La tierra es ahora fértil. El pacto para renovar el Consejo General del Poder Judicial, tras más de cinco años y medio de bloqueo por parte de la derecha, ha hecho que el Gobierno y el PP se encaminen a cerrar más acuerdos para renovar las cúpulas de ciertos órganos. Incluso esos pasos se podrían producir antes de que los políticos se tomen las vacaciones de agosto. Hay agua en la piscina.
El pacto sobre el Consejo General del Poder Judicial no supone en sí un cambio de alianzas preferentes de legislatura, como reconocen en La Moncloa y en Génova 13, pero sí pone en pista de aterrizaje otros posibles acuerdos para vacantes en órganos como el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMC) y la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC). En lo que sí hay mayores dificultades, según explican fuentes gubernamentales y populares, es en alcanzar un pacto sobre RTVE. Y lo que parece imposible es que haya un abrazo sobre la financiación autonómica.
En el Gobierno y la dirección del Partido Popular ponen ahora como gran objetivo la renovación de la cúpula del Banco de España. No se fijan ningún calendario ni tampoco se han puesto en marcha ya nuevas reuniones tras el pacto del Consejo General del Poder Judicial, pero las dos partes ven muy viable alcanzar fumata blanca. El Banco se encuentra en una situación inédita: no se ha sustituido oficialmente a Pablo Hernández de Cos tras el fin de su mandato el pasado 11 de junio y ocupa de manera interina esa plaza la subgobernadora, Margarita Delgado.
"Al PP le interesa"
El nombramiento corresponde al Ejecutivo central pero hay una tradición no escrita por la que, en virtud de un pacto, el Gobierno orienta el nombre del gobernador mientras que la oposición influye en el siguiente escalón jerárquico. Por el momento, La Moncloa no ha movido ningún paso y ahora cree que se puede llegar a ese acuerdo. “Al PP le interesa”, señalan fuentes del núcleo duro de Pedro Sánchez. No se marcan plazos, pero creen que sería posible materializarlo en julio (en el horizonte está la próxima reunión del Banco Central Europeo del día 18). Además, existe la posibilidad de un acuerdo por fases, ya que el mandato de la subgobernadora caduca en septiembre. En el Partido Popular tampoco quieren marcar fechas.
En este clima para lograr acuerdos puntuales para renovar órganos también se engloba la cúpula de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que tiene cinco puestos vacantes en su Consejo de Administración desde el pasado verano. Un pacto entre el Gobierno y los populares también podría incluir la renovación de la jerarquía de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, con la salida en diciembre del presidente, Rodrigo Buenaventura, y su vicepresidenta, Montserrat Martínez. No obstante, su mandato todavía podría ser prorrogable dos años más en virtud de la reforma hecha en 2022. Asimismo, en esas conversaciones saldrán las futuras siete plazas de la Comisión Nacional de la Energía, una escisión de la CNMC que podría ponerse en marcha a principios del año que viene.
Las diferencias sobre RTVE
Sobre la mesa también estará la situación de RTVE, ya que por ley se debe renovar ya a la mitad de los diez consejeros. Además, hay otro puesto vacante desde la dimisión de José Manuel Pérez Tornero en septiembre de 2022 como presidente de la corporación pública. La normativa exige que esa renovación se haga con el beneplácito de dos tercios del Congreso y del Senado (por lo que implica el voto a favor del PSOE y del PP). Y se tiene que hacer respetando las cuotas en razón de origen de la propuesta: toca renovar a tres consejeros nombrados por el PP (Consuelo Aparicio, Jenaro Castro y Carmen Sastre), uno por el PSOE (Ramón Colom) y otro por el PNV (Juan José Baños). Fuentes del Gobierno indican que quieren un acuerdo también en esta cuestión y sostienen que es fácil porque ya está marcada la "proporcionalidad", pero ven más reacios a los populares. Desde Génova 13 también admiten que es más complicado un pacto sobre esta cuestión. Alberto Núñez Feijóo y su equipo han sido muy duros en los últimos meses con RTVE y especialmente con su presidenta, Concepción Cascajosa.
Este campo de posibles acuerdos parece vedado en estos momentos a uno sobre la reforma del sistema de financiación autonómica. El Gobierno quiere abordarlo de manera multilateral pero con la vista puesta también en una posible financiación singular para Cataluña. Pero en La Moncloa, como subrayan fuentes del palacio presidencial, son conscientes de que el PP no está por la labor y creen que Feijóo no se va a sentar porque tiene muy difícil conjugar los intereses de Andalucía, Madrid y Galicia, por ejemplo. Además, en el Gobierno lamentan que el líder del PP no quisiera negociar de forma discreta esta reforma.
Sensación de que la legislatura aguanta
Lo que sí existe en el ambiente es la sensación tanto en el Gobierno como en el PP de que la legislatura puede aguantar. En La Moncloa señalan que una muestra de ello es que los populares hayan accedido a pactar ahora. “Si creyeran que va a haber pronto elecciones, no habrían acordado”, sostienen los socialistas. También cargos del PP confiesan en privado que la legislatura no está tan acabada como esperaban antes de las elecciones europeas.
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Este campo abierto para pactos en la renovación de órganos públicos no significa, no obstante, que el PSOE y el PP vayan hacia una gran coalición de facto, algo que rechazan totalmente ambas partes. De hecho, en La Moncloa creen que Feijóo seguirá en la línea dura de estrategia de oposición como se pudo comprobar en el cara a cara con el presidente durante la sesión de control de este miércoles. Por lo tanto, no esperan que esos pactos alcancen a las normas que se están tramitando en las Cortes Generales.
El pacto ha supuesto las críticas por parte de algunos socios del Gobierno. Fuentes de La Moncloa comentan que ha sido principalmente Podemos el que “más se ha pasado de revoluciones” y se muestran menos preocupados por las críticas de Esquerra Republicana. Pero tanto los socialistas como en Sumar descartan que pueda quebrarse de alianzas progresistas a raíz de la renovación del Consejo General del Poder Judicial.
El acuerdo sobre el Consejo General del Poder Judicial supone la resolución de uno de los principales embrollos de la política antes de que llegue el verano. El Gobierno quiere imprimir ahora un tono mucho más social a través de la convalidación del decreto anticrisis y la reciente aprobación de la mayor oferta pública de empleo. Además, se sigue trabajando para la presentación, antes de que acabe el mes de julio, del plan de regeneración democrática prometido por el presidente tras su cinco días de reflexión. Se mira especialmente a Cataluña, aunque en el núcleo duro del socialismo se descarta que el acuerdo alcanzado en Bruselas entre Félix Bolaños y Esteban González Pons tenga repercusiones en las negociaciones en el Parlament. Se sigue buscando una fórmula para atraer a Esquerra para unir fuerzas junto al PSC y los comunes, pero en el Ejecutivo se rechaza aceptar la petición de la creación de un concierto económico como los de Navarra y Euskadi.
La tierra es ahora fértil. El pacto para renovar el Consejo General del Poder Judicial, tras más de cinco años y medio de bloqueo por parte de la derecha, ha hecho que el Gobierno y el PP se encaminen a cerrar más acuerdos para renovar las cúpulas de ciertos órganos. Incluso esos pasos se podrían producir antes de que los políticos se tomen las vacaciones de agosto. Hay agua en la piscina.