El séptimo cambio en el tribunal de la 'caja B' del PP deja como nueva ponente a una jueza conservadora

El séptimo cambio en la composición del tribunal que debe juzgar los papeles de Bárcenas acaba de situar como nueva ponente de la futura sentencia a una jueza conservadora, María Fernanda García, previo desplazamiento de Fernando Andreu. Considerado progresista, Andreu era quien tenía encomendada redactar la resolución. Ahora, el magistrado queda fuera de la sala tras haber superado dos recusaciones fallidas que, bajo el argumento de que es amigo de Baltasar Garzón, primer instructor del caso, plantearon sendos acusados en otra pieza de Gürtel: la de los contratos que AENA adjudicó a la trama corrupta durante la etapa de Cascos como ministro de Fomento. 

Lo que se juzgará en la pieza de los papeles de Bárcenas, para cuya vista no hay todavía fecha, son los hechos que se relacionan con la creación, mantenimiento y funcionamiento de la caja B del PP, que ya aparece como "plenamente acreditada" en la sentencia de la pieza troncal del caso. Luis Bárcenas y otros cuatro acusados compartirán banquillo. El quinto, el mentor de Bárcenas y antiguo tesorero Álvaro Lapuerta, ya fallecido, fue exonerado en 2015 por "demencia sobrevenida". Otra parte de la pieza de los papeles o de la caja B –la de las presuntas donaciones de empresarios a cambio de contratos públicos– permanece reabierta en fase de instrucción.

Fernando Andreu sale del tribunal que ha de enjuiciar la pieza de mayor calado político de todas las pendientes en el caso Gürtel como consecuencia de un movimiento de fichas a varias bandas. La secuencia, confirmada en sus hitos principales por este periódico en fuentes de la Audiencia Nacional, ha sido esta: María Fernanda García Pérez, que en 2014 se había incorporado a la Sala de Gobierno del TSJ andaluz elegida en la lista de la conservadora y mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y ahora se encontraba destinada en la Audiencia de Madrid, desembarca en la sección segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en febrero. Lo hace después de que la permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprobara "por mayoría" el día 14 de ese mes nombrarla en comisión de servicios para la Audiencia Nacional.

De Carlos Lesmes a Concepción Espejel

Una vez catapultada a su nuevo puesto por el núcleo duro del Poder Judicial, de mayoría conservadora y que adopta sus acuerdos bajo la batuta del presidente del órgano de gobierno de los jueces, Carlos Lesmes, la presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia, Concepción Espejel, decidió situar a García Pérez en la sección segunda. Esa sección de la Sala Penal de la Audiencia Nacional es la que tiene a su cargo los juicios de Gürtel.

Una vez en la sección segunda, la jueza María Fernanda García recibió todos los casos cuya ponencia había correspondido por turno de reparto al magistrado Juan Pablo González hasta que en noviembre de 2018 fue designado presidente de la Audiencia de Madrid gracias a los votos de la mayoría conservadora del Poder Judicial. Que la elección de García Pérez como nuevo miembro de la sección segunda fue decisión personal de Espejel consta en la providencia enviada el día 27 a las defensas y acusaciones personadas en el caso de los papeles de Bárcenas. La sección segunda está presidida por la también conservadora María José Rodríguez Duplá, que a su vez presidirá el juicio de los papeles de Bárcenas. Como tercera integrante de la sala que ha de dirigir esa vista aparece la magistrada María Riera.

Antes de su ascenso a la presidencia de la Audiencia de Madrid, Juan Pablo González había sido excluido de las causas derivadas de Gürtel por su cercanía al PP. Era el tercero que abandonaba el tribunal por ese motivo. La primera había sido la propia Concepción Espejel, cuya recusación por las acusaciones populares y posterior apartamiento introdujo en octubre de 2015 el primer cambio en el tribunal encargado de juzgar la mayor parte de las causas derivadas de Gürtel: la llamada pieza troncal o Época 1, que es aquella cuya sentencia certificó en mayo de 2018 la existencia de la caja B, cuestionó la veracidad del testimonio prestado por Mariano Rajoy y describió de manera descarnada el "sistema de corrupción institucional" tejido entre ese partido y la trama de Francisco Correa.

Junto con Espejel, y también con la adhesión de la Fiscalía Anticorrupción a los postulados de las acusaciones populares, fue apartado al mismo tiempo y por idénticos motivos otro juez: Enrique López.

El siguiente cambio en la composición del tribunal llegó cuando, en abril de 2018, el progresista José Ricardo de Prada solicitó pasar a servicios especiales para trasladarse de manera transitoria al tribunal penal internacional de La Haya. Bestia negra del PP, los conservadores consideran a De Prada una figura clave en la sentencia de mayo de 2018, la que precipitó la moción de censura contra Rajoy. Tras el verano, el magistrado pidió su reincorporación a la Audiencia Nacional. La permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se lo denegó.

Tras la marcha de De Prada a Holanda, quien sí se incorporó en julio a los tribunales que debían juzgar las otras piezas de Gürtel fue Ángel Hurtado. Es decir, el juez que había presidido la primera vista y a quien De Prada y el tercer juez de la sala, Julio de Diego, dejaron en minoría en dos momentos cumbre del juicio: cuando se planteó si Rajoy debía o no testificar –al final tuvo que hacerlo– y cuando en la sentencia se abordó si el PP debía ser condenado como beneficiario económico de la trama, que es lo que finalmente ocurrió por mayoría de dos a uno. Pero la permanencia de Hurtado en la sala fue efímera: ese mismo mes, y como adelantó infoLibre, pidió su traslado a otra sección.

Todos (salvo el PP) creen en la 'caja B'

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Fue en noviembre cuando se incorporó Fernando Andreu, durante años juez instructor en la misma Audiencia Nacional y ya para entonces miembro de la Sala Penal. A Andreu le tocaron los casos pendientes de Gürtel como sustituto, por reparto, de aquellas causas originalmente asignadas a Juan Pablo González y de las que había sido apartado en abril previa recusación por su proximidad al PP. Al nombrar el Poder Judicial a otra magistrada, María Fernanda García Pérez, para cubrir la plaza que la marcha de González a la Audiencia Provincial había dejado libre, Andreu ha quedado fuera de escena. 

La configuración del tribunal que debe juzgar la caja B del PP vivió otro momento convulso cuando en diciembre de 2017 la sala de gobierno de la Audiencia Nacional cambió sobre la marcha y con carácter retroactivo la identidad de sus miembros. Las acusaciones populares intentaron anular esa decisión pero fracasaron en el empeño.

Además de en el de la caja B, María Fernanda García participará en el tribunal de todas las causas cuyo número acabe en 5 o 6. Y justo con esos números figuran la pieza de Época 1, donde intervendrá en las decisiones relativas a la situación personal de los condenados –es decir, fianzas y peticiones de libertad–, la de los contratos del Ayuntamiento de Jerez con la red de Correa y la de relativa a la visita del Papa a València en 2006. En principio, y una vez haya sentencia sobre la pieza de AENA, García también se sumará al tribunal a la hora de decidir sobre responsabilidades civiles y situación de los condenados si es que los hay.