El PSOE lleva la liquidación de la justicia universal al Constitucional

El grupo del PSOE en el Congreso ha presentado este jueves en el Registro del Tribunal Constitucional (TC) un recurso de inconstitucionalidad contra la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que limita la jurisdicción universal por considerar que el precepto vulnera la tutela judicial efectiva, la independencia de los jueces y los convenios internacionales regulados en la propia Carta Magna.

La encargada de entregar el recurso ha sido la portavoz del grupo, Soraya Rodríguez, que ha justificado a las puertas del tribunal que el motivo principal del recurso es que la disposición transistoria aprobada con el único apoyo del PP obliga a los jueces y tribunales que tienen abiertas causas en virtud del principio de jurisdicción universal a cerrarlas, contraviniendo varios principios constitucionales.

Rodríguez ha destacado que la norma aprobada a instancias del PP "atenta contra los principios que permiten perseguir los crímenes más terribles contra la humanidad y genera la impunidad de los criminales". También ha dicho que está "absolutamente convencida" de que el recurso va a prosperar porque tanto los jueces como las asociaciones de fiscales y de defensa de los Derechos Humanos han insistido en que la reforma "viola convenios internacionales".

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Considera el PSOE que la reforma vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva (artículo 24 de la Constitución) al eliminar el derecho de las víctimas de estos graves delitos a un proceso en el que se investigue y se enjuicie a los criminalmente responsables de los mismos. También solicitan al TC que analice si la reforma infringe el principio de interdicción de arbitrariedad.

Añaden que la disposición transitoria de la ley, al obligar sobreseimiento de todas las causas hasta que no se acredite el cumplimiento de los requisitos previstos en la misma, vulnera el principio constitucional que atribuye a los juzgados y tribunales el ejercicio de la potestad jurisdiccional con exclusividad, "pues ese juicio de comprobación de los requisitos legales es una actuación netamente jurisdiccional que no puede ser suplantada por el legislador".

También consideran afectado el derecho al ejercicio de la acción popular (artículo 125 CE) y el cumplimento de convenios internacionales de los que España es parte.