La condena menguante a los medios ultras por difamar a Ana Garrido, una de las informantes de la ‘Gürtel’

Los ataques y presiones que reciben los denunciantes, whistleblowers e informantes sobre casos de corrupción no solo vienen del entorno de los delincuentes a los que señalan. También llegan muchas veces de los medios de comunicación afines a ellos. Y conseguir una condena en firme por informaciones falsas o manipuladas en los tribunales es un proceso arduo y penoso que puede durar años. Ana María Garrido, una de las testigos clave de la fiscalía Anticorrupción en el 'caso Gürtel', ha tardado ocho en que le den la razón por las acusaciones públicas que vertió contra ella el digital Ok Diario. El Tribunal Supremo ha confirmado que el diario de Eduardo Inda deberá abonar a Garrido 7.000 euros por vulnerar su derecho al honor. Como en el caso de otros informantes, la sentencia es agridulce porque rechaza la existencia de otras presuntas difamaciones que tanto el juzgado en el que presentó la demanda como la Audiencia de Madrid sí apreciaron. El alto tribunal sí mantiene, sin embargo, la cuantía de la indemnización impuesta por los tribunales inferiores.

"Para mí esto no es una victoria", asegura Garrido desde su nueva residencia fuera de la Comunidad de Madrid. "Han sido ocho años de proceso en los que los tribunales han ido exculpando a los medios y a los periodistas a los que denuncié", añade. La informante recuerda que denunciar la trama Gürtel le costó su trabajo. Que tuvo que vender su casa para hacer frente a los innumerables litigios que le provocó su colaboración con la fiscalía Anticorrupción. "Cuando consiguieron echarme comenzaron las persecuciones y las amenazas de muerte y al final me quedé en la ruina más absoluta". "También me acusaron de cometer un delito y ese proceso fue utilizado por Ok Diario y por Libertad Digital para difamarme con mentiras. Esos medios fueron parte del acoso por no haberme callado". "Solo espero que esta sentencia sea el último coletazo de este infierno", afirma la confidente, que ahora ha creado ProÉtica, una consultora para asesorar a informantes de corrupción como ella.

La noticia que ha dado lugar a la confirmación de la condena es del 3 de junio de 2016. Bajo el título La testigo del fiscal en Gürtel, investigada por dar dinero público a una amiga y destruir pruebas, Ok Diario sugería que entre las adjudicaciones ilegales aprobadas por el Ayuntamiento de Boadilla del Monte (Madrid) y su alcalde, Arturo González Panero, conocido como El Albondiguilla, se encontraba la contratación de una psicóloga "que casualmente coincidió con Garrido mientras cursaba estudios de Psicología en la Universidad Complutense de Madrid" y con la que se habría ido de viaje. La información sugería que Garrido, desde su puesto en la concejalía de Juventud del consistorio, habría amañado al menos tres contratos a favor de su compañera de estudios. En resumen, que la denunciante de Gürtel realmente formaba parte de la trama de corrupción que había ayudado a destapar.

Sin sustento razonable

Ocho años después, la Justicia española ha llegado a la conclusión de que esas afirmaciones son falsas. "Las afirmaciones (...) de que la demandante [Ana Garrido] había incurrido en irregularidades en los expedientes de adjudicación de contratos o que algunas de las adjudicaciones investigadas están relacionadas con los servicios prestados al consistorio por una psicóloga amiga de la demandante, carecen de sustento razonable, por lo que han de ser consideradas inveraces", sostiene la sentencia de la Sala de lo Civil del Supremo, del pasado 10 de junio. Según los magistrados, ninguna de las pruebas aportadas por el diario de Inda para tratar de acreditar esa información, permiten sustentar la credibilidad de su contenido.

Pero, pese a que estaba de su parte la Fiscalía –el organismo con el que colaboró para destapar la mayor trama de corrupción que ha afectado al PP– y apoyaba que la sentencia recurrida fuera confirmada en su integridad, los magistrados del Supremo levantan la condena respecto a otra información titulada Una testigo de Gürtel presentó pruebas "manipuladas" para denunciar al Ayuntamiento de Boadilla. En ella se aseguraba que, en el proceso por mobbing que Garrido inició contra el consistorio y que ganó tanto en los juzgados de lo Social como en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, esta habría cortado y editado fragmentos de las grabaciones que aportó como prueba del acoso laboral al que la sometió el ayuntamiento por denunciar la trama corrupta. La única fuente que sustentaba esas afirmaciones era su expareja, con la que convivió un año y a la que la confidente de la fiscalía acusó de ser "un peón" del Ayuntamiento al que proporcionó información sobre su defensa.

"Realmente este proceso ha sido un despropósito", explica Garrido. "Mi expareja está condenada en firme en la misma causa por lo que dijo a Ok Diario y a Libertad Digital, pero los jueces han ido exculpando a los periódicos que lo publicaron. Primero absolvieron a Libertad Digital y ahora a Ok Diario por algunas de sus informaciones falsas", añade. Su excompañero sentimental, Juan Carlos Díaz, llegó a manifestar en una entrevista con el medio de Federico Jiménez Losantos que la confidente de Anticorrupción "se benefició" de la trama que denunció, mediante "desvíos de fondos" o "manipulación de cuentas". También llegó a asegurar que Garrido había sido pareja de El Albondiguilla y que cuando éste la dejó fue cuando denunció la trama corrupta. Los jueces consideraron que las declaraciones de Díaz difamaron a Garrido, y le obligaron a indemnizarla con 5.000 euros. Pero a Libertad Digital la absolvieron al considerar que se limitó a reproducirlas de manera "neutral".

No bastan las declaraciones

El juzgado de Primera Instancia ante el que denunció la información y, después la Audiencia de Madrid, consideraron que la información sobre el mismo tema que hizo Ok Diario también era inveraz. "No basta apoyarse en las declaraciones de una persona cuando se abandona el ámbito del reportaje neutral para amparar la difusión de una noticia", mantenían sus sentencias. "Bastaría entonces la declaración absolutamente inveraz o imprudente de cualquier persona para amparar la difusión de una noticia", añadían. Ambas resoluciones recordaban que las afirmaciones de la expareja de Garrido se produjeron en un proceso que nada tenía que ver con la supuesta manipulación de las grabaciones que demostraban el acoso laboral que sufrió y que, sin embargo, sí fueron aceptadas por los tribunales laborales que condenaron al Ayuntamiento de Boadilla por mobbing.

Sin embargo, el Supremo considera ahora veraz esa información porque, asegura, "se basó en las declaraciones de una persona que había sido pareja sentimental y había convivido con la demandante [Garrido], por lo que, en principio, debe considerarse como una persona que pudo tener conocimiento directo de los hechos". Esa es la razón por la que sus magistrados consideran que el autor de la información "observó la mínima diligencia exigible" al basarse "en elementos que, objetivamente, podían merecer credibilidad".

Garrido recuerda paso a paso el calvario que supuso denunciar la trama Gürtel en Boadilla, su municipio. Cómo tuvo que dejar su casa e irse para poder hacer frente a su defensa. Se queja de que la Ley de Protección del Informante, aprobada el año pasado, no haya recogido la cobertura de los gastos jurídicos de estas personas que sufren acoso por denunciar la corrupción, solo el asesoramiento sobre los procedimientos y el apoyo psicológico. También de que el Gobierno, un año y medio después de la aprobación de la norma, no haya creado todavía la Autoridad Independiente de Protección del Informante, el organismo estatal perteneciente al organigrama del Ministerio de Justicia a través del cual se deben canalizar las denuncias y dispensar la protección y el apoyo que necesitan los confidentes.