Carles Puigdemont no quiere que el protagonismo recaiga este jueves en Salvador Illa, aunque sea el día de su investidura en el Parlament. El expresident de la Generalitat quiere tirar de heroicidad con su regreso a suelo español tras siete años en el extranjero, pese a que sobre él recae una orden de detención nacional emitida por el juez instructor del procés, Pablo Llarena, después de que el magistrado rechazara aplicarle la ley de amnistía al delito de malversación de caudales públicos que le atribuye. Se fue a Bélgica en 2017 para evitar ser juzgado por su participación en la organización del referéndum ilegal del 1-O y la posterior declaración unilateral de independencia. Desde Waterloo ha ejercido de líder moral de Junts y en las pasadas elecciones de mayo fue el candidato de la formación.
En esa campaña electoral prometió que estaría presente en el pleno de la investidura como reclamo para atraer al independentismo y este miércoles anunció que ya había "emprendido el viaje de retorno desde el exilio" con la intención de estar presente en la investidura de Illa, pese a que no hizo amago de volver ni para la de Quim Torra y tampoco la de Pere Aragonès. En todos estos años no ha cruzado la frontera para evitar ser llevado frente a la justicia española. Tras la aprobación de la ley de amnistía ha cambiado el relato, asegurando que su objetivo es "confrontar" el "desafío" de los jueces del Supremo que se resisten a aplicar la norma.
Lo que busca Puigdemont es dar un golpe de efecto en un momento clave de la política catalana tras el acuerdo de sus antiguos socios de Esquerra Republicana con el PSC para investir a un candidato socialista después de que el independentismo perdiera la mayoría absoluta tras décadas de dominio. Desde el pasado mayo Junts ha presionado a los republicanos para que apoyaran a Puigdemont frente a Illa pese a que la investidura del primero era ariméticamente imposible, incluso si se sumaba a la mayoría independentista a la formación xenófoba Aliança Catalana. Lo que sí logró Junts es hacerse con la presidencia del Parlament, de la mano de Josep Rull, que puede ser clave este jueves tanto si Puigdemont es detenido como si logra de algún modo entrar en el Parlament.
Si finalmente se le detiene, Rull ya ha anunciado que suspenderá el pleno de investidura del candidato socialista. El reglamento fija que suya es la prerrogativa para suspender o levantar la sesión en caso "de altercados o de desobediencia obstinada" de un diputado. Las formaciones que votarán ‘sí’ a la investidura de ella, PSC, ERC y Comuns, ya han asumido que es un escenario posible, pero prevén solicitar que la investidura se realice como tarde la próxima semana. Illa tiene hasta el 26 de agosto para ser investido antes de la convocatoria automática de elecciones pero ninguna de las tres formaciones quiere apurar tanto los plazos.
El objetivo de Puigdemont: sortear el cordón policial o boicotear la investidura de Illa
Junts aborda con secretismo el plan de regreso de su líder. El partido busca movilizar a todos los alcaldes independentistas, cerca de 700, para apoyar al expresidente con una concentración en el Passeig Lluís Companys de Barcelona, un enclave cercano al Parlament, programada para las 9am de este jueves, una hora antes de que dé comienzo el pleno de investidura. Con ese acto Junts busca que el independentismo cierre filas en torno a Puigdemont como parece que así ocurrirá, ya que además del partido de Puigdemont, la CUP y Esquerra Republicana, el acto contará con la presencia de la ANC, Òmnium Cultural, la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI) y el Consell per la República, la entidad privada que preside el propio Puigdemont.
Junts prevé que ese acto culmine con un discurso de Puigdemont que, si busca evitar su detención, deberá realizar de manera telemática. De lo contrario y con la orden de arresto vigente, cualquier cuerpo de seguridad de España tiene la obligación de detenerlo en el caso de detectar su presencia. La posible detención de Puigdemont volverán a convertir el caso del procés en una causa con preso, lo que significa que su tramitación deberá ser de nuevo preferente frente al resto. Si la detención ocurre, Llarena tendrá un plazo máximo de 72 horas para convocar la comparecencia prevista en el artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal tras la cual tendrá que decidir si lo envía a prisión provisional o lo deja en libertad con la obligación de comparecer en un juzgado periódicamente.
La mañana del jueves los Mossos d’Esquadra estarán más que presentes y blindarán el parque de la Ciutadella, en cuyo interior se encuentra la cámara legislativa catalana, para que el líder de Junts pueda acceder sin ser detenido. Los Mossos establecerán controles en todo el perímetro del parque, revisando una a una las acreditaciones de los diputados, trabajadores del Parlament y periodistas que acudan este jueves a la sesión de investidura. El secretario general de Junts, Jordi Turull, avanzó en TV3 que si el expresident catalán logra estar presente en el Parlament para la investidura, será un "día histórico" porque podría de manifiesto como Puigdemont logra sortear a las fuerzas de seguridad siete años después de su marcha en el maletero de un coche.
Si finalmente es detenido, Rull podría tomar la decisión de aplazar el pleno. Esto significaría que no llegaría a arrancar —de hecho, si el pleno se inicia el presidente del Parlament solo podría aplazarlo durante 24 horas— y que la convocatoria se mantendría, pero otro día. Así, Puigdemont conseguiría boicotear la investidura del socialista aunque de manera temporal. En ese supuesto, debería ser Rull el que indicara una nueva fecha aunque los grupos podrían forzar una reunión de la Diputación Permanente, en la que tienen mayoría el PSC, ERC y los comunes, para acordar nuevo día.
El fin del procés (tal y como lo conocemos)
Las incógnitas ante la investidura de Illa: de la vuelta de Puigdemont a la suspensión del pleno
La posible vuelta de Puigdemont pone fin al procés, al menos tal y como lo conocemos.Tras la Declaración Unilateral de Independencia, el líder de Junts quiso convertir las elecciones del 21 de diciembre, convocadas por el expresidente Mariano Rajoy en aplicación del artículo 155 de la Constitución, en una respuesta ciudadana a la intervención del autogobierno catalán y al encarcelamiento de “un gobierno democráticamente elegido”. Junts, al igual que la CUP, acudió a aquellas elecciones con la promesa de restaurar a Puigdemont como president de Cataluña y desarrollar la república catalana en los términos establecidos por la ley de transitoriedad anulada por el Tribunal Constitucional. Esquerra, en cambio, se presentó asumiendo ya la estrategia de no volver a forzar la legalidad.
Entonces Puigdemont le ganó la partida a Junqueras y consiguió retener el mando de la alianza soberanista. Puso al frente del Govern a Quim Torra, una persona de su absoluta confianza y, desde el Palau de la Generalitat —y el Parlament—, impulsó el enfrentamiento con el Gobierno, primero el de Mariano Rajoy y después el de Pedro Sánchez. La intención del expresident de la Generalitat siempre fue la consumar la independencia por la vía de los hechos desafiando el ordenamiento jurídico y provocando una situación que acabe forzando a la comunidad internacional a intervenir y obligar al Gobierno español a convocar el referéndum de independencia. Una política, la de buscar la ruptura, que Esquerra se resistió a secundar por todos los medios a su alcance, entre ellos la firma de un acuerdo con el PSOE para crear la mesa de diálogo sobre Cataluña, que el pasado año replicó Junts al pactar la amnistía a cambio de la investidura del socialista.
En las elecciones del pasado mayo se certificó la perdida de pujanza del independentismo en las urnas al no sumar mayoría absoluta, un hito histórico si se tiene en cuenta que el mínimo de escaños independentistas, lo obtuvieron en 1999 con 68 diputados. Con ese último movimiento, Puigdemont trata de ser el último protagonista de un procés que él mismo lideró pero que actualmente no cuenta con mayorías ni dentro ni fuera del Parlament para reclamar el ansiado reférendum que a día de hoy está lejos de las expectativas de todas las formaciones independentistas.
Carles Puigdemont no quiere que el protagonismo recaiga este jueves en Salvador Illa, aunque sea el día de su investidura en el Parlament. El expresident de la Generalitat quiere tirar de heroicidad con su regreso a suelo español tras siete años en el extranjero, pese a que sobre él recae una orden de detención nacional emitida por el juez instructor del procés, Pablo Llarena, después de que el magistrado rechazara aplicarle la ley de amnistía al delito de malversación de caudales públicos que le atribuye. Se fue a Bélgica en 2017 para evitar ser juzgado por su participación en la organización del referéndum ilegal del 1-O y la posterior declaración unilateral de independencia. Desde Waterloo ha ejercido de líder moral de Junts y en las pasadas elecciones de mayo fue el candidato de la formación.