Política
Salvador Victoria pide permiso al juez para asesorar al dictador Obiang en un rodaje
El exconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, Salvador Victoria, imputado en el caso Púnica, solicitó autorización al juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco para desplazarse durante tres días a Guinea Ecuatorial para asesorar al Gobierno en un "proyecto cinematográfico" de promoción turística del país africano.
Fuentes jurídicas indicaron a Europa Press que el magistrado solicitó a Victoria que detallara el objeto de este desplazamiento que reclama antes de decidir si lo autoriza o no.
Según indicó en un escrito, Victoria, contra el que pesa la prohibición de abandonar España, pidió desplazarse a Guinea este jueves y regresar el sábado "para el cumplimiento de sus obligaciones y compromisos profesionales".
Recordó que desempeña ahora su labor en la empresa Activate 2 y reclamó autorización judicial con "carácter urgente". Agregó que fue "expresamente" llamado por el Gobierno que dirige Teodoro Obiang y sólo él puede "única y exclusivamente" asistir al acto.
Victoria aportó una carta fechada en Malabo el pasado 5 de mayo y firmada por el director general de Centros Culturales y Cines en el que se explicaba que el Ejecutivo guineano está desarrollando acciones "con el fin de fomentar el sector turístico y expandir la cultura" para mejorar su proyección internacional.
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La misiva detalló que durante la próxima semana tendrá lugar el primer rodaje cinematográfico por parte de una productora internacional con la que se suscribió un acuerdo. "Estaremos muy interesados en su presencia durante los próximos 12 y 13 de mayo para asistirnos profesionalmente", añadió.
Victoria dimitió de todos sus cargos en la Comunidad de Madrid el pasado 4 de junio. El juez consideró que dispensó un "trato de favor" al empresario Alejandro de Pedro, uno de los conseguidores de contratos de la trama presuntamente liderada por el exsecretario general del Partido Popular (PP) de Madrid Francisco Granados, y ordenó al menos cinco pagos en negro para remunerar sus trabajos de reputación on line para altos cargos.
El juez creyó que Victoria habría adjudicado a las empresas de De Pedro contratos de influencia en redes sociales con el fin de favorecer la imagen de varios políticos, así como contratos de publicidad que se otorgaron de forma amañada. Todos ellos fueron sufragados con fondos públicos.
