El presidente canario también reclama la reforma urgente de la Constitución

El presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, ha calificado de "urgente" la reforma de la Constitución para poder iniciar una "segunda transición" en España, dado que el modelo actual está "agotado" y hace "inútil" el funcionamiento del Senado.

En su blog personal, ha dicho que debe ser un asunto "inaplazable" en la agenda de gobierno de Mariano Rajoy, toda vez que hay muchas "voces" que solicitan la apertura de este proceso, como la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, o el lehendakari vasco, Íñigo Urkullu, al margen de la "actual encrucijada" de Cataluña.

Según el presidente canario, esta reforma es la mejor fórmula para "defenderla" y reforzar su "armazón legal", y en el caso de Canarias, serviría para "apuntalar" la posición de las islas en el encaje del Estado. "Mientras todo esto y más ocurre en los distintos territorios, Rajoy gana tiempo perdiéndolo", ha señalado.

En esa línea, Rivero ha rechazado la "resistencia numantina" del PP a reformar el texto, y ve "esencial" que se reinvente la convivencia basada en nuevos valores como la pluralidad, la solidaridad territorial o la justicia social.

"Hace años que vengo reclamando la puesta a punto de una Constitución que se gestó voluntariamente flexible y dinámica, unas características que hoy por hoy ya no tiene y que está provocando continuos conflictos", ha comentado.

"Callejón sin salida"

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A su juicio, las "tensiones territoriales" que padece España han llegado en muchos casos "a un callejón sin salida", y en el caso de Canarias, la reforma permitiría acometer un "blindaje efectivo" del Régimen Económico y Fiscal (REF) y el hecho diferencial canario.

Con el cambio, cree que la Cámara Alta se convertiría en un "verdadero" órgano de representación territorial que refleje los hechos diferenciales de cada territorio, que en el caso de Canarias, son "la lejanía y la insularidad".

Además, cree que la modificación debe orientarse a que el archipiélago obtenga nuevas competencias como la delimitación de las aguas, la gestión de puertos y aeropuertos, el litoral o el comercio exterior.