"Los sistemas educativos equitativos desempeñan un papel importante en la creación de sociedades más justas e inclusivas". Son palabras de Mariya Gabriel, comisaria europea responsable de Innovación, Investigación, Cultura, Educación y Juventud. Gabriel firma el preámbulo que introduce el informe Equidad en la educación escolar en Europa. Estructuras, políticas y rendimiento escolar [disponible en este enlace] , confeccionado por el grupo Eurydice de la Comisión Europea.
Los países miembros, añade la comisaria, son "los principales responsables de garantizar la equidad en educación para que cada estudiante pueda alcanzar su propio potencial" y sin embargo "el origen socioeconómico de los estudiantes sigue condicionando su éxito". La crisis del covid-19 "trae consigo un aumento de los desafíos que probablemente agravarán las desigualdades existentes", advierte. Para afrontar los retos, no obstante, urge partir de una situación de equidad previa. España cuenta en particular con algunos frentes abiertos que debe encarar si quiere evitar que la desigualdad anide en el sistema educativo.
El pasado 16 de junio, la propia Comisión Europea ya lanzaba una advertencia: contrarrestar los efectos de la crisis requiere de implicación por parte de los países miembro. El organismo instó a las autoridades a "garantizar la igualdad de oportunidades y el acceso continuo a la educación y la formación de alta calidad para los estudiantes". ¿Qué debe corregir España para caminar hacia un horizonte más equitativo? Estas son las cuestiones en las que Bruselas suspende al sistema educativo español en plena pandemia de coronavirus.
Excesivas repeticiones
No es un secreto: el sistema educativo español está atravesado por una tasa de repeticiones desfasada respecto a sus vecinos europeos. Y todo ello a pesar de que la tendencia europea refleja que "la repetición de grados sigue siendo la norma, especialmente en secundaria". El informe recuerda la existencia de razones "para esperar que las repeticiones puedan tener un impacto negativo" a la hora de "ampliar la brecha" entre el alumnado y además haciendo de las características socioeconómicas un determinante "aún más fuerte" respecto al éxito de los estudiantes. De esta manera, los estudios al respecto "han demostrado que los estudiantes desfavorecidos" tienen más probabilidades de repetir, pero también de "abandonar la escuela antes de tiempo". Del mismo modo, añade el estudio, "la segregación académica se eleva cuando las tasas de repetición de grado aumentan".
España se instala en el top tres de países con mayores tasas de repetición: un 28,7%, sólo por detrás de la Comunidad Francesa de Bélgica (41,1%) y de Luxemburgo (32,2%). "Dada la creciente evidencia de que la repetición no ayuda realmente al rendimiento de los estudiantes, sino que lo perjudica, se podrían esperar reformas educativas en esta área", reflexiona el informe. Y así está siendo en el parte de los países europeos. Actualmente, seis países permiten pasar de curso de manera automática en la enseñanza primaria –Bulgaria, Malta, Reino Unido, Islandia, Macedonia y Noruega–, mientras que otros cuatro lo conceden en el primer ciclo de secundaria –Malta, Reino Unido, Islandia y Noruega–. En nueve países la repetición de curso no está permitida para determinados años de la educación primaria.
En España, la ministra de Educación, Isabel Celaá, ha expresado desde su entrada en el ministerio su apuesta personal por limitar el número de repeticiones. El pasado 15 de octubre, el Congreso de los Diputados convalidó el Real Decreto Ley de medidas urgentes en el ámbito de la educación no universitaria, según el cual la repetición se considerará una medida de carácter excepcional que el equipo docente adoptará de manera colegiada en función de la evolución académica global del estudiante. "El sistema español es abusivo con las repeticiones", defendía recientemente la titular de la cartera.
Alta presencia de la privada
De todos los países analizados, tan solo cuatro cuentan con una presencia de la educación pública, en primaria, inferior al 80%. Entre ellos, España: la proporción del sector privado es del 30%. Sólo por detrás de Bélgica (55%) y Malta (44%). El cuarto es Reino Unido (24%). En todos los ejemplos citados existe un predominio claro de las instituciones dependientes del gobierno dentro del sector privado, es decir, la escuela concertada.
Aunque el informe reconoce la dificultad de establecer una relación lineal entre la dimensión del sector privado y la equidad, sí determina que "el tamaño del sector privado dependiente del gobierno tiene un impacto significativo" en el grado de segregación, por lo que "un sector privado dependiente del gobierno más grande va unido a grados más altos de segregación académica", especialmente en la educación primaria.
En el año 2018, último con datos del Ministerio de Educación, el gasto en la enseñanza concertada experimentó su quinto récord consecutivo, con una inversión de 6.342,1 millones de euros. La inversión destinada a la educación pública fue de 50.807,185 millones de euros, una cifra que empieza a demostrar cierta recuperación, pero que no termina de ganar el pulso: se recuperan los niveles de 2011 (50.631,080) después de años por debajo del umbral de los 50.000 millones, pero todavía queda lejos el techo histórico de 2009 (53.895,012).
La Comisión Europea recuerda que "una forma importante de diferenciación", especialmente en el nivel primario, tiene que ver con la brecha entre el sector público y el privado, más específicamente "la distinción entre instituciones públicas y privadas dependientes del gobierno".
Carga económica para las familias
Otra de las variables que tienen especial relevancia en lo que respecta a la desigualdad dentro del sistema educativo guarda relación con la carga económica para las familias. Es decir, los esfuerzos de cada hogar a la hora de invertir en educación. En España, la inversión privada supone un 14,2%, la segunda tasa mayor de todos los países analizados, sólo por detrás de Turquía (18,9%). La media europea se instala en el 5,25% y en países como Finlandia, Noruega y Rumanía es nimia, por debajo del 1%.
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Sólo en seis sistemas educativos la financiación privada juega un papel importante, por encima del 10%. Además de Turquía y España, esos países son Reino Unido, Portugal, Malta y Chipre. El hecho de que el gasto familiar sea mayor en estos territorios, "puede significar que la equidad en la educación es comparativamente más baja". Es decir, advierte el informe, existe una "fuerte correlación entre la financiación pública por estudiante y la equidad en términos de la brecha de rendimiento", al menos en las primeras etapas de la educación.
Las consecuencias de dejar en manos de las familias buena parte de la inversión educativa conllevan una serie de consecuencias que se intensifican en un momento de crisis económica. Un informe del Banco Mundial elaborado en mayo desgrana cómo "la contribución directa de los hogares a la educación", sin apoyo de las instituciones, tiende a ser mayor en los países más pobres. La disminución de los ingresos en los hogares, por tanto, "reducirá sus inversiones en educación", generando importantes desigualdades sociales. La crisis del coronavirus ha impuesto una serie de particularidades en la esfera educativa que han supuesto una mayor carga económica para las familias. Los útiles sanitarios para garantizar la seguridad y las herramientas tecnológicas para encarar la educación a distancia elevan hasta los 879 euros el gasto familiar extraordinario.
La Comisión Europea recuerda, en ese sentido, el papel absolutamente fundamental de la financiación de la enseñanza pública y la apuesta decidida de los estados por este modelo como garante de la equidad entre los estudiantes.