la justicia, en que la justicia sea menos independiente. Y además lo ha elevado a la máxima potencia, al Tribunal Constitucional", se ha quejado este miércoles el líder de los conservadores, Alberto Núñez Feijóo, al tiempo que anunciaba la intención de su partido de "poner en conocimiento de las autoridades e instituciones europeas" esta "politización de la justicia y de los órganos del Estado".
El Ejecutivo comunitario ha tomado nota de los nombramientos. No obstante, ha dejado caer que no es un problema exclusivo de España. "No es el único país en el que se produce esa situación", ha resaltado el titular europeo de Justicia, Didier Reynders. De hecho, en la Bélgica natal del comisario la política está muy presente en la Corte Constitucional. El tribunal lo componen una docena de miembros, la mitad de habla neerlandesa y la otra mitad francesa. De cada uno de los grupos, tres son designados en función de su experiencia jurídica y los otros tres deben tener al menos cinco años de experiencia como diputados. De ahí que no sea raro encontrarse en la plantilla de la Corte a exconcejales, antiguas jefas de gabinete, expresidentas del Senado y, por supuesto, exmiembros del Gobierno. Es el caso de Fientje Moerman, quien fuera ministra de Economía en el Ejecutivo de Guy Verhofstadt.
Del exministro de Exteriores francés al vicepresidente de la CDU en el Parlamento
Francia es otro de esos Estados donde no resulta extraño encontrarse casos similares en el tribunal de garantías. De hecho, de sus nueve miembros, al menos seis tienen un pasado político. Al frente del Consejo Constitucional, elegido a partes iguales por los presidentes de la República, Senado y Asamblea Nacional, se encuentra Laurent Fabius, que había sido hasta el momento de su nombramiento ministro de Asuntos Exteriores. Le acompañan Jacqueline Gourault, quien fue hasta su designación ministra de Cohesión Territorial; su antecesor en la cartera ministerial, Jacques Mézard; la exdirectora del gabinete del ministro de Justicia Véronique Malbec; o Alain Juppé, ex primer ministro y alcalde de Burdeos hasta su nombramiento. Completa la lista el exsenador de Los Republicanos François Pillet.
Exresponsables políticos que también se cuelan en el Tribunal Constitucional Federal de Alemania. El órgano, compuesto por 16 miembros con un mandato de doce años divididos en dos grandes salas, está pilotado por Stephan Harbarth, quien hasta 2018 fue diputado en el Bundestag y vicepresidente del grupo parlamentario de la CDU/CSU. Un pasado político tienen también sus compañeros Peter M. Huber y Peter Müler. El primero fue, justo antes de dar el salto al Constitucional, ministro de Interior del Estado de Turingia. El segundo, líder del Gobierno del Estado de Saarland.
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De esta fea costumbre se alejan, sin embargo, otros países de nuestro entorno. En el caso de Portugal, su tribunal de garantías está compuesto íntegramente por perfiles estrictamente técnicos de diferentes ramas del derecho que han desarrollado toda su carrera profesional en las universidades y los tribunales.
Algo similar ocurre cuando se revisa la composición de la Corte Constituzionale de Italia. La inmensa mayoría de los quince magistrados son profesores o catedráticos de Derecho Administrativo, Constitucional, Público o Penal, así como miembros de la Corte de Casación. Y muy pocos de ellos tienen un pasado político relativamente reciente. Es el caso de Flippo Patroni, quien fuera ministro de Administraciones Públicas con Mario Monti y secretario del Consejo de Ministros con Enrico Letta.
Italia es, de hecho, uno de los países europeos que ha decidido poner fin a las puertas giratorias que separan la política de la justicia. El pasado verano, el Parlamento dio el visto bueno a su Ley de 17 de junio de 2022, nº71, una reforma judicial que establece que aquellos magistrados que hayan ejercido funciones gubernamentales no podrán volver a poner sentencias y serán reubicados en otras cuestiones de carácter administrativo. Además, se contempla que los jueces que quieran dar el salto a la política no puedan presentarse en una determinada región si han estado ejerciendo su cargo en la misma durante los tres años anteriores.
