Septiembre, un mes decisivo para la política en Cataluña

La política catalana se enfrenta desde este fin de semana a 30 días de infarto, que culminarán el próximo 28 de septiembre cuando el president Carles Puigdemont se someta a una moción de confianza en el Parlament. Si convence a la CUP y la supera, la legislatura seguirá adelante. En caso contrario, cesaría en el cargo y la Cámara autonómica tendría dos meses para elegir a un nuevo presidente antes de disolverse de forma automática y abocar a Cataluña a unas nuevas elecciones. Además, si se celebraran esos comicios, está por ver cómo se articularía la candidatura de los partidos que componen En Comú Podem –ICV, EUiA, Podem, Equo y Barcelona en Comú–, toda vez que las conversaciones para construir el nuevo espacio político liderado por Ada Colau aún no han dado frutos.

No son esos los únicos acontecimientos clave de las próximas semanas: en poco más de diez días, el 11 de septiembre, se celebrará la Diada, una jornada que en los últimos años ha estado marcada por una multitudinaria manifestación a favor de la independencia y que en esta ocasión, por primera vez, se desdoblará en cinco actos. Y antes de todo eso, tan pronto como el próximo martes 30 de agosto, concluye el plazo que otorgó el Tribunal Constitucional a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y a los demás miembros de la Mesa de la Cámara para remitirle un informe antes de decidir si los sanciona o si incluso abre la vía penal en su contra por permitir la votación en el Pleno de la última declaración de ruptura catalana, que apuesta por la desconexión del Estado.

Estas son las cuatro claves que marcarán la política catalana de las próximas semanas:

El Constitucional decide

El pasado 27 de julio, el Parlament aprobó un plan de ruptura con el Estado con los votos de Junts pel Sí y la CUP y el rechazo de Catalunya Sí que es Pot –en señal de protesta, los diputados del PSC permanecieron en el hemiciclo pero no votaron, y los de Ciudadanos y PP salieron incluso de la Cámara–. Esa hoja de ruta, confeccionada previamente en una comisión parlamentaria, establece que el "pueblo de Cataluña" tiene "legitimidad" para "empezar un proceso constituyente" en el que, por "la vía de la desconexión", se ejerza "el derecho a decidir". La votación en el Pleno se produjo a petición de los portavoces de los grupos independentistas, y la decisión de incluirla en el orden del día la tomó Carme Forcadell pese a existir una advertencia previa del Tribunal Constitucional.

El tribunal de garantías, en concreto, advirtió en un auto fechado el 20 de julio –una semana antes de la votación– de que las instituciones catalanas debían paralizar cualquier iniciativa que conculcara la Constitución española, e indicó que las conclusiones de la comisión "contravenían claramente" anteriores resoluciones del tribunal. En este sentido, el auto recordaba a "los poderes implicados" y "sus titulares", y en especial a la Mesa del Parlament, que tenían la "responsabilidad" de "impedir o paralizar cualquier iniciativa" que, como esta, diera continuidad a la declaración independentista del 9 de noviembre de 2015, que también suspendió el propio Constitucional. Pese a ello, la votación se produjo, tras argumentar Forcadell que el Pleno del Parlament era "soberano".

Carme Forcadell, presidenta del Parlament. EP

Pues bien, tras la votación, el 1 de agosto, el Constitucional suspendió la resolución. Además, pidió a Forcadell, a los demás miembros de la Mesa y al secretario general de la Cámara que le remitan un informe donde argumenten si cumplieron la resolución que impedía votar el plan de desconexión en el Pleno, como paso previo a valorar si les impone multas o abre la vía penal contra alguno de ellos. El plazo de veinte días hábiles para que le envíen ese documento concluye el próximo martes. El pasado lunes entregó su informe el vicepresidente segundo del Parlament, José María Espejo-Saavedra (Ciudadanos), para quien la votación fue "un fraude de ley" y que apuntó a la responsabilidad de Forcadell por no impedir la votación. El Constitucional no confirmó a infoLibre si el resto de afectados le han hecho llegar su versión de los hechos.

Según la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional aprobada en octubre de 2015 por el PP, si el tribunal entiende que Forcadell u otros cargos han hecho caso omiso de sus resoluciones puede imponerles multas de 3.000 a 30.000 euros, e incluso suspenderles sus funciones. Jordi Sánchez, presidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) –una de las organizadoras de la manifestación independentista de la Diada– pidió este viernes a Forcadell que, por "dignidad", haga caso omiso de esa eventual inhabilitación. El Constitucional no precisó a este diario cuándo decidirán los magistrados sobre la cuestión. Hasta ahora, en las resoluciones que afectan al proceso independentista la mayoría conservadora del TC ha pactado los fallos con la minoría progresista, para lo que ha suavizado o retrasado los fallos hasta alcanzar el consenso y aprobar así los textos por unanimidad.

¿Una Diada venida a menos?

Al margen de los ritmos de los tribunales, la primera fecha fija a marcar en el calendario de la política catalana este septiembre es el día 11, fecha de la Diada. El evento clave de la jornada serán las movilizaciones en favor de la independencia convocadas por la ANC y Òmnium Cultural. En 2015, la manifestación congregó a 1,4 millones de personas según los organizadores y a entre 520.000 y 550.000 según la Delegación del Gobierno en Cataluña. Un año antes, fueron 1,8 millones según los convocantes y entre 470.000 y 520.000 de acuerdo con los datos oficiales. Las movilizaciones se convirtieron en masivas especialmente a partir de 2012, cuando por primera vez pasaron de congregar a decenas de miles a centenares de miles de catalanes en las calles a favor del Estado propio.

Este año, en cambio, los organizadores no han convocado ninguna manifestación espectacular –al estilo de la gran V dibujada por los asistentes en Barcelona en 2014 o de la cadena humana de 2013–, sino que han "descentralizado" la movilización y han convocado concentraciones al uso en cinco puntos –Lleida, Berga (Barcelona), Salt (Girona), Tarragona y Barcelona–. En declaraciones a infoLibre, Jordi Sánchez, presidente de la ANC, admite que "hay menos inscritos" para participar que el año pasado, pero afirma que en la asamblea no están "alarmados". "[La Diada] volverá a ser una gran movilización. Estamos por encima de los 100.000 inscritos", añade Sánchez, que precisa que la próxima semana habrá una "fuerte" campaña "con publicidad en medios" para llamar a la movilización.

Manifestación de la Diada en Barcelona en 2015. EP

Fuentes del PSC consultadas por este diario consideran que "hay menos movilización en la Diada este año", y consideran que se debe al "cansancio" y al "agotamiento" de sectores de la "clase media", que no está "acostumbrada a estar seis años manifestándose en las calles". Sin embargo, los socialistas catalanes advierten de que la previsible menor movilización puede transmitir la sensación "engañosa" de que el apoyo al independentismo ha bajado. "Sí que hay cierto cansancio entre los manifestantes, pero eso parece normal. En cambio, si vemos las encuestas, el apoyo a la independencia no ha cambiado mucho, y de haber un descenso estaríamos hablando de una bajada muy leve", comenta un diputado del PSC en el Parlament.

En el espectro de En Comú Podem, diversos cargos aseguran a este diario que "las aguas vienen muy calmadas". "No hay ni euforia", señalan estas fuentes, que coinciden en que se trata más de un descenso del "ruido" que de un "cambio de fondo". "Si haces una encuesta el apoyo al independentismo sería muy parecido al del año pasado, pero la movilización es la cuarta parte", añaden.

Sánchez (ANC) enumera otras tres causas que justifican la menor movilización. La primera, que "la gente cuestione por qué tiene que inscribirse". La segunda, que el año pasado "hubo una movilización excepcional" por las elecciones del 27-S que este año no era "razonable" repetir. Y la tercera, que la ANC tiene "fondos limitados" que ha "racionalizado" en esta ocasión, en previsión de tener que convocar una "gran campaña" en primavera a favor del referéndum.

En el terreno político, la novedad es que este año la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha anunciado que asistirá a la manifestación. "Lo primero es defender la soberanía catalana, los derechos nacionales y sociales, y la legitimidad de las instituciones catalanas. Hay motivos de sobra para estar, aunque pueda haber discrepancias", dijo en una entrevista esta semana. Pablo Iglesias, líder de Podemos, consideró "positiva" esa decisión. Por su parte, fuentes del PSC señalan que estarán en los actos institucionales pero no en la manifestación. Ciudadanos anunció este viernes que no irá siquiera a los actos oficiales y que organizarán un acto "festivo" en paralelo, sin dar más detalles. El PP catalán, por último, anunció este viernes por boca de su líder, Xavier García Albiol, que se sumará al acto de Sociedad Civil Catalana si son invitados.

La hora clave de Puigdemont

Suceda lo que suceda en las calles, lo que es seguro es que el día clave en el calendario de la política institucional catalana en el mes de septiembre será el 28, cuando Puigdemont se someta a la cuestión de confianza. El president decidió someterse a ese trámite cuando a principios de junio comprobó que no tenía apoyos suficientes para aprobar los Presupuestos, y ahora el debate sobre su continuidad aparece nuevamente unido a la posibilidad de sacar adelante las cuentas para el próximo ejercicio. La CUP, único partido que podría apoyarle y permitirle salvar la votación, reclama que se reserve una partida para celebrar un referéndum unilateral de independenciapara celebrar un referéndum unilateral de independencia. La diputada anticapitalista Gabriela Serra señaló este viernes que eso sería lo "lógico", puesto que una consulta "tiene un coste que se tiene que prever".

Carles Puigdemont, president de la Generalitat. EFE

En Junts pel Sí hay división sobre si conviene ligar el debate de la cuestión de confianza con el de los presupuestos. ERC y parte de CDC consideran que los dos asuntos van unidos, y que si la CUP avala la continuidad de Puigdemont debería garantizarle aprobar las cuentas. Pero otro sector de CDC –el que se ha impuesto al frente del partido tras su última refundación– tiene otra prioridad: ganar tiempo, que el proceso siga adelante y evitar por todos los medios unas elecciones que dejarían muy tocada a Convergència. Por eso prefieren salvar la moción sea como sea, incluso a costa de mantener la incertidumbre en torno al proyecto de Presupuestos.

El análisis desde las filas del PSC es que ERC y la CUP presionan a CDC –ahora rebautizada como Partir Demòcrata Català– para seguir adelante con el proceso unilateral, y que los convergentes podrían ceder por temor a unos nuevos comicios autonómicos. Fuentes de la ANC, que también exige un referéndum, expresan su "convencimiento" de que Puigdemont salvará la cuestión de confianza. Sobre los Presupuestos, que son "la cuestión clave", consideran que la CUP mantendrá la condición de que se incluya una partida para el referéndum. Un primer indicador para saber cómo van esas negociaciones, afirman, será ver si en la cuestión de confianza todos los diputados anticapitalistas votan a favor o si la CUP 'presta' a Puigdemont los votos justos. Otro indicio, comprobar si el president se muestra abierto a convocar la consulta.

El futuro partido de Colau

Aunque la sensación mayoritaria es de moderado optimismo sobre la continuidad del Govern, nadie se olvida de que la CUP ya ha dado más de un susto a Junts pel Sí. Lo hizo a finales de mayo, cuando se daba casi por hecho su voto a favor a los Presupuestos e hizo descarrilar el proyecto en su recta final antes de la votación en el Parlament. En palabras de un diputado socialista, "los antecedentes de ceder ante la CUP no le suelen salir demasiado bien" al Govern. Tanto fuentes del PSC como del espacio político que encabeza Ada Colau coinciden en señalar que el desenlace, toda vez que depende de los anticapitalistas, es impredecible. En otras palabras: que nadie descarta por completo unas nuevas elecciones.

De confirmarse esa hipótesis, la convocatoria interferiría con la preparación del proyecto que liderará la alcaldesa de Barcelona. Cargos de ese espectro político afirman a infoLibre que ahora mismo se está desarrollando la fase en la que las distintas organizaciones que integrarán en él renuevan su dirección y al tiempo "subrayan la necesidad de un nuevo espacio político". Es lo que sucedió, por ejemplo, con ICV en la pasada primavera, cuando eligió al eurodiputado Ernest Urtasun como portavoz; o con Podem, que eligió a su nuevo secretario general, Albano Dante –partidario de reforzar la autonomía de la rama catalana del partido morado frente a la dirección de Madrid y considerado próximo a Colau, hace apenas un mes en primarias. EUiA celebrará su asamblea en octubre y Barcelona en Comú –el partido de Colau– aún tiene que elegir fecha.

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La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. EP

A partir de ahí, señalan las fuentes consultadas, tendrá que ponerse en marcha un proceso de debate para "aunar culturas políticas muy diferentes" y decidir "la forma jurídica de la unión". Entre las opciones que se barajan está la de un partido nuevo, una federación de partidos o una coordinadora de las formaciones ya existentes. El debate, subrayan a este periódico cargos implicados, se anticipa "complejo", aunque hay una cuestión que "no está en duda": "Ada Colau es el referente". Lo que critican algunos sectores es que el partido de la alcaldesa, Barcelona en Comú, quiere "liderar el nuevo espacio" y copar los órganos de dirección, algo que, a juicio de otros actores implicados, no se corresponde con el peso que realmente tiene en comparación con ICV, EUiA y Podem. "No pintarían nada si no fuera porque tienen a Colau", subrayan.

Como todo este proceso será necesariamente largo –"necesita un mínimo de tres meses de debate", asegura un dirigente–, si hubiera unas elecciones catalanas anticipadas lo más probable es que se formara una "candidatura circunstancial" al estilo de En Comú Podem –que concurrió a las generales del 20D y el 26J y ganó ambas en Cataluña– y que se retrasara el debate sobre el nuevo espacio político. De modo que si Puigdemont salva la moción de confianza y la legislatura sigue adelante, el debate podría estar terminado y el nuevo actor político de izquierdas listo para la primavera. Si hubiera una nueva cita con las urnas, serían precisamente a comienzos del próximo año, de modo que "se retrasaría el debate hasta, fácilmente, finales del verano de 2017", aseguran conocedores del proyecto.