Sánchez anuncia 200 millones para el bono joven de alquiler: "No quiero propietarios ricos e inquilinos pobres"
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes el "reparto de 200 millones de euros para jóvenes en bonos de alquiler", así como el impulso de un "nuevo reglamento para evitar los fraudes en contratos de alojamiento turístico y de temporada". Así lo ha declarado el presidente del Ejecutivo en la jornada inaugural del World in Progress Barcelona, un foro internacional organizado por el Grupo PRISA, a donde ha acudido acompañado del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.
En su intervención, Sánchez se ha hecho eco de la multitudinaria manifestación del pasado domingo en Madrid -22.000 según la Delegación del Gobierno, 150.000 según los convocantes- para exigir rebajas en los precios del alquiler: "El Gobierno la escucha con atención y comparte su demanda", ha asegurado el presidente.
"Vamos a seguir peleando para que la vivienda deje de ser el negocio de unos pocos y se convierta en el derecho de todos", ha recalcado Sánchez, que ha reconocido que "la situación es difícil" porque "los precios de los pisos no han parado de subir y la oferta es escasa", ha añadido.
Hay que reaccionar "con contundencia", ha dicho Sánchez, porque de lo contrario la sociedad española "acabará dividida" en dos clases: "No quiero una España de propietarios ricos e inquilinos pobres". Por ello, ha subrayado, "el Gobierno ha fijado como prioridad absoluta la vivienda" y piensa desplegar "medidas contundentes".
De entrada, ha anunciado el reparto de 200 millones de euros para el Bono Alquiler Joven, que esta semana se llevarán al Consejo de Ministros para que puedan ser ejecutados por las comunidades, a las que ha pedido más celeridad para su tramitación. Asimismo, ha explicado que habrá un "nuevo reglamento para evitar los fraudes en contratos de alojamiento turístico y de temporada".
El anuncio de Sánchez llega después de que, en septiembre, el Congreso rechazara tramitar una proposición de ley promovida por organizaciones sociales para combatir el uso fraudulento de los contratos de alquiler de temporada y de habitaciones, al votar en contra los siete diputados de Junts, junto a PP y Vox.
Vivienda pide más celeridad a las comunidades
De hecho, el reparto de los fondos para la nueva convocatoria del Bono Alquiler Joven fue uno de los temas centrales de la pasada conferencia sectorial de Vivienda con las comunidades autónomas celebrada el pasado 3 de octubre en el Ministerio.
Vivienda ha insistido este lunes, marcado por las manifestaciones de este domingo contra los actuales precios del alquiler, en reclamar a las comunidades autónomas más celeridad y agilidad en su tramitación. También desde el Ministerio demandan una aportación complementaria a esta ayuda para los jóvenes.
El pasado 28 de mayo, Isabel Rodríguez anunció que se iba a "reeditar" el Bono Alquiler Joven, al tiempo que indicó que se había encargado a los servicios técnicos que analizaran qué estaba pasando en algunas comunidades autónomas, entre las que se refirió a Madrid, para que los jóvenes no estén cobrando su ayuda.
En qué consiste
El Bono Alquiler Joven es una ayuda de 250 euros al mes para los jóvenes de entre 18 y 35 años con ingresos inferiores a tres veces el porcentaje del indicador de rentas múltiples (IPREM) que vivan en un piso alquilado con una renta máxima de 600 euros mensuales (ampliable a 900 en algunos supuestos) o en habitaciones de 300 euros, ampliables a 450.
A diferencia de lo que ocurre con las ayudas de fondos europeos para rehabilitación, si las comunidades autónomas no consiguen dar todas las ayudas del Bono de Alquiler (200 millones, a falta de unos nuevos presupuestos), no se reasignarán los fondos para que otras que han sido más ágiles se puedan ver beneficiadas.
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El Defensor del Pueblo advirtió en su pasado informe anual de 2023 del elevado número de quejas que recibió relacionadas con el Bono Alquiler Joven, ya que la gestión de estas ayudas por algunas consejerías autonómicas fue insuficiente y muchos solicitantes aún no la habían recibido meses después de solicitarla.
Los problemas que citó se habían registrado en Andalucía, Comunidad de Madrid, Galicia y Murcia, todas ellas gobernadas por el PP. Según sostenía el Defensor del Pueblo en su informe anual, las administraciones autonómicas manifestaron que estaban desbordadas ante el elevado número de solicitudes recibidas y que no disponían de capacidad suficiente para atender la carga de trabajo.
Así, la Comunidad de Madrid indicó que había tenido más de 50.000 solicitudes. En Andalucía se recibieron más de 17.000 en tan solo tres días, lo que, además de dar lugar al cierre provisional de la convocatoria dado el crédito disponible, colapsó su web. Por su parte, el Instituto Gallego de Vivienda y Suelo comunicó que, en un período de cuatro meses, había recibido 14.441 solicitudes.
