Suele ocurrir que cuando se desgastan los sintagmas, usados como mantras en el debate público, su significado se desdibuja. La "salida de la crisis", por ejemplo. ¿Hemos salido de la crisis? Depende de a quién preguntes y qué indicadores se consideren. Lo que no sabíamos antes de entrar era que la salida sería una fase estable, un largo periodo en sí mismo. Ahora ocurre con expresiones como "resolver la crisis catalana" o "arreglar lo de Cataluña". ¿Qué significa eso, a lo que a menudo se hace referencia como si fuera un objetivo político más, como bajar el déficit o subir las pensiones? Son palabras equívocas, más aún porque se refieren a fenómenos que abarcan a millones de individuos, a sus actos e ideas. Porque en términos abstractos casi todo el mundo puede tener la misma idea o incluso compartir los términos: "recuperar la normalidad", "convivir democráticamente"... Pero en el fondo se abren diferencias insalvables. Para Albert Rivera (Ciudadanos) resolver la crisis es "enterrar el procés". Pablo Iglesias (Podemos) aboga por lo que él considera una "solución democrática", que pasaría por un referéndum pactado. Los independentistas sólo ven una solución: la independencia. El presidente, Pedro Sánchez, pone el énfasis en el "diálogo" y la "reforma"... que en realidad son dos palabras que ningún partido con representación parlamentaria desecha.
El quid reside en los "peros". En las líneas rojas. En los límites objetivos, a menudo de carácter legal, para algunas de las soluciones propuestas. O en los problemas sociales que dejan sin resolver otras. ¿Es una Cataluña en la que los gobernantes respetan la ley, pero sólo por temor a la cárcel, una solución deseada? Hablamos pues de solucionar el conflicto catalán, pero sin haber delimitado cuál podría ser una solución factible, alejada de lo imposible. Y se ha demostrado ya imposible que un referéndum sin respaldo legal o una declaración de independencia de carácter unilateral conviertan a Cataluña en una república. Al igual que no parece realista esperar una solución que pase por que los 2.079.340 votantes de partidos independentistas desistan de su voluntad, que tiene además un notable componente emocional. ¿Se consideraría una solución mantener sine die el actual statu quo? En los círculos más convencidos de la vía unilateral y de la "defensa de la república" se maneja un concepto de resonancias oscuras: ulsterización.
Por otra parte, en poco tiempo se han sucedido hitos que apuntan a una distensión: la elección por parte de Quim Torra de consellers legalmente viables; el levantamiento de los controles financieros de la Generalitat vinculados al 155; los "buenos ojos" con los que el Gobierno vería un acercamiento de los políticos encarcelados; la disposición de Pedro Sánchez a reunirse con Torra... Son movimientos que, más que un cambio de las posiciones, suponen un cambio de actitud. Pero todos los consultados coinciden en que hay que desechar la idea de que el conflicto se vaya a desencallar a corto plazo a base de gestos y reuniones entre políticos en un clima de expectación mediática. El problema excede a Sánchez y a Torra. En palabras de Sandra León, profesora de Ciencias Políticas en la Universidad de York (Reino Unido): "No sólo al PSOE por estar en el Gobierno le corresponde solucionar la crisis. Es cosa de un amplio número de partidos. Si ahora se hace alguna actuación será para sentar las bases de una posible canalización".
El mapa político hace difícil la implicación al mismo tiempo de todos los partidos. En el bloque independentista, porque no han renunciado a la "legitimidad" de la república. En el constitucionalista, precisamente por lo mismo. Además hay competencias electorales en los bloques y divisiones internas dentro de los partidos. El paso del bipartidismo al tetrapartidismo implica que una misma tarta electoral deja ahora a los grandes partidos españoles porciones más pequeñas de las que en su día disfrutaron PSOE y PP. A pesar de que todo apunta a un largo periodo sin hegemonías ni victorias holgadas, las cuatro formaciones se comportan como si aún no hubieran aceptado esa certeza.
Renunciar a los máximos
El escritor y filósofo Antón Baamonde admite que no hay soluciones fáciles. Pero advierte de que la perpetuación de la situación no sólo enconaría la situación en Cataluña, sino que tendría efectos en el resto de comunidades con doble identidad nacional, como su Galicia natal, y supondría un deterioro de la democracia española. Cualquier avance, señala Baamonde, pasa por la "pedagogía política" en Cataluña y el resto de España, imprescindible para generar un ambiente que permita acudir a medidas eficaces. Y, a su juicio, la óptima sería una "reforma" o "mutación" constitucional, que es imposible sin que "España se relance a sí misma con una mayor confianza en su realidad plurinacional".
Baamonde delimita lo que a su juicio son los planteamientos máximos inviables. Los independentistas, advierte, "no van a desaparecer por ensalmo". Van a seguir ahí. Al mismo tiempo "la correlación de fuerzas" hace que la aspiración independentista por la senda unilateral conduzca a una pared. De hecho, el ensayista considera, "aunque a ellos no les guste oírlo", que "la mayoría del movimiento independentista en realidad es consciente de esto, pero ha lanzado una especie de órdago para reequilibrar" la situación provocada por la sentencia del Tribunal Constitucional de 2010 que podó el Estatut. A juicio de Baamonde, ahí está el origen del problema. "El Estado se ha ido arrogando un poder omnímodo. El Título VIII [de la Constitución, el de la organización territorial del Estado] está finiquitado. Las comunidades han ido perdiendo todo su espacio. El mensaje de aquella sentencia es que estamos en un callejón sin salida".
"Acomodar" la Constitución
La posibilidad de regresar al Estatut está entre las manejadas por el Gobierno para abrir el melón catalán, si bien los independentistas la desprecian y la derecha se opone. Hacerlo requeriría una transformación del propio Estatut para ajustarse a la sentencia con los menores cambios posibles, una aprobación de leyes orgánicas paralelas, el empleo de la figura de la delegación de competencias –como se hizo en su día con la policía de tráfico– o la reforma constitucional. Baamonde se encuentra entre los partidarios de esta última opción. Por eso está entre los sesenta académicos, juristas e intelectuales firmantes del manifiesto Renovar el pacto constitucional, que aboga por "acomodar" las reivindicaciones de naturaleza identitaria a la Carta Magna. Se trata de un texto más político que jurídico, más centrado en el diagnóstico que en el tratamiento, pero se inclina en la dirección del Estado federal, con una mayor descentralización de poder, y sin miedo a introducir reconocimientos identitarios. Su publicación coincide con la defensa que ha hecho la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet (PSC), de una "urgente, viable y deseable" reforma constitucional.
El cambio de la Carta Magna, la madre del cordero. Todas las reflexiones de los partidarios de la reforma conducen ahí. De los cuatro grandes partidos de ámbitos estatal, tres –todos menos el PP– defienden sobre el papel una reforma, aunque por el momento está vía permanece cerrada por la falta de acuerdo sobre aspectos clave, entre ellos Cataluña. No obstante, si atendemos a los programas y otros documentos políticos de los partidos, hay a priori opciones de acuerdo en torno a cuestiones tocantes al problema territorial, como la reforma del Senado. Ciudadanos llegó en el pasado a mostrarse a favor de soluciones federales, si bien la evolución de su discurso ha alejado ahora esta idea de sus prioridades. Es más, ahora apunta a una mayor centralización. "Los que tachan de ingenua la propuesta de reforma de la Constitución en realidad apuestan por una solución dura. Pero suprimir la autonomía catalana y centralizar España sólo se puede hacer a través de mecanismos autoritarios", afirma Baamonde.
Una reforma para todos... y para Cataluña
Todos los partidos descartan una reforma constitucional sólo para abordar la cuestión catalana. Habría de ser más amplia e incluir aspectos como la elevación del rango de los llamados "derechos sociales": vivienda, educación, sanidad... Eso genera un relativo consenso. El espacio de acuerdo se estrecha al abordar asuntos susceptibles de reforma o nueva introducción en el texto del 78: cambio climático, neutralidad de Internet, seguridad ante posibles abusos de la inteligencia artificial, renta básica, laicidad... Al introducir el factor Cataluña, las divisiones se hacen aún mayores. Perdido el consenso del 78, la sola idea de un debate formal sobre la reforma parece lejana. "Eso es cierto", conviene Eliseo Aja, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona, pero añade: "Cuando algunos proponemos una reforma, se nos responde de inmediato que es irreal. Y es verdad que es difícil. Pero la acentuación de la crisis puede llevar a algunos partidos a cambiar de posición. Así no se puede estar para siempre. ¿Quién pensaba hace unas semanas que iba a salir una moción de censura? La política tiene ritmos extraños. A veces es muy rápida, otras muy lenta. No hay duda de que los partidos políticos actuales representan un hándicap, pero no se puede descartar".
Difícil, complejo y con un destino lejano: así es el camino que lleva a la reforma constitucional. Y, sin embargo, es de lo poco puesto encima de la mesa en términos constructivos. Aja se encuentra entre los académicos y juristas que más esfuerzo han dedicado a perfilar una reforma. Su punto de vista está recogido en una propuesta académica, coordinada por el catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense Santiago Muñoz Machado y suscrita por diez juristas expertos. No sería un cambio de la Constitución ad hoc para Cataluña. De hecho hay un consenso, político y hasta jurídico en torno a la idea de que no tiene sentido reformar la Constitución para contentar a los convencidos del independentismo –los cuales no quieren formar parte de una España autonómica, ni federal, ni republicana–, sino de los independentistas circunstanciales, subidos al carro desde 2010, que señalan encuesta tras encuesta su deseo de diálogo institucional y de mayor autogobierno.
Pero que no esté hecha para independentistas no significa que la reforma propuesta por Muñoz Machado y Aja ignore el problema catalán. "La crisis económica ha destrozado servicios sociales básicos. El sistema autonómico está en crisis. Y dentro de esa crisis, la situación en Cataluña lo ha complicado todo. Ante eso, defendemos una reforma que afecte a todas las comunidades, con cambios en el Senado y el Tribunal Constitucional, además de una aclaración de competencias. Y también unas reformas adicionales relacionadas con lo que llamaríamos 'hechos diferenciales', como la lengua", explica Aja, que abre la puerta a un posible "reconocimiento nacional". La propuesta suscrita por los diez juristas, que no cuestiona que el sujeto soberano es el pueblo español, se inspira en modelos federales europeos y articula una reforma que plantea que los estatutos dejen ser leyes orgánicas, y por lo tanto no necesiten ser aprobados por las Cortes, que el Senado se convierta en una cámara de representación territorial y que exista una delimitación competencial segura y respetada. El objetivo es hacer a las comunidades autónomas realmente partícipes de los asuntos de Estado. Se trata de "construir un modelo territorial sólido que haga más difícil su deslegitimación", señala la propuesta.
Preguntar, pero, ¿cómo?
Cualquier reforma de calado, que afecte a la parte dura de la Constitución, la que toca a la propia esencia del Estado, supondría la disolución de las Cortes y la convocatoria de un referéndum en toda España. ¿Y la posibilidad de un referéndum legal sólo en Cataluña? ¿Existe? Por supuesto es posible en el plano jurídico, pero políticamente no parece probable, al menos con el actual clima social en el conjunto de España, donde ha cundido un fuerte rechazo al procés. Partiendo de la base de que ha quedado demostrada ya la falta de oficialidad, garantías y carácter vinculante de un referéndum unilateral contra la voluntad de las Cortes y de lo establecido en el artículo 2 de la Constitución, que se fundamenta en la "indisoluble unidad de la nación española", las vías para una consulta democrática pasan por el acuerdo y la negociación. A esta premisa habría que sumar una fórmula que implicase al conjunto de la ciudadanía española, sin la que cuesta imaginar cómo podría disolverse la unidad de la nación recogida en la Carta Magna.
Hay otra vía, también lejana en el actual contexto de crispación y polarización: la indirecta. La ha enunciado Mariano Bacigalupo, profesor de Derecho Administrativo en la UNED. Sería "un referéndum sobre un referéndum". Esta posibilidad se basa en la competencia del Parlamento de Cataluña para proponer a las Cortes una reforma constitucional, que podría consistir por ejemplo en el reconocimiento del derecho de autodeterminación. Si el Estado lo autoriza, el Parlament podría preguntar antes a los ciudadanos en un referéndum sólo en Cataluña si están de acuerdo con dicha iniciativa. No con la autodeterminación, sino con pedir una reforma que haga posible un referéndum de autodeterminación. Como siempre que se requiere una reforma constitucional de títulos blindados, finalmente habría que preguntar a todo el pueblo español en referéndum. Pero antes ya habría hablado la ciudadanía catalana a través de su voto.
Antes de nada, hablar
El catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona Xavier Arbós hace dos advertencias. Una) para los cambios jurídicos no hay prisa; dos) lo urgente es la sutura social. Arbós cree que la reforma tendría sentido "a largo plazo". Lo prioritario, lo necesario, lo único posible ahora es "que las cosas no empeoren", afirma. "La crisis catalana es una crisis interna de Cataluña. No perdamos esto de vista" afirma. Antes de pensar en cualquier reforma, hay que cuidar la convivencia y tratar de que las posiciones políticas dominantes regresen a la senda institucional. "Discrepo de la idea de que haya que hacer una reforma constitucional urgente. Todo debe ser por consenso", señala. Y esto lo ve difícil si antes no se resuelve, a favor de la moderación, la pugna entre los afines a Carles Puigdemont-Quim Torra y los que Arbós califica como "realistas", una rama pragmática del independentismo que pugna por la hegemonía. Tanto en ERC como en el PDeCAT, afirma el jurista, hay posiciones "contrarias a la moderación" que han impedido que ésta se abra paso. Estas tensiones son observables. Pere Aragonés, vicepresidente y consejero de Economía y Hacienda, afirma que, si el Gobierno introduce "cambios", podría acudir al Consejo de Política Fiscal y Financiera, lo cual supone una concesión al autonomismo. Mientras tanto Quim Torra afirma que cualquier tratamiento del Gobierno a Cataluña en régimen de igualdad con el resto de comunidades es "no haber entendido nada". Torra, como autoproclamado delegado del president legítimo de la República de Carles Puigdemont, quiere una relación bilateral con Pedro Sánchez.
El catedrático Arbós invita a estar muy atento al congreso del PDeCAT, previsto para julio. Hay mucho en juego ahí. Si las posiciones se inclinan hacia la moderación, las expectativas de diálogo político aumentan. Mientras las tesis maximalistas continúen imponiéndose, mientras Torra continúe invocando el mandato del referéndum del 1 de octubre como fuente de legitimidad, Arbós ve muy complicado que se desactive la otra "competición", la que se da entre PP y Cs en el campo contrario. La competición españolista. "Ahora mismo el consenso constitucional en materia territorial es muy difícil", admite Arbós. Para el catedrático lo sensato es empezar a abordar políticamente el problema con "contactos discretos". "Esto no quiere decir ocultos, sino que se mantengan aunque no se puedan escenificar resultados. Hay que insistir hasta que se pueda anunciar un resultado tangible", afirma.
¿Pero qué resultado? Para Arbós, la referencia podrían ser las 45 "reivindicaciones" de Artur Mas y Puigdemont a Mariano Rajoy,"aparcando la por ahora imposible y para mí indeseable celebración de un referéndum". "Hay que llegar a un acuerdo", añade Arbós, "aunque sea de mínimos, incluso banal, pero que destense la situación, que se vea que el diálogo da frutos". Pone más énfasis en el medio –el diálogo– que en el fin porque no es posible, a su juicio, determinar el fin deseable para Cataluña. "No hay una voz unánime. No puede haber nada bueno para Cataluña si antes no hay un consenso interno en Cataluña", dice. Y añade: "Primero hay que reivindicar la eficacia del medio, del diálogo político, y a partir de ahí hay que convencer de la viabilidad de una reforma de la Constitución que dé satisfacción no sólo a las reivindicaciones ampliamente compartidas, como un sistema de financiación más equitativo, sino que también saque del campo independentista a los independentistas instrumentales, que sin serlo antes se han llegado a convencer de no hay nada que hacer en España".
Aceptar la "regla básica"
Javier de Lucas, catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política y director del Instituto de Derechos Humanos, tampoco cree en un referéndum para la solución al conflicto. Creo que un problema de la complejidad social de éste no se soluciona "con un sí o no a una pregunta binaria", afirma. A su juicio, hay que situar el listón a una altura realista. "Hay que buscar una solución provisional, ponerse de acuerdo en lo básico. No es una solución para siempre, pero sí para 20 o 25 años", afirma. La Constitución española en su actual redacción, si es absolutamente impermeable al conflicto catalán, no permite esa solución. Pero eso no la invalida, subraya De Lucas, sino que invita a su reforma. La Constitución continúa siendo "la regla básica" a partir de la cual buscar la solución. De Lucas hace una aclaración de conceptos, relevante para ubicar el debate y buscar soluciones. Es ésta: es cierto que el derecho no soluciona por sí solo los problemas sociales, pero sin derecho no hay solución posible. "Esta cosa tan de moda entre los politólogos de que todo es política es mentira. Si todo se puede negociar y discutir volvemos a la ley del más fuerte. Hay que partir de un mínimo".
Ese mínimo es la legitimidad de la Constitución, que será aceptada más fácilmente por todos en la medida en que sea reformable. "Los constitucionalistas más extremos se saltan algo: que eso de que España es una e indivisible no es una verdad científica. El derecho es un fenómeno histórico", afirma. Ahora bien, reflexiona, si un día hubiera un Estat Català su formulación constitucional sería probablemente la misma. Llegados a este punto –o metidos en este círculo vicioso–, De Lucas también se inclina por el Estado federal, sin cerrar la posibilidad de que eventualmente pudiera someterse a consulta la pertenencia o no de una comunidad al mismo. El catedrático es consciente de las dificultades que ello implica y de las preguntas que suscita. Por ejemplo, ésta: ¿Por qué no someter entonces a consulta si España es una monarquía o una república?
Las cuatro vías que tiene el Gobierno para recuperar "partes del Estatut" de Cataluña
Una decisión: dentro o fuera
El punto de vista del también catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia Roberto Viciano se aleja de la solución reformista. "El fondo del problema reside en que hay una parte de ciudadanos, en Cataluña y en el Pais Vasco sobre todo, que piensan que no son españoles y que se les obliga a pertenecer a un Estado del que no quieren formar parte. Eso no se arregla con una reforma constitucional, sino dejando que decidan si quieren ser españoles o no, que se enfrenten a la decisión de estar dentro de España y de la UE o fuera. Sabiendo perfectamente las consecuencias que tiene una u otra decisión", afirma. Si se quedan dentro, subraya, tendría que ser "sin privilegios". Cualquier otra vía "sin resolver el problema de fondo" consistirá en "nuevas concesiones a los nacionalistas", que con nuevas cuotas de poder simbólico, competencial o financiero volverán con el tiempo a generar un conflicto "en el que serán más fuertes".
El problema sigue siendo que, con la división en Cataluña, cualquier victoria de una mitad supondría la derrota de la otra. Lo que defienden los partidarios de la reforma constitucional, con el Gobierno al frente, es que ésta es la solución que puede permitir un mejor encaje de todas las posiciones, aunque seguramente sin complacer del todo a ninguna parte. Viciano discrepa: "Lo primero que hay que resolver es el problema de fondo. Entonces se podrá realizar una reforma constitucional y un modelo de Estado sin chantajes nacionalistas ni imposiciones estatales, simplemente basado en el análisis de qué es más sensato territorialmente en la España del siglo XXI".
Suele ocurrir que cuando se desgastan los sintagmas, usados como mantras en el debate público, su significado se desdibuja. La "salida de la crisis", por ejemplo. ¿Hemos salido de la crisis? Depende de a quién preguntes y qué indicadores se consideren. Lo que no sabíamos antes de entrar era que la salida sería una fase estable, un largo periodo en sí mismo. Ahora ocurre con expresiones como "resolver la crisis catalana" o "arreglar lo de Cataluña". ¿Qué significa eso, a lo que a menudo se hace referencia como si fuera un objetivo político más, como bajar el déficit o subir las pensiones? Son palabras equívocas, más aún porque se refieren a fenómenos que abarcan a millones de individuos, a sus actos e ideas. Porque en términos abstractos casi todo el mundo puede tener la misma idea o incluso compartir los términos: "recuperar la normalidad", "convivir democráticamente"... Pero en el fondo se abren diferencias insalvables. Para Albert Rivera (Ciudadanos) resolver la crisis es "enterrar el procés". Pablo Iglesias (Podemos) aboga por lo que él considera una "solución democrática", que pasaría por un referéndum pactado. Los independentistas sólo ven una solución: la independencia. El presidente, Pedro Sánchez, pone el énfasis en el "diálogo" y la "reforma"... que en realidad son dos palabras que ningún partido con representación parlamentaria desecha.