Adjudicación de contratos
El PSOE cuestiona que una exministra del PP absuelva a Alonso y Maroto: "Chirría" la imparcialidad del Tribunal de Cuentas
El Tribunal de Cuentas ha absuelto este miércoles al vicesecretario de Acción Sectorial del PP, Javier Maroto, y al presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, de la condena inicial impuesta por este mismo organismo por el caso San Antonio, por la firma de un contrato público a un precio considerado muy superior al de mercado durante su etapa al frente del Gobierno municipal de Vitoria, según ha informado Europa Press.
La ponente de la sentencia ha sido la actual consejera del Tribunal de Cuentas (TCU) y antigua ministra de Justicia del PP Margarita Mariscal de Gante, que ha sido secundada por otro de los miembros de la Sala de Justicia de este organismo, integrada por tres consejeros. Por el contrario, el tercer miembro y presidente de la sala, Felipe García Ortiz, ha emitido un voto particular discrepante, al estimar que sí existió "infracción legal" en el contrato, según han informado fuentes del TCU.
Este voto particular señala que en ningún caso se justificó ni motivó la desproporción en el precio de actualización, por lo que considera que el mismo fue abusivo y existió un pago sin causa que ascendió a 189.097 euros. El presidente de la sala cree que Maroto, Alonso y el resto de los miembros de aquel Gobierno municipal deberían haber sido condenados por esta suma, estimando su recurso de forma parcial.
Maroto y Alonso fueron condenados el pasado mes de mayo por el Tribunal de Cuentas, en primera instancia, junto al resto de miembros del Gobierno municipal de Vitoria que, en 2007, firmaron un contrato público para el alquiler de unas oficinas con el empresario Gonzalo Antón.
El contrato, firmado por el Gobierno municipal del que Alonso era alcalde y Maroto concejal de Hacienda, obligaba al Ayuntamiento de la capital alavesa a pagar 7,6 millones de euros por el alquiler, durante un periodo de veinte años, de un local que Antón había comprado un año antes por 2,7 millones de euros.
El Tribunal de Cuentas apuntó en su sentencia de mayo a la "responsabilidad contable" de aquel Gobierno municipal del PP, y condenó a sus integrantes a pagar, de forma solidaria, 393.862 euros por el "perjuicio" causado a las arcas públicas de Vitoria.
La Sala de Justicia de este tribunal ha estimado el recurso de Maroto, Alonso y el resto de exconcejales del PP condenados, absolviendo a todos ellos. En esta nueva sentencia se indica que los pactos suscritos por el Ayuntamiento en el contrato entraban en el ámbito de la discrecionalidad administrativa, y que el informe de la Unidad Técnica del Ayuntamiento, que estimaba que el alquiler debía tener un coste inferior, no era vinculante.
El Tribunal de Cuentas añade que la jurisdicción contable no puede entrar en razones de oportunidad o de eficacia en el uso de los fondos públicos, ya que debe limitarse a estudiar los criterios de legalidad.
Un colectivo anticorrupción pide llevarles ante el Supremo
Por su parte, la asociación contra la corrupción Adi ha pedido al Ayuntamiento de Vitoria que recurra ante el Tribunal Supremo esta absolución para denunciar "el trato de favor" que ambos dirigentes otorgaron al empresario Gonzalo Antón durante su etapa al frente del Gobierno municipal de Vitoria.
Adi ha recordado, mediante un comunicado, que este caso "no ha terminado" con la absolución de Maroto y Alonso por el Tribunal de Cuentas, ya que sigue existiendo la posibilidad de recurrir a la vía administrativa.
Por ese motivo, ha solicitado al Ayuntamiento de Vitoria que "continúe defendiendo el interés público", que actúe con "responsabilidad"; y que recurra la sentencia ante el Supremo.
Maroto pide a la Iglesia "una reflexión" sobre en qué actos participa, tras respaldar el desarme de ETA
Ver más
La imparcialidad "chirría"
El portavoz del PSOE en la Comisión Mixta del Tribunal de Cuentas, Antonio Hurtado, considera que el hecho de que el Tribunal haya absuelto finalmente a Alonso y Maroto pone en cuestión la imparcialidad de la institución.
Antonio Hurtado ha hecho hincapié en el hecho de que haya sido la exministra de Aznar quien haya aceptado el recurso que plantearon los dirigentes del PP y considera que, "como mínimo, suena bastante mal". "La imparcialidad queda un poco cuestionada", sostiene. "Chirría a los oídos".
