El PSOE espera que el temor a un tripartito de derechas mueva a PDeCAT y ERC a facilitar los Presupuestos

La cuenta atrás ya ha comenzado. El Gobierno aprobará el viernes su proyecto de Presupuestos para 2019 y eso significa que dispone de cuatro semanas para convencer a los diputados independentistas de PDeCAT y Esquerra para que no presenten ninguna enmienda de totalidad y  voten en contra de las que con toda seguridad presentarán al menos PP y Ciudadanos.

No hay, en estos momentos, ninguna seguridad de que lo vayan a hacer, confiesan fuentes de la dirección socialista. Los mensajes que transmiten en público los independentistas van desde la negativa sin concesiones a la disposición a negociar y van cambiando casi cada día.

La interpretación más extendida entre los dirigentes del PSOE es que la división interna del independentismo, sobre todo entre Esquerra y el PdeCAT pero también dentro de las filas de la antigua Convergència, juega favor de que el proyecto de Presupuestos pueda superar el trámite de totalidad. Como también otros dos factores: el riesgo de desestabilizar el Gobierno socialista y alimentar así la posibilidad de que sea sustituido por la alianza recentralizadora que PP, Ciudadanos y Vox están ensayando en Andalucía, y la necesidad cada vez más imperiosa de la Generalitat de atender las demandas sociales y económicas de los catalanes después de más de un año de parálisis institucional.

La reunión del 21 de diciembre en Barcelona entre Pedro Sánchez y Quim Torra sirvió entre otras cosas para dar alas a quienes dentro del Gobierno y del PSOE creen posible que el independentismo facilite, al menos, la tramitación de los Presupuestos en el Congreso. Eso es lo más difícil, señalan fuentes socialistas consultadas por infoLibre, pero si se consigue, creen que se habrá abierto la puerta a su aprobación.

El Govern de Torra, el PDeCAT y Esquerra no dicen que no facilitarán el debate presupuestario, pero tampoco confirman el sí. Los tres subrayan que es necesario un gesto por parte del Gobierno de Pedro Sánchez en la dirección que siempre han señalado: un referéndum pactado de autodeterminación y que la Fiscalía retire la acusación de rebelión que pesa sobre los dirigentes independentistas que serán juzgados en el Tribunal Supremos dentro de unos días.

La portavoz del Govern y una de las interlocutoras de la Generalitat con el Ejecutivo de Sánchez, Elsa Artadi, insistió este martes en pedir al Gobierno una propuesta de “solución política”. Y lo hizo en el marco de los contactos que ambas administraciones están teniendo para fijar la fecha y las condiciones de la reunión que se celebrará este mismo mes de enero en busca del “espacio de diálogo efectivo”, que las dos partes se fijaron como objetivo en un comunicado conjunto difundido tras la reunión que mantuvo en Barcelona el presidente español con Quim Torra.

El compromiso adquirido por las dos partes es celebrar la reunión en enero, es decir, antes de la primera votación de Presupuestos, que no tendrá lugar hasta febrero. Y el Govern concede mucha importancia no sólo a la fecha sino también al formato y a la metodología.

David Bonheví, president del PDeCAT, abundó en esta idea: “Siempre hemos dicho que la posición [contraria a los Presupuestos] cambiará si el señor Sánchez se comprometiera a una mesa de diálogo o a un diálogo franco con propuestas concretas para Cataluña”.

En agosto la Generalitat ya intentó, sin éxito, que Sánchez aceptara crear un “grupo de trabajo” sin capacidad de decisión, integrado por representantes institucionales y expertos en Derecho Constitucional y dirigido a explorar la búsqueda de soluciones políticas que hiciesen posible el ejercicio del derecho a decidir. La respuesta del Gobierno fue un no rotundo: no aceptará ningún grupo de trabajo en esos términos. En su lugar propone una reforma del Estatut por mayoría de dos tercios del Parlament y que eventualmente reciba el apoyo de los ciudadanos catalanes a través de un referéndum, tal y como prevén la Constitución y el vigente Estatut.

Sánchez lo repite desde hace meses: sólo está dispuesto a someter a votación una reforma estatutaria en el marco de la Carta Magna y que tenga el aval del 70 o el 80% de la sociedad catalana y nunca una propuesta de independencia.

El vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, el otro interlocutor del Gobierno con el Ejecutivo de Torra, exigió a su vez conocer la propuesta de Presupuestos y reiteró que la posición de Esquerra sobre las cuentas dependerá de la respuesta de Sánchez a la petición de modificar la orientación de la Fiscalía en el caso del procés y de abrir una mesa de negociación política para dirimir la crisis en Cataluña.

En estas condiciones, el calendario que viene no puede ser más complejo y pondrá a prueba, según fuentes del PSOE, la estrategia de todos.

Sánchez pide al partido ir a por todas

En primer lugar la del PSOE, para conseguir el respaldo presupuestario que necesita si quiere mantener viva la legislatura al menos hasta otoño y hacer del debate social y de las inversiones territoriales el centro de la discusión pública. No hay que olvidar que el 26 de mayo hay elecciones europeas y municipales en toda España y autonómicas en trece comunidades. Es ahí donde puso el foco Sánchez en la reunión de la Ejecutiva Federal de este martes: entramos en periodo electoral —quedan sólo cuatro meses para el superdomingo de mayo— y todo el partido tiene que echar el resto. Él mismo dará el pistoletazo de salida este sábado en un acto de apoyo al candidato del PSC a la Alcaldía de Barcelona.

Pero también se pondrá a prueba la estrategia de los independentistas, atrapados entre la espada del desmantelamiento de su autonomía política si PP, Cs y Vox llegan al Gobierno y la pared de Pedro Sánchez, contrario tanto a influir sobre la Fiscalía en el juicio del procés como a facilitar nada que se parezca al ejercicio del derecho a la autodeterminación en Cataluña.

Consciente del efecto que la crisis política catalana ha tenido sobre el resultado electoral en Andalucía, el Gobierno no hará ningún gesto en el sentido que demandan los independentistas y así lo subrayó este mismo martes el número tres del PSOE, José Luis Ábalos. Una firmeza detrás de la cual se esconde la esperanza de que PDeCAT y Esquerra acaben asumiendo que no les conviene desestabilizar a Sánchez y favorecer así su relevo por una alianza entre PP, Cs y Vox, tres formaciones comprometidas públicamente en el objetivo de poner fin indefinidamente a la autonomía catalana.

La exconsellera republicana Dolors Bassa, en prisión provisional a la espera de juicio por su participación en el procés, abonó esta idea en una entrevista: “No podemos dejar caer al Gobierno de Pedro Sánchez. La alternativa a tumbar a este Gobierno es mucho peor con el PP, Cs y la extrema derecha”, aseguró.

El Ejecutivo tiene previsto iniciar la próxima semana la tramitación parlamentaria de sus cuentas, según confirmaron a Europa Press fuentes del Ministerio de Hacienda. Para iniciar su tramitación será necesario habilitar enero, ya que este mes no es hábil para la actividad parlamentaria. La misma Mesa del Congreso tiene previsto reunirse este miércoles, a partir de las 10 horas.

Si todo sigue su cauce habitual, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, presentará el próximo martes el proyecto de Presupuestos en la Cámara baja. Allí deberá ser calificado por la Mesa del Congreso para su posterior publicación en el *Boletín Oficial de las Cortes Generales.*

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La Mesa, a su vez, deberá aprobar un calendario de tramitación, con la habitual ronda de comparecencias por parte de miembros del Gobierno, Banco de España y AIReF, y que tradicionalmente proyecta la primera votación a los Presupuestos, la de totalidad, tres semanas después de ser presentados en el Congreso.

De esta forma, las primeras cuentas de Sánchez se enfrentarían a su primer examen parlamentario en el primer Pleno de febrero, entre los días 5 y 7 de ese mes. En este debate, hablarán la ministra de Hacienda y los grupos que deseen la devolución de las cuentas al Gobierno.

Las propuestas en contra de los Presupuestos se votan conjuntamente, pues todas piden lo mismo: tumbar las cuentas y devolvérselas al Gobierno. PDeCAT y Esquerra tienen la última palabra.