Una ayuda para las madres que acaben de dar a luz, para protegerlas durante las seis semanas siguientes al nacimiento del niño. Una prestación de unos 700 euros, con atención domiciliaria.
Es la nueva formulación del cheque bebé del PSOEcheque bebé. Ya no es la subvención de 2.500 euros que aprobó el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2007 –y canceló en 2010– que alcanzaba por igual a familias ricas y pobres. Ahora es una ayuda más modesta, y sólo diseñada para las madres que no trabajan, que no tienen ya paro, que no tienen ningún recurso.
La idea, aunque no tan perfilada, aparece en el documento Ganar el futuro con igualdad en Europa, el texto que hoy se someterá a discusión en el foro monográfico que los socialistas celebran en Sevilla y al que acudirá el secretario general, Alfredo Pérez Rubalcaba. El PSOE invoca la necesidad de "garantizar el derecho universal a la protección de la maternidad durante las seis semanas siguientes al parto, con prestaciones económicas y/o provisión de servicios de apoyo". Pero en un encuentro con periodistas, Purificación Causapié, la secretaria federal de Igualdad, sí dio algunos detalles más de una medida que todavía falta por cerrarse.
Ferraz parte de la reflexión de que muchas madres no tienen empleo ni prestación de paro, dada la enorme gravedad de la crisis. En esa tesitura están, según los cálculos de Causapié, unas 140.000 mujeres. De ellas, "un tercio", unas 45.000, no tiene ninguna otra ayuda, ningún otro ingreso. Sobre ese universo propone aplicar el nuevo cheque bebé, que combina una subvención económica con una ayuda domiciliaria. La responsable federal ofreció una cifra orientativa, unos 700 euros, que se corresponde con la cuantía de seis semanas del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) –la mensualidad está fijada desde 2010 en 532,51 euros–, un poco más que el salario mínimo (645,30 euros). El dinero se libraría de una sola vez. La convención de hoy sábado, sin embargo, no cerrará la cantidad. Hay que tener en cuenta, además, que los trabajos de renovación ideológica del proyecto socialista no culminarán hasta la Conferencia Política del próximo octubre, cuya batuta lleva el exministro Ramón Jáuregui. En cualquier caso, como siempre recalca Ferraz, no está discutiendo "un programa electoral", con iniciativas muy perfiladas, sino grandes ideas para remozar el PSOE y su oferta a la ciudadanía.
Permiso de paternidad de hasta cuatro meses
El coste de la medida rondaría los 32 millones de euros. Causapié y su compañero el diputado Pedro Sánchez, coordinador de la Conferencia, ponían por delante que hay que situar esta propuesta en un contexto más amplio, y es la ambiciosa reforma fiscal que plantea el partido y que presentó en otro diálogo temático, en marzo, con la que cree posible recaudar 40.000 millones de euros en cinco años gravando a las rentas más altas. De hecho, los socialistas creen que esta propuesta se puede ir extendiendo a más madres. El documento, en efecto, habla de "derecho universal".
Dentro de ese escenario de mayor recaudación encaja igualmente la idea de levantar la suspensión de la entrada en vigor del permiso de paternidad de un mes para, con el tiempo, alcanzar la plena equiparación de la baja de los padres con la de las madres (16 semanas, cuatro meses).
En el documento que se presenta este sábado ya sí que aparece más cerrada la propuesta de las listas cremallera. El PSOE introdujo en 2007, en la Ley de Igualdad, una paridad relativa, donde cada sexo no podía tener una representación inferior al 40% ni superior al 60% en el conjunto de las candidaturas electorales y en tramos de cinco. Ahora quiere avanzar más: que cada sexo esté representado al 50% y que hombres y mujeres se vayan intercalando. Ferraz "probablemente" elaborará su plancha para las europeas de 2014 de esta forma, alternando los dos sexos, aunque tendría que aprobarse en la Conferencia Política. El cambio en la Ley Electoral es mucho más complejo, porque lo tiene que validar el Congreso por mayoría absoluta. Es previsible el rechazo del PP, que ya en su momento recurrió la Ley de Igualdad ante el Tribunal Constitucional y perdió.
Encaje con la propuesta de desbloqueo de listas
Las listas cremallera sí son una realidad en varias comunidades autónomas –al menos, País Vasco, Andalucía, Baleares y Castilla-La Mancha–, pero no en el conjunto del Estado. Ni tampoco el PSOE, estatutariamente, recoge por ahora el 50%. Eso también lo quiere cambiar el PSOE: que en todas las candidaturas internas (a congresos, a conferencias, a comités federales o regionales...) se respete el principio de paridad absoluta de sexos. Pero esa modificación, al afectar a los estatutos, tendrá que aprobarse en el siguiente congreso, que si no hay adelanto se celebrará en 2016.
Las listas cremallera tropiezan con un problema. En el 18 de mayo, de otro diálogo temático, el de democracia, salió la propuesta de desbloquear parcialmente las candidaturas. Ello supone que los votantes pueden ordenar la lista, en función de sus preferencias de candidatos. Al hacerlo, podría descomponer el reparto alterno de hombres y mujeres. Los socialistas estudian fórmulas para encajar ambas medidas, tarea nada fácil.
También de consumo interno es esta otra iniciativa: que se implanten mecanismos de "valoración objetiva de los méritos" de todos los candidatos. Para ello el PSOE quiere "mantener y reforzar" la Comisión de Garantía de Igualdad que creó a marchas forzadas el pasado marzo como respuesta al caso Ponferrada. La comisión dictaminaría la idoneidad de los integrantes de las listas, para garantizar "su apuesta por la igualdad y su compromiso contra la violencia de género". Sin embargo, la decisión última seguirá recayendo en la Comisión de Listas.
Otras medidas incorporadas al documento son estas:
- Mujeres al mando de las empresas. La Unión Europea ya está estudiando plasmar en una directiva obligar a las empresas a ir modificando sus consejos de administración con el fin de que en 2020 un 40% de sus miembros sean mujeres. El PSOE lo apoya y quiere que el Gobierno del PP también lo haga. Las cifras son todavía desalentadoras: del 3% de mujeres que había en puestos de alta responsabilidad a principios de siglo se ha pasado a un 12%, según los datos ofrecidos por Causapié. La Ley de Igualdad de 2007 sólo recomienda a las corporaciones a que introduzcan la paridad en los consejos, no obliga. Así que Ferraz cree que el tránsito hacia ese 40% debe ser progresivo hasta 2020. Después, se forzaría a las empresas a cambiar sus consejos si no lo hubieran hecho ya. Los socialistas aluden a los consejos de las grandes corporaciones cotizadas.
- Anuncios de contactos. El Gobierno socialista estuvo a punto de prohibir los anuncios de prostitución en la prensa y en las ediciones digitales de los medios. Pero la legislatura acabó anticipadamente y la iniciativa murió antes de nacer. En su documento, el PSOE pide que se actúe "evitando la publicidad de contenido sexual", si bien no habla taxativamente de veto. "El sistema ideal sería la autorregulación de los medios. No es que haya un cambio de actitud respecto a la legislatura pasada, es que tenemos que ver cómo lo planteamos, hacer una reflexión colectiva".
- Prostitución ligada a trata. Causapié reconoció que el PSOE no entra todavía en el debate sobre si conviene o no prohibir la prostitución. Cree el partido que lo importante "es atajar la trata" de personas con fines de explotación sexual, evitar las situaciones de "esclavización", y concienciar mediante la educación.
- Abordaje de la desigualdad en el trabajo. En salarios, conciliación, cuotas en los órganos de poder y en los comités de empresas.
- Ayudas concidionadas al impacto de género. El PSOE pretende que se garantice el compromiso por la igualdad en todas las ayudas públicas. Así, las organizaciones que quieran recibir subvenciones de las Administraciones (también las empresas) tendrán que presentar un informe de impacto de género, cuya valoración será capital para la concesión.
Una ayuda para las madres que acaben de dar a luz, para protegerlas durante las seis semanas siguientes al nacimiento del niño. Una prestación de unos 700 euros, con atención domiciliaria.