PSOE y Unidas Podemos acercan posturas en la ley de vivienda y esperan cerrar un acuerdo antes de verano

Tras varios meses de negociaciones, desacuerdos y polémicas públicas, PSOE y Unidas Podemos ultiman un acuerdo sobre la ley de la vivienda, uno de los grandes temas encallados en el seno de la coalición. Según ha podido saber infolibre, los socios de Gobierno están cerca de cerrar un texto que, entre otras cosas, incluirá una amplia protección a personas vulnerables en riesgo de desahucios, promoción de vivienda pública e introducirá también controles de precios para alquileres en zonas especialmente tensionadas, una de las líneas rojas de Unidas Podemos y que ha supuesto el principal escollo en las conversaciones.

Las negociaciones entre los equipos de los ministerios de Transportes y de Derechos Sociales desembocaron la semana pasada en una reunión cara a cara entre José Luis Ábalos e Ione Belarra. La intención es que ambos lideren esta recta final de los trabajos con el ánimo de dar un impulso definitivo a una ley que debería estar desde hace tres meses en tramitación parlamentaria. La portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, confirmó este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que el acuerdo podría cerrarse “incluso antes del verano”.

“Posturas muy cercanas”

Desde ambas formaciones se extrema la prudencia a la hora de dar fumata blanca a un asunto especialmente sensible para la ciudadanía y que se ha enquistado más de lo esperado entre los socios de Gobierno. Pero varias fuentes consultadas conocedoras de la negociación reconocen que “se ha avanzado mucho” en las últimas semanas y que, a día de hoy, “las posturas están bastante cercanas”.

Los detalles que quedan por cerrar para que el acuerdo pueda ser oficial tienen que ver con el asunto más espinoso de las negociaciones: los precios del alquiler. Desde Unidas Podemos han defendido siempre que el acuerdo firmado en su día implica la dotación de herramientas legales a ayuntamientos y comunidades autónomas, las competentes en materia de vivienda, para poder intervenir el mercado del alquiler y fijar precios máximos en las zonas especialmente tensionadas por las subidas abusivas de las viviendas.

En el PSOE siempre han preferido que la bajada de los precios se produzca a través de incentivos a los propietarios más con una intervención directa en el mercado, una medida inaceptable para Unidas Podemos. Pero hace unas semanas el ministerio de José Luis Ábalos puso sobre la mesa dos nuevas propuestas: por una parte, congelar los precios del alquiler a inquilinos que deseen prorrogar sus contratos de arrendamiento en zonas tensionadas; por otro lado, que los nuevos inquilinos que accedan a una vivienda sigan pagando exactamente el mismo precio fijado a los anteriores arrendatarios si el inmueble también está en una zona tensionada.

Parar los desahucios y vivienda pública

En el texto que intentan cerrar PSOE y Unidas Podemos también se desarrollará una amplia protección a las personas vulnerables en riesgo de desahucio. Hasta ahora y a causa de la pandemia, las medidas legales antidesahucios que hay en marcha han entrado en vigor vía reales decretos que tienen una fecha de caducidad próxima: el 9 de agosto.

La idea es que esa protección desarrollada durante la crisis del covid-19 no sea temporal y no afecte solo a las personas que puedan demostrar haber sufrido directamente las consecuencias económicas de la pandemia. El objetivo es que la nueva ley pueda garantizar soluciones individualizadas a todas aquellas personas vulnerables que estén en riesgo de ser desahuciadas, desarrollando mecanismos legales que impliquen a jueces y administraciones en la paralización de los lanzamientos hasta que estas personas no tengan garantizadas una solución habitacional alternativa. Según varias fuentes del Gobierno, la nueva ley también supondrá un importante impulso a la vivienda pública.

Recurso a la ley catalana

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Tal y como adelantó infolibre, el Ministerio de Administraciones Públicas y Política Territorial ha elevado hoy al Consejo de Ministros un recurso al Tribunal Constitucional contra la ley catalana que regula los precios del alquiler. El Gobierno se ha basado en el dictamen del propio Consell de Garantías Estatutarias de Cataluña, que concluyó por unanimidad que el texto era inconstitucional porque invadía competencias estatales.

Lo que no ha hecho finalmente el Gobierno es solicitar la suspensión cautelar de la norma, que en la práctica hubiera tumbado la ley catalana de manera inmediata. Desde ERC han contactado en los últimos días con el Gobierno para pedir expresamente que no llevase a cabo esa suspensión cautelar. Varios miembros de la dirección de En Comú Podem también trasladaron esa petición al Partido Socialista, e incluso la negociación se produjo con los socios de Gobierno de Unidas Podemos. Finalmente la ley ha sido recurrida pero no paralizada, y la idea es que la nueva legislación estatal ya esté en vigor cuando el TC se pronuncie sobre la catalana.

El Sindicato de Inquilinos ha vuelto a convocar una concentración a las puertas del Congreso para este mismo miércoles. Exigirán la puesta en marcha inmediata de la nueva ley de vivienda.