Las reformas que exigen los fiscales tras el 'caso Moix'

Manuel Moix ha dimitido este jueves como fiscal jefe de Anticorrupción después de que infoLibre revelase en exclusiva el pasado lunes que es dueño desde 2012 del 25% de DuchesseFinancial Overseas, una sociedad radicada en el paraíso fiscal de Panamá que es propietaria de un chalé valorado en 550.000 euros en el municipio madrileño de Collado Villalba. "Me ha presentado hace unos minutos su renuncia de manera absolutamente irrevocable al puesto por motivos personales", señaló a primera hora de la mañana en una comparecencia ante los medios el fiscal general del Estado, José Manuel Maza.

El anuncio ha llegado pocas horas después de que la Asociación de Fiscales –la mayoritaria– exigiese su dimisión, tal y como también habían pedido desde la Unión Progresista de Fiscales (UPF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF). Aunque la AF había apoyado el nombramiento de Moix tras valorar "su trayectoria profesional", consideró que la participación del jefe de Anticorrupción en una sociedad panameña "compromete la imagen de imparcialidad de la institución" y supone "un menoscabo para la imagen de la Carrera Fiscal".

El caso Moix, y todos los escándalos que se han ido destapando en sus casi tres meses en el cargo, ha vuelto a poner sobre la mesa la necesidad de impulsar cambios en un Ministerio Fiscal cada vez más cuestionado. Es un asunto que las asociaciones de fiscales ya abordaron la semana pasada en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados. "La legislación y reglamentación es manifiestamente mejorable", señala Miguel Pallarés, portavoz de APIF. "Hay que hacer una redefinición para dar una imagen de mayor imparcialidad y objetividad", completa Jesús Alonso, de la AF.

La elección del fiscal general del Estado

El primer punto en cuestión que abordan las asociaciones tiene que ver con el nombramiento del fiscal general del Estado, que viene recogido en el artículo 124.3 de la Constitución Española y que se produce "a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial". "Desde que se aprobó la Constitución creo que ningún fiscal general se ha podido quitar ese estigma de haber sido nombrado por el Ejecutivo", dice Pallarés en conversación con infoLibre. Una opinión que también comparte Alonso: "Hay que separarle de esa imagen de imparcialidad".

Para ello, ponen sobre la mesa la posibilidad de que el Parlamento participe en este nombramiento. Ambos fiscales son conscientes de que el procedimiento viene establecido en la Constitución y, de querer cambiarlo radicalmente, sería necesario abrir la Carta Magna. Sin embargo, añade Pallarés, sería suficiente con incluir en el Estatuto del Ministerio Fiscal "que tiene que contar con el respaldo de 2/3 del hemiciclo o con la mayoría que se considere oportuna". "Si adoptamos esa primera medida, automáticamente dejará de ser el fiscal del Gobierno, porque necesitará ser una persona que genere consenso", explica el portavoz de APIF.

Pallarés y Alonso también ponen sobre la mesa la posibilidad de que el jefe del Ministerio Fiscal pueda ser cesado por el Parlamento. "Si se implica al Congreso en el nombramiento, pues igual también tendría que poder quitarle", apostilla a este diario el portavoz de la AF, que añade que para ambos casos serían necesarias "mayorías reforzadas, no simples, que impliquen al mayor número de diputados". Pallarés, en este sentido, asevera que las causas del cese "deben ser bien analizadas" para evitar que "algunos políticos intenten cesarle" aunque esté "haciendo bien su trabajo".

Jerarquía y poder absoluto

Álvaro García, presidente de la UPF, se centra en "el principio de jerarquía", algo que, añade, puede cambiarse reformando simplemente el Estatuto. En su opinión, "el ejercicio de poder" del fiscal general del Estado "no puede ser absoluto": "No nos parece razonable este poder de rey sol", considera García. En este sentido, recuerda que el jefe del Ministerio Fiscal "tiene más poderes ejecutivos y directos que nadie en todo el ordenamiento jurídico" porque puede "nombrar discrecionalmente a más de 200 personas". "Es una magistratura absolutista", critica Pallarés.

Así, tanto la UPF como APIF creen necesario establecer una serie de contrapesos que equilibren todo este poder, tal y como existen en otros países de nuestro entorno. "Órganos judiciales propios de los fiscales pero que estén legitimados. Con esto no quiero decir que seamos un Gobierno corporativo, que es muy peligroso, sino que existan contrapesos al poder del fiscal general", dice García, que también considera necesario que los fiscales puedan gozar de autonomía: "El hecho de que la cúpula de la carrera vigile y controle lo que hacen todos los fiscales de España debería dejarse para cuando es absolutamente necesario".

Blindaje de fiscales

El primer escándalo de Moix al frente de Anticorrupción llegó cuando se conoció que había ordenado a los fiscales del caso, Carmen García Cerdá y Carlos Iañez, frenar parte de la Operación Lezo. La decisión del jefe fue rechazada por los subordinados, que, amparándose en el artículo 27 del Estatuto, decidieron llevar el tema ante la Junta de Fiscalía. Finalmente, sus compañeros terminaron por darles la razón: de 22 miembros reunidos, 20 se opusieron a la orden, uno la respaldó y el último se abstuvo.

Con esto en la mente, las asociaciones consideran necesario blindar a los fiscales que llevan los casos. "Es necesario que desaparezcan este tipo de órdenes", sostiene Pallarés. Coincide García, que diferencia entre dos tipos: "orden de acusar, que tiene que estar muy motivada y razonada, y orden de no acusar". En este sentido, cree que debería ponerse fin a la segunda clase: "Si un fiscal acusa injustamente, siempre el tribunal puede corregirlo. Sin embargo, si un fiscal no acusa está absolviendo previamente a una persona. Los peligros de no acusar son muy grandes, generan territorios de impunidad".

El portavoz de la APIF, volviendo a Lezo, recuerda que el ex fiscal jefe de Anticorrupción podría haber impuesto su criterio a pesar del voto en contra de la mayoría y considera que esa posibilidad "debería suprimirse" porque, dice, "lo que decida la mayoría es lo que debe imponerse". En materia de blindaje, Pallarés también cree necesario establecer la prohibición de relevar al fiscal de un caso, tal y como Moix intentó con los del caso 3%, "salvo por causas muy graves". "No somos peones en un tablero de ajedrez", apostilla.

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Código Deontológico

En el comunicado en el que exigían la dimisión de Moix, la Asociación de Fiscales también señalaba que, tras casos como el desvelado por infoLibre, "se hace necesario exigir una vez más un Código Deontológico, reclamado insistentemente por la Carrera". "Se ha trabajado en esto durante muchos años, pero nunca se ha cerrado ningún texto. Es necesario que se establezcan cuestiones de compatibilidades, incompatibilidades, formas de actuar", dice el portavoz de la AF.

García afirma que la Unión Progresista de Fiscales "lleva año y medio" preparando un Código Deontológico porque, añade, "es una labor que tiene que ir de abajo arriba". Pero asevera que "hay que hacerlo bien", que no basta "hablar de conflicto de intereses en general". "Hay que definir qué es conflicto de interés, establecer qué pasa si tu familiar trabaja en un sitio o en otro, qué sucede si participa en una sociedad en Panamá...", sentencia el portavoz de la UPF.