Ayuso solo impuso 24 multas en un año a los 25.000 pisos turísticos que operan en la comunidad

En Madrid, como en otras comunidades del país, los inmuebles de uso turístico comienzan a ser una rígida legión. Aunque en este caso la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, no ha dudado en asociar el fenómeno a las leyes "intervencionistas" del Gobierno central que favorecen la "inquiokupación". La diputada de Más Madrid en la Asamblea autonómica Emilia Sánchez-Pantoja formuló una pregunta por escrito sobre ellos en los siguientes términos: cuántas sanciones se han puesto a viviendas turísticas ilegales en el año 2023 en la comunidad. 

La respuesta le ha llegado vía la Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local y, de acuerdo a la misma, el pasado año se abrieron 525 expedientes sancionadores y se dictaron en concreto tan sólo 24 resoluciones sancionadoras en un territorio en el que, según información oficial del Instituto Nacional de Estadística (INE), se cuentan 19.456 viviendas turísticas, número que las asociaciones vecinales de afectados elevan hasta entre 25.000 y 26.000, a partir de datos de “las comercializadoras”, teniendo en cuenta que “no todas operan de forma permanente”. En definitiva, tomando la cifra más baja de esa horquilla, 25.000, significa que no se ha impuesto ni una multa por cada 1.000 pisos turísticos, que, en teoría, deben cumplir una serie de condiciones en cuanto a aspectos como tamaño, equipamiento o servicios para el usuario, fijadas en un decreto de 2014. 

Un dato que se puede ligar a otro: la comunidad que comanda Díaz Ayuso ha contado con 16 inspectores para vigilar lo que sucede en esa área en su territorio, dentro de las competencias autonómicas, en palabras del consejero madrileño de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco. El mismo que ha anunciado que se sumarán otros 13 y se incorporarán cuatro profesionales más para la recopilación e intercambio de notas, con el objetivo de reforzar el control de la actividad de esos apartamentos desviados al mercado del turismo en la región; y que se subirán las sanciones para aquellos casos que no cumplan cuando se establezca la baja de actividad.

De momento, en lo relativo a las infracciones y a las sanciones hay que seguir lo marcado en la Ley de Ordenación del Turismo de la Comunidad, que establece en su articulado que las segundas podrán ir desde un apercibimiento, hasta la clausura definitiva, pasando por la suspensión temporal de actividades o del ejercicio profesional y cierre temporal, a la anulación de inscripción en el Registro de Empresas Turísticas, paso, en teoría, imprescindible para destinar una vivienda a un fin turístico. Cuando se determine que lo preceptivo a aplicar es una multa, ésta podrá oscilar desde los 3.000 euros estipulados para las infracciones leves, hasta una cuantía comprendida entre los 30.001 y los 300.000 euros, si es muy grave. En medio, los incumplimientos catalogados como graves, podrán suponer el tener que abonar entre 3.001 y 30.000 euros.

Más apartamentos que menores de 15 años

“Sabemos que Madrid tiene unos 25.000 pisos turísticos, muchos ilegales, pero apenas se inspeccionan. La Comunidad de Madrid nos confirma que en 2023 sólo han puesto 24 sanciones. No se multa ni siquiera a uno de cada mil”, lamenta la autora de la pregunta, la diputada Emilia Sánchez. A su juicio, “el PP abre la puerta a la especulación inmobiliaria y cierra los ojos. No se inspeccionan las viviendas turísticas, no se pone límite a los alquileres, la vivienda en el último trimestre ha alcanzado la mayor subida en 17 años, regalamos visados e impuestos a quienes vienen a especular y, mientras tanto, la gente no puede acceder a una vivienda. No es de extrañar que por primera vez en el CIS -Centro de Investigaciones Sociológicas- salga la vivienda como el segundo problema que más preocupa a la población”, lanza.

Sánchez incide en su denuncia: "Hoy, en mi distrito, Centro, hay más apartamentos turísticos que niños menores de 15 años y la Comunidad de Madrid no tiene una política turística que permita la convivencia de los vecinos con el turismo”, remata.

"Demuestran una voluntad política cero"

De su lado, el coordinador de la Oficina de Información Vecinal de Afectados por las Viviendas de Uso Turístico de Madrid, Víctor Rey, cuestiona los números aportados por el Ejecutivo de Ayuso sobre, por ejemplo, la plantilla de inspectores. “En reuniones mantenidas entre las asociaciones, con representantes de la FRAVM presentes, y la Dirección General de Turismo, nos han reconocido en diversas ocasiones que tenían una carencia importante de personal. Hablaban de una plantilla de cinco más el encargado, seis. Luego nos dijeron que iban a incorporar a cuatro y en un tercer encuentro, hace meses, nos trasladaron que éstos tenían que pasar un proceso de selección y que no se incorporarían hasta 2025”.

“Parece que es evidente que tienen un descontrol absoluto sobre lo que se traen entre manos y no saben las viviendas que hay realmente”, sostiene, sobre todo teniendo en cuenta que la plataforma Inside Airbnb apunta a que pueblan la ciudad de Madrid más de 24.000. El Ayuntamiento de la capital ha hecho pública recientemente una lista y la localización de las instalaciones con licencia urbanística y en ese mapa constan algo más de un millar, pese a que el consistorio estima que existen en funcionamiento más de 13.500 pisos de ese tipo.

Para Rey, estas administraciones “demuestran una voluntad política cero”. Las responsabiliza “de mirar para otro lado porque aquí todo vale”. “Y es que -añade-, si se va a los listados del portal abierto de transparencia de la propia comunidad, hay casi 14.000 viviendas de uso turísticos registradas. Si, a continuación, se comparan con las que el ayuntamiento considera legales porque tienen licencia para ello, la diferencia es de cerca de 12.000. Es decir, hay registradas por la comunidad más de 11.000 en la capital que son ilegales, porque carecen del permiso urbanístico necesario, según la normativa en vigor, y sobre eso no actúan. Es tan sencillo como cruzar los datos para darse cuenta de que algo no está funcionando, pero no se hace”, critica.

La tendencia es al alza

No es un fenómeno que vaya a esfumarse: las pernoctaciones en apartamentos turísticos aumentaron un 4,1% el pasado mayo. Las de residentes se incrementaron un 5,1% y las de no residentes un 3,7%, a la luz de la Encuesta de ocupación en alojamientos turísticos extrahoteleros del INE. Se ocuparon el 33,1% de las plazas ofertadas, un 6,5% más que en 2023. Y, aunque la estancia media disminuyó un 10,9%, hasta 4,3 pernoctaciones por viajero, el grado de ocupación por plazas en fin de semana fue del 37,3%, un 6% más.

El 74,1% de las pernoctaciones las realizaron viajeros no residentes. Reino Unido fue el principal mercado emisor, con el 35,5% del total. Si Canarias fue el destino preferido en apartamentos, con más de 1,7 millones de pernoctaciones y un alza del 5,6%, la Comunidad de Madrid tuvo la mayor ocupación, con el 83,8% de las instalaciones ofertadas.

Y también se acrecentó el Índice de Precios de Apartamentos Turísticos (IPAP), con detalle un 7,3% en mayo respecto al mismo mes del año anterior, de acuerdo a la información difundida este martes 2 de julio por el Instituto Nacional de Estadística.