Sánchez e Iglesias se dan dos semanas para acordar la reforma fiscal clave que encarrile los Presupuestos

El presidente Pedro Sánchez y su vicepresidente Pablo Iglesias se han dado un plazo de aproximadamente dos semanas para cerrar el borrador de Presupuestos de 2021. Una vez que lo consigan tienen intención de presentarlo en un acto público antes de tratar de concitar el máximo número de apoyos posibles en el Congreso y amarrar la continuidad de la legislatura.

El borrador en el que trabajan tiene que superar varios obstáculos, entre los que destaca la reforma fiscal. La parte socialista del Ejecutivo asume como propio el aumento de impuestos pactado en el acuerdo de coalición con Unidas Podemos pero cree que la coyuntura creada por la pandemia, con un desplome del PIB de dos dígitos, obliga a modular este objetivo sin renunciar a hacerlo realidad a lo largo de la legislatura. Unidas Podemos desconfía: teme que para ganarse el apoyo de Ciudadanos el PSOE acabe renunciando a una reforma fiscal progresiva que consideran indispensable para evitar que la crisis la acaben pagando los de siempre y no las grandes empresas o las economías más pudientes.

Oficialmente Sánchez sigue defendiendo la necesidad de aumentar los impuestos para financiar el fortalecimiento del Estado de bienestar y así lo hizo constar este lunes en una entrevista en TVE. No quiere dejar a Unidas Podemos la bandera de la redistribución de la riqueza, que él mismo izó a su regreso a la Secretaría General del PSOE cuando hizo de la lucha contra la desigualdad el centro de su discurso.

Pero el presidente es consciente de que “todo el mundo” tendrá que ceder para sacar adelante los Presupuestos, según fuentes de Moncloa consultadas por infoLibre. El PSOE, Unidas Podemos y también Ciudadanos, a quien la parte socialista del Ejecutivo sigue considerando el único aliado potencial capaz de redondear la mayoría que el Gobierno necesita en el Congreso.

La reforma fiscal de la coalición tenía varios ingredientes. Dos de ellos ya están en marcha: son los proyectos de ley de creación de los nuevos impuestos, el que gravará determinadas transacciones financieras de grandes empresas del ÍBEX —cuyo objetivo son sobre todo las operaciones especulativas en bolsa— y el que trata de conseguir que las grandes tecnológicas internacionales que comercian con datos de usuarios —desde Google a Facebook— paguen impuestos en España.

El programa común incluye también una Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal, límites más rigurosos para los pagos en efectivo, la creación de una “unidad de control de grandes patrimonios” y la vigilancia de las SICAV. A lo que hay que añadir una reforma del impuesto de sociedades para garantizar que las grandes empresas y corporaciones tributen como mínimo un 15% —un 18% en el caso de las entidades financieras y empresas de hidrocarburos—, rebajas en la fiscalidad de las PYME y una subida del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) de dos puntos para los contribuyentes que tengan rentas superiores a 130.000 euros y cuatro puntos para la parte que exceda de 300.000 euros.

El otro socio posible es Esquerra, con quien el Gobierno negociará antes que con Cs, como quiere Unidas Podemos, pero en el PSOE no creen que los republicanos estén en situación de despegar la negociación presupuestaria de la ebullición política catalana.ebullición Y no están dispuestos a mezclar las dos cosas, especialmente desde que Inés Arrimadas se hizo con el timón de Ciudadanos y decidió construir el relato del partido centrista capaz de gobernar con el PP en las Comunidades Autónomas y pactar después con el Gobierno PSOE-UP.

El presidente Sánchez quiere darse prisa. Sólo así podrá presentar a tiempo el borrador presupuestario en Bruselas, que este año es particularmente relevante porque acompañará al plan de reformas clave para la llegada de las ayudas de la Unión. Precisamente este lunes la ministra de Economía, Nadia Calviño, negociaba en la capital comunitaria, donde se reunió con varios comisarios del área económica, los planes de España para ejecutar los fondos europeos en el marco de las ayudas para restaurar la economía tras la pandemia.

No obstante, Sánchez no llevará el proyecto al Congreso hasta que tenga apoyo suficiente de otros grupos políticos. No correrá el riesgo de que se repita el fiasco de 2018, cuando la derecha y los independentistas sumaron fuerzas para rechazar el proyecto de presupuestos y provocar elecciones anticipadas. Esta vez quiere ganar la votación y en Moncloa creen que los números dan. Incluso sin ERC.

Con el fin de tramitar los Presupuestos, el Gobierno necesita más votos a favor que en contra para tumbar las enmiendas de devolución que con seguridad presentarán en el Congreso al menos PP y Vox. PSOE y Unidas Podemos suman 155 votos, 165 con Ciudadanos. Si el PNV entra en la ecuación, serán 171.

El juego de la mayoría

A partir de ahí, pueden entrar en juego muchos actores, desde los cuatro diputados del PdeCAT que han roto con Junts per Catalunya y acaban de anunciar que darán prioridad a “la lucha contra la crisis económica, social y sanitaria”, a los dos de Más País o los diputados de Compromís, BNG, PRC, Teruel Existe, Nueva Canarias y hasta Coalición Canaria. Sin olvidar los cinco de EH Bildu. Esta combinación de partidos otorga al Gobierno cierto margen para tratar de cerrar los 176 diputados que le darán la garantía de tener presupuestos. PP y Vox (150 escaños) no podrán tumbar el proyecto ni con la ayuda de Esquerra (13), los restos de JxC (4) y la CUP (2).

La diferencia numérica es tal que, en teoría, el Gobierno tiene incluso cierto margen para, en el peor de los casos, atar abstenciones que pueden resultar decisivas, especialmente en un momento en el que casi nadie en el hemiciclo quiere nuevas elecciones y saben de la importancia capital de contar con unos Presupuestos para evitar que la crisis económica se cronifique.

En público no lo dicen, pero en privado el optimismo en las filas del PSOE es patente. O al menos la esperanza de que sea posible acordar con Unidas Podemos un borrador presupuestario en el que haya espacio para negociar con Ciudadanos. “No hay otra opción”, subrayan las fuentes consultadas por infoLibre, según las cuales hay margen para salvar las diferencias en fiscalidad entre el Gobierno y los de Arrimadas. Y casar rebajas a PYMEs y autónomos y la desaparición de determinadas ventajas y exenciones fiscales, en las que Cs y UP coinciden, con aumentos en la fiscalidad en los tramos altos del IRPF.

Son sólo ejemplos, porque la negociación previa, la que están llevando a cabo la ministra María Jesús Montero (PSOE) y el secretario de Estado Nacho Álvarez (Unidas Podemos), no ha hecho más que empezar. Pero es en lo que están pensando los socialistas. Y en lo que esperan acabe entrando UP cuando, como están convencidos de que va a ocurrir, la negociación con Esquerra descarrile. Como también confían en que Cs no cambie de opinión, porque echaría por tierra el relato de moderación que lleva meses construyendo al margen del PP.

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En Unidas Podemos siguen sin creer que Cs vaya a apoyar los presupuestos de izquierdas en los que ellos están pensando. Y tienen aún esperanza de que Esquerra acabe facilitando las cosas.

El secretario de Organización del PSOE y ministro de Transporte y Movilidad, José Luis Ábalos, ya aseguró este lunes que el Gobierno dará prioridad a los partidos que están mostrando “disposición a colaborar” y “ánimo cooperativo”. Aunque admitió que “siempre es preferible” contar con las formaciones que en su día apoyaron la investidura. Por ello, pidió a todos esos grupos que “reflexionen” para hacer posible que las cuentas públicas salgan adelante.

Con todo, en Moncloa saben que no será fácil. La derecha política y mediática es consciente de que esta es su última bala para hacer caer el Gobierno. Algo que aseguran las mismas fuentes, tajantes, “no va a pasar”.