Solo ha pasado medio año desde que comenzó la legislatura, pero Junts Per Cataluña ya ha demostrado que es el socio más volátil e impredecible del Gobierno. Después de amagar en varias ocasiones con votar en contra de las iniciativas del Ejecutivo, el partido de Carles Puigdemont tumbó el martes la ley de amnistía —el mismo texto que había apoyado en la Comisión de Justicia del Congreso solo una semana antes— pese a que precisamente fue esa norma la que les llevó a investir a Pedro Sánchez el pasado mes de noviembre. En un primer momento Junts no puso traba alguna a la norma acordada en el Congreso: "Es un texto que compartimos de arriba abajo", aseguró el número dos de la formación, Jordi Turull. Entonces era Esquerra Republicana quien mostraba sus dudas ante la exclusión de delito de terrorismo.
Ahora a los posconvergentes les preocupan los últimos movimientos judiciales, que añaden —más— incertidumbre sobre el futuro de Puigdemont y otros dirigentes. La investigación que el magistrado Manuel García-Castellón está realizando en el marco del caso Tsunami abre la puerta a que el expresident sea inculpado en el terrorismo que no se exonera en la norma por haber contribuido, supuestamente, al fallecimiento de un ciudadano francés tras darle un infarto en el aeropuerto de El Prat —bloqueado por los manifestantes tras la sentencia del procés—. Por ese motivo, demandan que la ley de amnistía exonere cualquier delito terrorista. También temen que se les imputen más causas sobre presuntas conexiones entre colaboradores de Puigdemont y una trama rusa de desestabilización en Europa, una investigación dirigida por el juez Joaquín Aguirre el marco del caso Volhov.
El Gobierno, sin embargo, cerró la puerta a introducir nuevos cambios en la ley argumentando que el texto actual es "impecable", en palabras del ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. Los socialistas consideran que si se introducen las modificaciones requeridas por Junts, la norma no superará los filtros del Tribunal Constitucional ni de las instancias jurídicas de la Unión Europea. Un argumento que comparten los socios parlamentarios del Ejecutivo, que censuran la posición de los de Puigdemont y piden una legislatura estable.
En ERC están convencidos de que Junts votará finalmente a favor
Desde Esquerra Republicana consideran que la ley es "robusta". Así la calificó su líder, Oriol Junqueras, el martes en declaraciones frente al Congreso tras la sesión plenaria. A su juicio se trata de "una buena ley que merecía el apoyo de la mayoría de la Cámara" porque "es lo suficientemente robusta para superar los filtros europeos y del Tribunal Constitucional" y beneficia a "centenares de personas". A Esquerra también le inquieta que haya jueces que pongan en entredicho la norma, pero consideran que la solución no es paralizar la amnistía, sino aprobarla y luchar por su aplicación caso a caso. Fuentes de la formación consultadas por infoLibre creen que Junts finalmente votará a favor y señalan que su negativa forma parte de su campaña para las autonómicas del próximo año, aunque también advierten del "peligro" que supone de cara a la estabilidad de la legislatura que mantengan esa postura.
El president de la Generalitat, Pere Aragonès, también hizo un llamamiento a la "responsabilidad" para retomar las negociaciones y mostró su deseo de que la amnistía pueda ver pronto la luz. "La necesitamos para poder acabar con el dolor que están sufriendo centenares de personas en Catalunya, 1.200", citó. Desde la formación —que se cuidan mucho de plantear sus críticas de forma pública a Junts— consideran que el único motivo por el que Junts votó en contra de la ley tiene nombres y apellidos, Carles Puigdemont, pese a que él mismo planteó que la amnistía no iba de "soluciones personales".
Fuentes republicanas inciden en que aprobar la ley de amnistía es solo "el primer paso" y consideran que hay "mucho más que ganar" con una legislatura larga, en la que se puedan plantear demandas a través de negociaciones como la de los Presupuestos Generales del Estado, que el Ejecutivo quería iniciar esta semana pero que ha paralizado precisamente por su última derrota parlamentaria. Además de plantear un referéndum —una demanda que, en privado, reconocen que el PSOE nunca les va a dar— quieren "mejorar en la financiación de Cataluña" para poner fin al "déficit fiscal", incidir en la reforma del modelo territorial y logar más "autogobierno" a nivel impositivo. Unas demandas que —inciden— no podrían plantear con un Gobierno de PP y Vox.
El PNV lamenta que "cambio de criterio" de los de Puigdemont y pone de manifiesto sus diferencias
A diferencia de Aragonès, el lehendakari Íñigo Urukullu —con el que este miércoles se ha reunido en Bruselas— no ha escondido sus críticas hacia Junts tras votar en contra de la amnistía. El presidente vasco lamentó que "durante semanas han defendido que la proposición de ley de amnistía era buena" y después hayan ido "cambiando de criterio". Además, al igual que el Gobierno, incidió en el argumento de que la ley "va a estar sometida, tanto a lo que es la decisión del Tribunal Constitucional en el Estado Español como también a la del Tribunal de Justicia de la Unión Europea". Asimismo, también ahondó en los retos que se deben afrontar en los próximos meses como el debate del proyecto ley de Presupuestos Generales del Estado y manifestó estar preocupado por "la gobernabilidad y la estabilidad" de la legislatura si la dinámica continúa así.
Más prudente fue el diputado Mikel Legarda, portavoz de Justicia en el Congreso.En declaraciones a Radio Euskadi mostró su preocupación con el hecho de que se alargue la negociación de la amnistía, pero confió en llegar a un acuerdo porque, de lo contrario, "hay mucho más que perder que ganar". Aunque Legarda manifestó que la estabilidad de la legislatura "no está en riesgo" matizó que esa respuesta la daba "desde la racionalidad, no desde la emocionalidad". Al igual que ERC, desde la formación vasca consideran que si la amnistía no se aprueba, el coste a pagar será muy alto.
La estrategia del PNV y la de Junts no puede ser más distinta. Mientras que los de Puigdemont llevan cada votación al límite y juegan con la inestabilidad de la legislatura como un factor de presión hacia los socialistas, los jetzales quieren que el Ejecutivo liderado por Sánchez dure todo lo posible. Ambas formaciones formalizaban el pasado mes de noviembre una alianza estratégica —similar a la que tienen ERC y EH Bildu en Madrid— que, sin embargo, no está resultando demasiado efectiva. Pese a que Junts lleva meses defendiendo que "hay una nueva relación" con los de Andoni Ortuzar e incluso se llegó a explorar unan candidatura de unidad para las elecciones europeas —que ahora parece descartada—los nacionalistas vascos son también muy críticos con Junts. De hecho, según las fuentes consultadas, son los que más presión ejercen en privado sobre los posconvergentes.
Los comunes temen que Junts descarrile la legislatura
Los comunes, que forman parte de la coalición Sumar, conocen bien a Junts. Aunque a nivel nacional la posición de la coalición de Yolanda Díaz es más tibia y asume que tienen que "moverse" para llegar a un acuerdo, su pata catalana tiene claro que el principal responsable es el partido de Puigdemont. Su líder en el Parlament, Jéssica Albiach, les acusó de "poner palos en las ruedas" para beneficiar "a los que quieren venganza y que Cataluña no avance". Su compañera de filas y portavoz adjunta de Sumar en el Congreso, Aina Vidal, también destacó "la falta de responsabilidad" de Junts por haber impedido la aprobación de la norma e insistió en que la alternativa es un gobierno de la extrema derecha.
En estos meses la interlocución de Sumar con Junts la ha liderado Jaume Asens, al que le une una estrecha amistad con el entorno de Puigdemont, que intentó presionar todo lo posible para que dieran su sí a la investidura de Sánchez. Desde Junts siempre han reconocido su labor pero han priorizado las negociaciones con los socialistas, al igual que ocurrió el martes. El diputado de los comunes, Gerardo Pisarello, que intervino en la tribuna por su grupo, intentó ejercer de mediador en medio del debate, cuando se acercó al asiento de la portavoz, Miriam Nogueras, en un intento de reconducir la situación.
En Sumar siempre han sido conscientes del complejo escenario que dejó el 23J y, aunque siempre se mostraron optimistas sobre el apoyo de los de Puigdemont, ahora no esconden su preocupación sobre las consecuencias de la estrategia de Junts. Fuentes de la coalición no descartan, incuso, que la amnistía no salga adelante porque no se alcance un acuerdo entre las partes y consideran que, en ese caso, lo único que podría hacer el Gobierno sería convocar elecciones haciéndolas coincidir con las europeas de junio. Un supuesto que sería un "golpe", reconocen, aunque también ven "insostenible" seguir así mucho tiempo, ya que si se aprueba la amnistía, el siguiente reto serán los PGE. "Otra negociación agónica", profetizan.
En Bildu pide no desaprovechar la "oportunidad" y alerta del "peligro" de desestabilizar al Gobierno
Junts se queda solo: ERC lidera las críticas de los socios del Ejecutivo a la estrategia de Puigdemont
EH Bildu también tiene claro que esta legislatura es una "oportunidad". Así lo manifestó su líder, Arnaldo Otegi, tras la negativa de Junts a la amnistía. "Espero y deseo que todo el mundo sea capaz de ponerse de acuerdo y de estabilizar los próximos meses y los próximos años de esta legislatura", afirmó, incidiendo en que así podrán "abrir determinados debates" que son los que les interesan. Así, también apeló que Junts "tenga en cuenta que lo que nos jugamos no es una votación, sino algo más" y que "haya la suficiente energía creativa y la suficiente responsabilidad como para alcanzar un acuerdo".La portavoz de los abertzales en el Congreso, Mertxe Aizpurúa, aseguró que la legislatura "durará "en tanto que el Gobierno "responda satisfactoriamente a las exigencias de las formaciones independentistas catalanas y vascas".
Por su parte, uno de los diputados de la formación en el Congreso, Oskar Matute, se mostraba más crítico con los de Puigdemont admitiendo que le "parece poco viable" que esta legislatura continúe así, con un socio que pone en peligro cualquier votación. "No imagino que se pueda sostener una situación así de manera continua, pero la alternativa de un gobierno de derechas es peor para todos", señaló ante los micrófonos de El Intermedio tras acabar el pleno. Así, calificó de "peligroso" el precedente y añadió: "No sé si el escenario de que se cansen de acordar es mejor para ellos".
Fuentes de la formación consultadas por infoLibre lamentan que la ley no fuera aprobada pero creen que aún "están a tiempo" de "solventar el traspiés y revertir la situación". Aun así, temen que se le esté dando una oportunidad a quienes "por tierra, mar y aire, están intentando sabotear y boicotear la ley para que descarrile esta legislatura" —en referencia a PP y Vox—. Así, piden "altura de miras y responsabilidad" y reconocen que existe una preocupación en el partido por lo que está sucediendo, pero creen que Junts no tumbará una legislatura que "acaba de empezar".
Solo ha pasado medio año desde que comenzó la legislatura, pero Junts Per Cataluña ya ha demostrado que es el socio más volátil e impredecible del Gobierno. Después de amagar en varias ocasiones con votar en contra de las iniciativas del Ejecutivo, el partido de Carles Puigdemont tumbó el martes la ley de amnistía —el mismo texto que había apoyado en la Comisión de Justicia del Congreso solo una semana antes— pese a que precisamente fue esa norma la que les llevó a investir a Pedro Sánchez el pasado mes de noviembre. En un primer momento Junts no puso traba alguna a la norma acordada en el Congreso: "Es un texto que compartimos de arriba abajo", aseguró el número dos de la formación, Jordi Turull. Entonces era Esquerra Republicana quien mostraba sus dudas ante la exclusión de delito de terrorismo.