PSOE y Sumar pactan derogar las injurias a la Corona y medidas de reparación en casos de 'lawfare'

Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, en una imagen de archivo.

Los partidos del Gobierno de coalición, PSOE y Sumar, han pactado derogar las injurias a la Corona, medidas de reparación en casos de lawfare, la Ley de Publicidad Institucional y también un acuerdo para reformar uno de los artículos la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida por su detractores como ley mordaza, en el marco de las medidas de regeneración democrática anunciadas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha avanzado en declaraciones a los medios en Bruselas que el líder del Ejecutivo comparecerá este miércoles a las 9 horas para anunciar el paquete de medidas acordado por los socios de Gobierno.

"Acabamos de alcanzar un acuerdo en el que la petición de Sumar para derogar la ley mordaza se consuma", ha explicado la vicepresidenta segunda, sobre esta ley sobre delitos vinculados a libertades públicas e injurias.

En concreto, ambas formaciones han alcanzado un acuerdo para reformar el Código Penal para suprimir los denominados delitos de opinión, como las ofensas contra los sentimientos religiosos, las injurias al rey y a las altas instituciones del Estado. También han pactado una modificación de la Ley Orgánica que rige el derecho al honor para incluir una "reparación pública" ante procesos judiciales prolongados en el tiempo, que al final no derivan en apertura de juicio oral y generan un desprestigio para el afectado.

Concretamente, ambas formaciones del Ejecutivo han consensuado eliminar el delito contra los sentimientos religiosos, al entender que el actual artículo 525 del Código Penal ha motivado querellas por parte de colectivos, como Abogados Cristianos, contra representantes del mundo de la cultura y la prensa.

También impulsarán la derogación de los delitos contra la Corona (490.3 y 491) que en el pasado han motivado condenas contra humoristas, además de las injurias a las altas instituciones del Estado (504), como el caso del Gobierno, al Consejo General del Poder Judicial, al Tribunal Constitucional o al Ejército.

Otro caso es un cambio va relativo a potenciar la protección del derecho al honor en caso de instrucciones judiciales "interminables" y que no llegan a juicio oral, pero que generan titulares que desprestigian al afectado. El portavoz adjunto de Sumar Enrique Santiago ha explicado en rueda de prensa que se debe actuar ante investigaciones indeterminadas que no acaban en juicio y de las que no existe "ningún tipo de prueba", que al final tienen un "claro efecto político" para "desprestigiar" a líderes "políticos, sociales y sindicales". Ha remarcado que aún no está concretado el mecanismo concreto de la reparación, pero a su juicio una vía es que los medios publiquen los archivos de las causas en el mismo nivel de importancia del que informaron durante la investigación.

Reforma de la ley mordaza

Además, el propio Santiago ha aclarado en el Congreso que el anuncio realizado horas antes por la vicepresidenta Díaz sobre un acuerdo con el PSOE para la derogación de la conocida como ley mordaza, se limita a la reforma de un artículo para que deje de ser infracción la toma o difusión de imágenes en manifestaciones.

El también diputado de IU ha explicado que, al margen del consenso global sobre la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana que el PSOE y Unidas Podemos alcanzaron en el Congreso en la anterior legislatura, el nuevo acuerdo consiste en la modificación del artículo 36 de esa norma aprobada en 2015 con la mayoría absoluta del PP.

En concreto, la redacción que proponen los dos grupos que integran el Gobierno de coalición, establece que "no constituirá infracción la mera toma de imágenes en lugares de tránsito público y manifestaciones, o su mera difusión" y que "la situación de peligro o riesgo cierto generado deberá ser constatable y reflejarse motivadamente en el acta o la denuncia, y con el mayor detalle que sea posible". "Para nosotros siempre ha sido algo muy importante acabar con cualquier penalización o sanción a los periodistas en el desarrollo de su actividad profesional cuando cubren algún tipo de operación policial", ha indicado Santiago.

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El portavoz adjunto de Sumar ha recordado, no obstante, que cualquier modificación de la ley mordaza deberá contar con la aquiescencia de los socios parlamentarios del Gobierno, la misma que no se logró en la anterior legislatura, dando al traste con el texto acordado entre el PSOE y Unidas Podemos. El pasado mes de mayo, Sumar ya registró en el Congreso su propia proposición de ley de reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana. Ese texto recupera el informe de ponencia aprobado en la anterior legislatura, que luego decayó en la Comisión de Interior por falta de apoyos de ERC y Bildu.

En esa nueva propuesta, Sumar opta por dejar fuera los escollos con ERC y Bildu, las discrepancias sobre la prohibición de pelotas de goma y las devoluciones en caliente que llevaron a los independentistas a rechazar dicha reforma. Su idea es remitir estos aspectos a las enmiendas que se puedan plantear con idea de tejer consensos, cuando la norma arranque, en su caso, su tramitación en el Congreso.

Nueva norma de publicidad institucional

Por último, y según adelantó Díaz, ese pacto incluye la Ley de Publicidad Institucional, una nueva norma que impedirá a "pseudoperiodistas" y a quienes vulneren los códigos deontológicos en el ejercicio del periodismo acceder a subvenciones y financiación pública.

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