La rendición de cuentas de los jueces se queda fuera del plan de regeneración de Sánchez

Si no hay sorpresas, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, expondrá el miércoles en el Congreso un plan de regeneración democrática limitado a los medios de comunicación. Azuzado por los bulos que algunos medios han impulsado sobre las actividades de su esposa, Begoña Gómez, que varios jueces y los líderes del PP y de Vox han abrazado para tratar de vincularle con supuestas prácticas ilegales, Sánchez se ha propuesto impulsar medidas destinadas a desnudar los apoyos financieros de los medios que alientan la desinformación y mejorar la protección legal de las personas que ven comprometido su honor y que quieren ejercer el derecho de rectificación.

Lo que no habrá, al menos por el momento, es ninguna medida dirigida a perfeccionar la rendición de cuentas de jueces y fiscales con el fin de poner coto a la impunidad del lawfare: la utilización de los tribunales como arma política. Sumar hace semanas que trata de convencer a Sánchez para que actúe en esta dirección, pero el Gobierno no parece dispuesto a abrir ese melón. Al menos de momento. 

Es la vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, quien está sugiriendo recuperar la responsabilidad civil de los jueces y modificar el modelo de acceso a la Judicatura, entre otras medidas de reforma judicial, pero Sánchez no quiere entrar por ahora en ese debate para que no coincida con las iniciativas judiciales abiertas contra su esposa.

Son muchas las voces que, sin embargo, echan en falta mecanismos a través de los cuales exigir responsabilidades a los jueces y fiscales que abren o impulsan procedimientos claramente injustificados que acaban en nada después de meses o años de interminables procedimientos de instrucción habiendo destruido carreras políticas y reputaciones personales. Los saben bien en Podemos, uno de los principales damnificados por estas prácticas, pero los daños se extienden a políticos de todo el arco político de izquierdas.

En el futuro

Para curarse en salud y no condicionar el respaldo de sus socios, mucho más interesados que el PSOE en extender la regeneración democrática a otros ámbitos y en particular a la justicia, el Gobierno argumenta que se trata de un debate “amplio y extenso” en el que será posible hablar “prácticamente de todo” y que puede dar lugar en el futuro a otras iniciativas.

Lo cierto es que si la Cámara no lo remedia, la regeneración democrática prometida se quedará en la adopción de algunas medidas en torno a la transparencia de los medios y la protección del honor. Y nada más. 

Fuera se quedaría la adopción de medias tales como la creación de una Oficina de Ética Pública semejante a la que funciona en el Reino Unido y que supere la limitación de la actual Oficina de Conflictos de Interese. Este órgano serviría para actuar de manera preventiva a la hora de evitar cualquier duda sobre la actuación privada de altos cargos y desuso familiares. O la aprobación de un Código Ético Ministerial que regule todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con el nombramiento de asesores y sus tareas con el fin de evitar la repetición de episodios como el protagonizado por Koldo García y que está siendo investigado por la justicia.

Haría falta dotar de independencia y capacidad a la oficina de intereses y extender las incompatibilidades de altos cargos, así como incrementar los recursos de organismos implicados en la lucha contra la corrupción como el Tribunal de Cuentas y la Fiscalía Anticorrupción.

Despolitización

Tampoco parece estar entre las prioridades del Gobierno la despolitización de organismos como el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), al que la práctica totalidad de los expertos en demoscopia consideran desacreditado por obra y gracia de su máximo responsable, José Félix Tezanos, alto cargo del PSOE hasta el momento de su nombramiento.

La lista de medidas necesarias es larga. +Democracia, la organización que preside la politóloga Cristina Monge, ha precisado algunas de en un documento titulado 50 Propuestas para la Regeneración Democrática organizadas en torno a cuatro áreas clave: la reforma del funcionamiento de los partidos políticos y del sistema electoral, la lucha contra la corrupción y la ampliación de la democracia.

La mayoría de ellas no ha llegado siquiera a formar parte del debate político, pero para muchos analistas son esenciales para mejorar el funcionamiento de nuestra democracia. Como la democratización interna de los partidos (incluyendo la celebración de primarias para elegir candidatos a cargos representativos), la consideración de los programas electorales como “contratos con la ciudadanía” con rendición de cuentas anual y responsabilidad política por incumplimiento o medidas estrictas para garantizar la limpieza de su financiación, incluida la tipificación de la responsabilidad penal de quienes estén al cargo de la contabilidad.

Este grupo de expertos propone además una reforma del sistema electoral otra garantizar el mismo valor del voto para todos los ciudadanos, independientemente de su territorio, que al menos la mitad de los diputados sean elegidos de forma directa en distritos uninominales.

Acceso a la información 

Asegurar el acceso pleno a la información pública como un derecho fundamental y sancionar a la ocultación y falseamiento de datos públicos son también dos iniciativas de +Democracia, que recomienda además reservar los cargos de libre designación a los niveles superiores de la administración, exigir idoneidad técnica para altos cargos y prohibir la percepción simultánea de sueldos públicos y de partidos políticos.

Para “ampliar la democracia”, este documento sugiere la reforma de la Ley de Transparencia con el fin de establecer el acceso a la información como un derecho fundamental y garantizar la plena transparencia en cualquier actuación pública, además de facilitar las iniciativas legislativas populares reduciendo el número de firmas necesarias y creando un portal para su difusión y recogida de firmas electrónicas.

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También apuestan por reformar los reglamentos del Congreso y el Senado con el objetivo de mejorar el acceso a la información y la rendición de cuentas. Hacen falta, aseguran, mecanismos para evaluar el cumplimiento de los acuerdos no legislativos adoptados en las Cortes.

+Democracia también defiende la necesidad de poner en marcha campañas informativas dirigidas a informar a empleados públicos, empresas y ciudadanos sobre la intolerancia a la corrupción y promover una ética de responsabilidad, así como organizar actividades pedagógicas sobre la vida parlamentaria y fomentar la participación y colaboración con organizaciones de monitorización parlamentaria.

La idea responde, en última instancia, al objetivo de desarrollar mecanismos que hagan a los ciudadanos partícipes del proceso deliberativo más allá de ir a votar cada cuatro años y recuperar así la confianza en las instituciones.