Reyero, sobre el 'Protocolo de la Vergüenza': "Cuando me explicaron el criterio, me eché las manos a la cabeza"
"La primera noticia que tuve sobre este protocolo fue el día 20 de marzo. Era la segunda versión, nunca tuve conocimiento del primero. Cuando me explicaron los criterios médicos de aquel documento, me eché las manos a la cabeza". El que habla es Alberto Reyero, exconsejero de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid desde agosto de 2019 a octubre de 2020. Él era el encargado de las residencias de mayores durante la primera ola de covid-19 en la región cuando murieron 9.468 personas. De ellas, 7.291 mayores, el 77%, lo hicieron sin ser trasladadas a un hospital a causa del conocido ya como Protocolo de la Vergüenza, desvelado por infoLibre, que impidió la derivación hospitalaria de residentes con mayor grado de dependencia física o con un mayor deterioro cognitivo.
Reyero ha sido la única autoridad presente en el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso durante la primera ola de la pandemia que se ha sentado este sábado en la segunda jornada de la comisión ciudadana impulsada por plataformas Marea de Residencia y Verdad y Justicia para "buscar la verdad y la reparación para las víctimas". Mientras la jornada del viernes estuvo dedicada a escuchar a familiares y trabajadores, la de este sábado ha sido para los que el presidente de esta especie de tribunal, el fiscal y magistrado emérito del Supremo José Antonio Martín Pallín, ha denominado "peritos".
El exconsejero, que también ha declarado dos veces ante los tribunales en calidad de testigo, ha sido el primero en tomar la palabra para explicar su papel en una crisis sanitaria en la que supuestamente él estaba al frente de las residencias que ha defendido que eran "lugares donde se cuida, no donde se cura". "La información nos llegaba filtrada por la Consejería de Sanidad", ha detallado. Reyero ha explicado que lo vivido en aquella primavera fue "tsunami" y que el primer caso del que tuvo constancia en una residencia fue el 4 de marzo: "Al principio pensaron que era una neumonía más. Fue en la residencia de La Paz".
Uno de los temas que ha puesto encima de la mesa Reyero ha sido la ausencia de derivaciones antes de los protocolos. "Se produjeron más derivaciones en el mes de febrero que en marzo. El parón se produjo sobre el 10 de marzo", ha detallado. Para el exconsejero, las cuatros versiones del protocolo —que desveló infoLibre en mayo de 2020— fueron "la constatación de algo que ya se estaba produciendo". Asimismo, tras destacar que posiblemente en otras comunidades existieron órdenes similares pero que no se pusieron por escrito, algo que sí que sucedió en la Comunidad de Madrid, ha señalado que él envió un correo advirtiendo sobre la legalidad de estos documentos, por eso en las versiones del 24 y el 25 de marzo se eliminó el término "exclusión".
"Se tomaron decisiones que no son éticas, en las que las personas mayores tienen menos valor que el resto de ciudadanos. Se tomaron medidas edadistas, pero la propia sociedad ha reaccionado igual, sin darle la importancia que tiene", ha asegurado Reyero que ha insistido en varios momentos de su declaración que el principal criterio era la falta de movilidad. "Se podía trasladar a una persona, pero a su compañero de mus en las mismas condiciones por ir en silla de rueda no", ha argumentado.
También ha criticado la falta de "transparencia" sobre lo que sucedió en las residencias. "Siempre me pareció una barbaridad que no se produjera una comisión de investigación ni en la Asamblea ni en el Congreso. La única manera de que no se repitan los errores es analizarlos para que no se vuelvan a producir", ha expuesto.
"Se tomaron decisiones que no son éticas, en las que las personas mayores tienen menos valor que el resto de ciudadanos"
Reyero también ha apuntado otras causas que afectaron al drama que se vivió dentro de estos centros. Por un lado, la falta de personal: "Las residencias sufrieron un 40% de bajas, eso añadido a una situación convulsionada era una bomba de relojería". Además, el propio sistema sanitario en vez de aportar médicos y enfermeros a las residencias "los quitaba", por ejemplo, para enviar a Ifema, donde se trataba a casos más leves. Y, por otro, los recortes. "La crisis de 2008 se tradujo en recortes en lo social y en lo sanitario. Estos recortes tienen sus consecuencias", ha detallado, por ejemplo, en falta de material.
El exconsejero ha terminado su comparecencia afeando al Gobierno de la Comunidad de Madrid que no se haya reunido aún con las familias de las víctimas de residencias. "Lo primero que necesitan las familias es que se sepa la verdad. El hablar de lo que ha pasado no les hace daño, todo lo contrario, les sana. Se lo tenemos pendiente a los ciudadanos que perdieron a sus seres queridos durante este periodo. Se siguen equivocando y no tienen altura moral para mirar a los ojos a los familiares", ha asegurado Reyero.
La denuncia del Ayuntamiento de Leganés
Otra autoridad política en aquella época que ha comparecido este sábado ha sido el exalcalde de Leganés Santiago Llorente. "No sabíamos qué hacer, incluso baldeamos las calles, algo que supimos después que no tenía ningún sentido", ha explicado. Con respecto a lo sucedido en las residencias, el exregidor ha detallado que en la localidad madrileña, hay ocho residencias para personas mayores, en las que fallecieron 259 durante la primavera de 2020. "Durante esos días empecé a preocuparme porque veía que no había recursos y que las residencias no tenían ni profesional sanitario", ha expuesto.
Llorente ha detallado que ante lo que se estaba viviendo decidieron recurrir a la justicia para lograr "una verdadera medicalización" y ha recordado que el TSJ de Madrid obligó al Gobierno de Ayuso a hacerlo en 2020 pero dos años después concluyó que actuó bien. Tal y como ha detallado el exalcalde, será ahora el Tribunal Supremo determinará si la Comunidad debió medicalizar las residencias tras aplicar el Protocolo de la Vergüenza.
"No sabíamos qué hacer, incluso baldeamos las calles, algo que supimos después que no tenía ningún sentido"
No obstante, el nuevo regidor, el conservador Miguel Ángel Recuenco, ha confirmado que el letrado del Ayuntamiento decidirá si se retira o no el recurso. "El objetivo no es señalar a nadie en concreto, no hemos buscado sentar a nadie a título personal, sino investigar las decisiones políticas", ha explicado Llorente.
"Hubo un abandono institucional"
También ha comparecido el diputado socialista José Ángel Chamorro, que fue presidente de la comisión de investigación sobre las residencias de la Asamblea de Madrid. "Pudimos haber hecho más, pero no nos dejaron", ha puntualizado, en referencia al punto y final a esta comisión por la convocatoria electoral de mayo de 2021. "Se constituyó el 6 julio de 2020 y nos dio tiempo hasta que se disolvió la cámara a ocho sesiones con 21 comparecencias. Se escucharon al menos cinco cosas que daban ya pie un dictamen y no habían comparecido personal de la Consejería", ha señalado.
Chamorro ha recordado que durante la comisión de investigación se observó que no se hicieron derivaciones de residencias a hospitales privados, a no ser que tuviesen póliza de seguros; que hubo un "abandono institucional", y que no se cumplían los ratios de personal. "Si hubieran dejado elevar el dictamen al pleno, con una clara culpabilidad en la gestión de la Consejería de Sanidad, que es la que asumió el mando de las residencias", ha concluido.
"Si hubieran dejado elevar el dictamen al pleno, con una clara culpabilidad en la gestión de la Consejería de Sanidad, que es la que asumió el mando de las residencias"
"Se les llegó a negar algo tan esencial como el oxígeno"
Además de personas con responsabilidades durante la pandemia, también han comparecido tres médicos. Por parte de Médicos sin Fronteras, Miriam Alía ha explicado que lo que se vivió en las residencias fue algo "atroz". "Estuvimos trabajando en residencias desde el 6 de abril hasta el 22 de mayo", ha detallado al tiempo que ha matizado que "podían contactar con nosotros para pedirnos ayuda, pero no pudimos entrar en las residencias hasta que nos dieron permiso desde el Plan Territorial de Protección Civil de la Comunidad de Madrid (PLATERCAM), que depende de la Consejería de Justicia". "Nos encontramos con un personal totalmente sobrepasado y con sentimiento de culpa porque no sabían si estaban haciendo las cosas bien", ha sostenido.
Alía, que ha comparecido por videoconferencia desde Sudán del Sur, ha destacado que jamás ha visto "en 18 años" y, tras trabajar en Siria o en brotes de ébola en África, un triaje que "no tenga en cuenta la capacidad de supervivencia desde el punto de vista clínico". "No sé hasta qué punto estos criterios de derivación deberían ser legales", ha señalado emocionada y ha recordado que en la Comunidad de Madrid a pacientes en residencias se les llegó a negar "algo tan esencial como el oxígeno".
"Nunca había visto un triaje que no tenga en cuenta la capacidad de supervivencia desde el punto de vista clínico"
Una forma "cruel" de morir
Francisco Pozo, médico especialista en neumología y epidemiología, ha destacado la falta de transparencia con respecto a las cifras de víctimas por el covid: "No disponer de datos significa no disponer de una comprensión de la realidad sustentable". No obstante, ha destacado que la restricción de ingresos hospitalarios es una singularidad de la Comunidad de Madrid con respecto a otros lugares: "Las decisiones sobre las derivaciones deben hacerse éticamente sobre datos individuales, de lo contrario no resulta clínicamente ética". Algo que, por el protocolo, no sucedió.
Con respecto a la ausencia de medicalización, ha destacado que esto provocó una "ausencia de acompañamiento afectivo" y, por tanto, fue una forma "cruel" de morir. "Este sufrimiento no puede olvidarse, quedar impune ni volver a repetirse", ha admitido.
Por su parte, Manuel González, médico especialista en cuidados paliativos, ha señalado que los cuatro equipos que hay en la región intervienen en las residencias a "demanda", es decir, a solicitud de los propios centros. "Los recursos que tienen suelen ser públicos. Por ejemplo, los opiáceos los llevábamos nosotros. Las residencias, en general, tienen recursos de oxígeno", ha detallado. Asimismo, ha confesado que, desde sus equipos, forzaban "la derivación a los hospitales": "Nosotros lo teníamos más fácil".
En esta segunda jornada de comparecencias también ha tomado la palabra Carmen Miquel de Amnistía Internacional que ha destacado la falta de información sobre las causas abiertas por parte de la Fiscalía y ha incidido en la desidia de España para investigar las muertes en residencias.
"El protocolo nos horroriza a todos"
Por último, ha sido el turno de tres periodistas que han ido desvelando a lo largo de estos casi cuatro años el drama vivido en las residencias. Entre ellos, Manuel Rico, corresponsal en España de Investigate Europe y colaborador de infoLibre. "Hay pruebas escritas de que antes del 18 de marzo no se permitían ya las derivaciones hospitalarias", ha recordado Rico, que publicó el documento de la residencia madrileña La Purísima Concepción.
No obstante, el periodista también ha querido poner el foco en otros factores que permitieron esta situación: "El protocolo nos horroriza a todos, pero hay otros dos elementos: la no medicalización y la no utilización de las vías alternativas". Rico también ha apuntado que "en las seis semanas que estuvo abierto Ifema murieron en las residencias más de 5.000 personas, ni una sola fue tratada en este hospital de campaña".
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Por su parte, Elena Jiménez, periodista de la Cadena Ser, ha recordado que la primera alarma que le llegó fue de la residencia Monte Hermoso de Cercedillas: "No llegaban las ambulancias". Después, ha relatado, fueron recibiendo ejemplos de "cadáveres durante 24 horas sin ser trasladados", casos de no derivaciones o informaciones de "miles de mascarillas sin usar durante días".
Y, por último, Fernando Peinado, de El País: "Recuerdo que el fin de semana del 7-8 de marzo llegaron al periódico llamadas que los hospitales estaban colapsados. No somos conscientes de lo que estaba sucediendo en las residencias hasta el 18 de marzo cuando un cable de Europa Press cuenta que había 18 muertos en la de Monte Hermoso". "Siempre contactamos con la Comunidad de Madrid para confirmar. Pero con lo que pasó en Monte Hermoso quedó claro que estaban mintiendo", ha asegurado.
Tras dos jornadas de comparecencias, la comisión ciudadana emitirá ahora un informe que se trasladará a instituciones de la Comunidad de Madrid, nacional e internacionales. "Vamos a intentar que tenga la absoluta razonabilidad", ha afirmado Martín Pallín. "Hemos prestado un buen servicio, no se trata de criminalizar a nadie, sino de poner en conocimiento de la sociedad lo que ha sociedad. Y llamar la atención sobre algo que nunca mais, citando al grito durante las protestas por el Prestige, debe volver a suceder", ha concluido el presidente de esta especie de tribunal.
