El PSOE deja en manos de las comunidades la supresión de las diputaciones provinciales

El PSOE no se atreve a suprimir directamente y de un plumazo las diputaciones provinciales, una de las administraciones más cuestionadas de toda la arquitectura del Estado. Opta por una fórmula más prudente: que se discuta con las comunidades qué hacer en cada caso, que se estudie en cada territorio qué es lo que más conviene. 

El debate sobre el modelo de Estado federal y la recomposición de las relaciones con el PSC monopolizó el pasado sábado la reunión del Consejo Territorial del PSOE. Pero Alfredo Pérez Rubalcaba y sus barones también analizaron otro documento, La modernización del Gobierno y la Administración local, garantía de cohesión social. El modelo de Administración local del PSOE, un texto de 21 páginas que ha coordinado el secretario federal de Ciudades y Política Municipal, Gaspar Zarrías, y que el partido hizo público ayer domingo. 

La cuestión de las diputaciones aparece precisamente en este documento, a la hora de hablar de la intermunicipalidad como una "solución a los pequeños municipios". Recuerda que, esa red de protección de los ayuntamientos menores está conformada obligatoriamente, según la Constitución, por las diputaciones provinciales, cuyo principal cometido es "dar asistencia y complementar las necesidades existentes" a esas pequeñas corporaciones. Sin embargo, advierte, miles de municipios han explorado la vía de las mancomunidades, mientras que algunas comunidades autónomas (CCAA) han optado por la vía de las comarcas. 

Partiendo de ese diagnóstico, el PSOE cree necesario buscar "fórmulas de asistencia y colaboración" con los ayuntamientos partiendo de tres principios: diversidad del territorio, complejidad del mapa municipal (la orografía, la densidad de población, el nivel de renta y otros factores "no son iguales") y fomento del trabajo en red, "lo que puede y debe conducir a que las soluciones óptimas de intermunicipalidad sean adaptadas a su realidad territorial". Por tanto, concluye, "se debe contar con las comunidades para llegar a la solución más ajustada a cada territorio". "La existencia de una opción intermunicipal debe pasar por el aligeramiento del número de administraciones superpuestas al municipio", y no por "mantener o defender cinco niveles de asistencia en la gestión a los municipios".

La sugerencia, del PSPV de Puig

La idea de que sean las CCAA las que analicen en cada caso si suprimir o no las diputaciones, o cambiar su fisonomía, fue puesta sobre la mesa por el Partido Socialista del País Valencià (PSPV-PSOE). El debate llegó hasta el mismo sábado, en la reunión del Consejo, donde algunos barones, como el de Aragón, Javier Lambán, eran más partidarios de que estas entidades se mantuvieran. "El acuerdo general, de todos, es que es imposible que las diputaciones sigan como están. Y también se quiere que los ayuntamientos se dejen oír, que digan algo al respecto. Lo importante es que se quiere dar fortaleza al ámbito local, no dar más competencias a las diputaciones, como quiere el PP con su reforma local", explicó ayer domingo a infoLibre Ximo Puig, líder del PSPV. 

Sobre los órganos de poder intermedio, a caballo entre CCAA y ayuntamientos, pesa además la mancha de que son instituciones poco democráticas. Sus miembros son elegidos por y entre los ediles, pero no por los ciudadanos de forma directa. La democratización de las diputaciones residiría de nuevo, según Puig, en las comunidades. "No necesitamos más instituciones, sino menos. No necesitamos crear más, ni dar fortaleza a las diputaciones, que es lo que anhela el PP. Los ayuntamientos son los elegidos por los ciudadanos, y ahí reside la soberanía local. Se trata de dar una nueva visión de la Administración local, de pensar cómo hacer cosas conjuntas, cómo buscar alianzas diferentes, cómo trabajar en red. Pero que cada comunidad decida qué modelo de intermunicipalidad quiere. Por ejemplo, otra opción son los consejos de alcaldes, a semejanza de las Conferencias de Presidentes". 

La reflexión sobre las diputaciones es una de las reflexiones del texto. Pero hay más,como la supresión de exenciones fiscales a las actividades religiosas.

01. RECONOCIMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA AUTONOMÍA LOCAL

El PSOE recuerda que la Constitución consagra la "autonomía" de los municipios como uno de los puntales de toda la arquitectura del Estado. Y recuerda cómo sin los ayuntamientos "no se puede entender" el desarrollo del Estado del bienestar, ya que son ellos los que han "adecentado y dignificado" todos los espacios de las ciudades y que los que prestan servicios cercanos a los ciudadanos (comedores, escuelas de adultos, guarderías, instalaciones deportivas y culturales...). Han sido las corporaciones locales las "pioneras en la defensa de la igualdad, la solidaridad, la integración y la cohesión social".

El partido sale así al paso de la reforma local del Gobierno de Mariano Rajoy, que en su estrategia de "criminalizar el gasto" ha tomado como "víctimas indefensas más fáciles de someter" a los municipios, pese a que al cierre de 2012, hasta 3.500 ayuntamientos (el 40% de los más de 8.000) tenían superávit y en términos globales registraron un déficit del 0,15%, inferior al 0,30% exigido por el Gobierno. La deuda viva de las entidades locales es de 35.000 millones, la mayor parte de ella procedente de las grandes ciudades (Madrid, Barcelona, Valencia o Málaga). 

Para paliar esta situación de inferioridad, el PSOE propone "incluir el reconocimiento explícito" en la Constitución "de la naturaleza política de la autonomía local". Ahí se señalaría el "doble carácter" de esa autonomía: como "derecho y capacidad efectiva de las entidades locales a ordenar y gestionar una parte importante de los asuntos públicos", "bajo su propia responsabilidad y en beneficio de sus habitantes". 

"Complementario con la eficiencia y la eficacia"

El cambio supondría llevar a la Constitución una "cláusula general de competencia municipal y una relación material de competencias" que no se podrían "hurtar" a los ayuntamientos, como pretende el Gobierno. Se pide asimismo la "articulación racional y austera de la intermunicipalidad", no como la entiende el Ejecutivo, que "mantiene cinco niveles sobre el mismo territorio": diputaciones, comarcas, consorcios, mancomunidades, consejo de alcaldes y la posibilidad de reconocimiento de las veguerías. 

Con el fin de fortalecer esa autonomía de las corporaciones, los socialistas reclaman que el desarrollo del régimen local se haga a través de ley orgánica, lo que exige la votación de la mayoría absoluta de las Cortes para su aprobación. Además, se debería consagrar a los municipios "competencias propias, financiación incondicionada, gobierno y administración". El blindaje de la financiación de los ayuntamientos en la Constitución ya fue anunciado por Rubalcaba a mediados del mes pasado en unas jornadas en el Senado. 

Dicen los socialistas que el reforzamiento de la autonomía local y de la democracia "no resulta incompatible sino complementario con los criterios económicos de eficiencia y eficacia". 

02. TRANSPARENCIA Y ESTATUTO DEL VECINO

El PSOE entiende que ante la "demanda creciente" de los ciudadanos, se hace "necesario" apostar por la transparencia total como vía para "restaurar la confianza en las instituciones locales", como sucede en el resto de escalones de la Administración. Los ayuntamientos, en consecuencia, deben ser "instituciones abiertas que ofrezcan todos los datos necesarios para conocer sus aspectos fundamentales y sus líneas de actividad".

En correspondencia con esa iniciativa, el PSOE cree que se debe poner en marcha un Estatuto del Vecino, una carta de derechos y deberes. Entre ellos, el acceso a la información de la actividad y la gestión municipal, la información de "planes, urbanismo y ordenación del territorio" –el gran pozo negro de las entidades locales en los años de la burbuja inmobiliaria–, la participación de los ciudadanos y de los sectores sociales, económicos y vecinales, la garantía de la asistencia de los municipios "en situaciones de necesidad grave o urgencia", el acceso al uso y disfrute de los servicios públicos públicos locales o la consulta directa local –el referéndum sobre asuntos que afectan a un municipio–.

03. REFORZAMIENTO DE LA OPOSICIÓN

Estatuto de los cargos representativos locales. Es la medida que sugieren los socialistas para definir el poder ejecutivo del alcalde y su equipo de gobierno y el "desempeño efectivo del control de la oposición" a través de su participación en el pleno. Plantean regular el acceso a la información y la fiscalización de los gobiernos municipales por los partidos contrarios. 

Abel Caballero, vicepresidente primero de la FEMP y alcalde socialista de Vigo, el pasado sábado en la reunión del Consejo Territorial del PSOE en Granada | INMA MESA

Asimismo, se cree "conveniente" que los sueldos de los concejales se establezcan por ley, escuchada la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), teniendo en cuenta la población y sus recursos, sin que "en ningún caso" puedan superar sus remuneraciones a las de un secretario de Estado (unos 67.000 euros). Se pide que se reugle "con mayor detalle y claridad" los derechos políticos y económicos de los grupos municipales. 

04. MAPA DE COMPETENCIAS CLARO

Es tradicional la queja de los municipios de que asumen competencias impropias: poderes que no son suyos pero que despliegan para atender a los ciudadanos. El PSOE propone solucionar esa confusión, y hace hincapié en que la autonomía local debe expresarse "en competencias propias, en ningún caso en servicios obligatorios", porque las competencias posibilitan a los gobiernos impulsar determinadas políticas. 

Así, el PSOE quiere se aclare por ley el elenco de competencias nucleares municipales, "respetando las líneas maestras sentadas en el texto constitucional". ¿Qué competencias se quedarían pues los ayuntamientos? El documento indica que hay que "poner todo en cuestión y analizar la necesidad de todos los servicios públicos", bajo dos criterios fundamentales: que se pondere entre la proximidad y la distancia ("no en todas las materias la proximidad es un valor positivo" ya que puede "agravar el conflicto) y que se calibre qué Administración es la que mejor presta cada servicio. 

05. UNA FINANCIACIÓN GARANTIZADA

La financiación condicionada a través de subvenciones es la fórmula más extendida en los ayuntamientos. El resultado final, dice el texto es el "deterioro de la autonomía local", puesto que se condiciona el acceso a determinados recursos, dañando la "capacidad de decisión" de los municipios sobre sus competencias. 

Para que las entidades locales no queden "relegadas", el PSOE propone un "modelo integral de financiación" de los diferentes escalones de la Administración, que incluya ayuntamientos y CCAA, que les permita tener "recursos suficientes". 

La financiación de los municipios, sigue el documento, debe asentarse sobre el binomio de competencias propias y financiación incondicionada. Entre las medidas, incrementar y redefinir la participación en los ingresos del Estado y de las CCAA "reforzando la transparencia y la dotación", "profundizar" en las tasas públicas, evitar la "absurda competencia fiscal" entre municipios o redibujar los impuestos propios. En este caso, se sugiere que el impuesto de circulación de vehículos se ajuste no a la potencia del coche, sino a su valor de mercado, y se cree "relevante" la actualización de los valores catastrales de los inmuebles a la evolución del mercado. En suma, se trata de tener "bases imponibles tan actualizadas como sea posible" en los impuestos de la propiedad. Respecto a los tributos económicos, se reclama suprimir algunos impuestos "que gravan el desarrollo de actividades concretas". 

Distinción entre ayuntamientos grandes y pequeños

El PSOE apuesta por reducir "al máximo" los beneficios, exenciones y bonificaciones. Y aquí es donde entra la referencia a la Iglesia: "Carecen de todo sentido las exenciones y bonificaciones que disfrutan los bienes y actividades desarrolladas por determinadas entidades y confesiones religiosas". El partido ya emplazó el año pasado a sus concejales a exigir a la Iglesia a que pagase el IBI. 

El documento prefigura un "modelo dual" de ayuntamientos, separando a los grandes (de más de 20.000 habitantes) de los pequeños. Las corporaciones menores dispondrían de tributos obligatorios y de un sistema de transferencias "incondicionadas del Estado y de las CCAA". Las mayores "deberían disponer de márgenes más amplios para ejercer su capacidad normativa y participar en los ingresos del Estado y de las CCAA sobre el criterio básico de población". 

Por último, los socialistas abogan por crear una "factura fiscal local integrada anual". En ella aparecerían reflejados todos los tributos municipales y se permitirían "fórmulas de pago a cuenta mensuales" a los vecinos para facilitarles el pago de sus impuestos a los ayuntamientos.