Tras cinco años y medio con un Consejo General del Poder Judicial bloqueado por el PP y sin capacidad de nombrar a los principales cargos judiciales, los vocales surgidos de la esperada renovación ven cómo el órgano recién nombrado se asoma a la parálisis. Los candidatos a presidir cuatro de las cinco salas del Tribunal Supremo ya han sido entrevistados y preseleccionados, pero los consejeros a propuesta del PP se niegan, por el momento, a negociar los nombramientos. Los vocales conservadores juegan con ventaja al tener a sus aspirantes a dirigir las dos salas clave –la de lo Penal y la de lo Contencioso– ocupando esos puestos en funciones. Los propuestos por el PSOE y Sumar amenazan con parar el resto de designaciones pendientes –cerca de un centenar– si sus compañeros conservadores se niegan a acordar con ellos los puestos más importantes del alto tribunal.
Las ternas de aspirantes ya han sido aprobadas por la comisión de calificación, la que se encarga de preseleccionar a los candidatos. Terminado el proceso previo, ahora es el Pleno, formado por los 10 vocales progresistas, los 10 conservadores y la presidenta Isabel Perelló (también progresista), el que debe votar los nombramientos. Para nombrar a los nuevos presidentes o presidentas se necesita una mayoría de tres quintos, es decir, 13 votos, lo que obliga a ambas sensibilidades a negociar. Los vocales a propuesta del PSOE y Sumar han hecho llegar a los propuestos por el PP su disposición a sentarse a negociar para llegar a un acuerdo, pero estos últimos han rechazado, por el momento, sentarse con sus compañeros.
Las presidencias en juego son las de la Sala de lo Civil, lo Penal, lo Contencioso-Administrativo y lo Social. A la primera solo se ha presentado el candidato conservador Ignacio Sancho Gargallo, que casi con total seguridad se hará con el puesto. Para dirigir la de lo Penal –el que lo hacía hasta el cinco de diciembre era magistrado Manuel Marchena–, los progresistas defienden a Ana Ferrer, de Juezas y Jueces para la Democracia, mientras que los conservadores prefieren a Andrés Martínez Arrieta, de la moderada Francisco de Vitoria. En la de lo Contencioso, la candidata del sector progresista es Pilar Teso que se disputa la plaza con Pablo Lucas, apoyado por los vocales a propuesta del PP. Por último, para la de lo social, pugnan la progresista Concepción Ureste y el conservador Juan Molins.
De las cuatro presidencias en liza, las dos más relevantes son la de la Sala de lo Penal, que tiene la última palabra sobre los grandes casos de corrupción que afectan a políticos y otros aforados, y la de lo Contencioso-Administrativo, que resuelve todos los recursos presentados contra las decisiones del Gobierno, el CGPJ y el resto de las administraciones. Ambas están ya ocupadas de hecho por los candidatos de los vocales a propuesta del PP. Tras el rechazo de Marchena a continuar al frente de la Penal mientras se nombra a su sucesor, su puesto lo ha ocupado ya Martínez Arrieta en funciones, al ser el magistrado más antiguo. Lo mismo ocurre en la de lo Contencioso, en la que la presidencia recayó también provisionalmente en Pablo Lucas, el candidato de los conservadores para ocuparla definitivamente, tras la marcha al Constitucional del anterior presidente, Cesar Tolosa.
El rechazo a sentarse con los progresistas para negociar los nombramientos favorece a los conservadores, ya que mantienen así para los aspirantes a los que apoyan tres de las cuatro plazas del Supremo en juego. Además de las presidencias de lo Contencioso y lo Penal, mantienen también la de la Sala Civil, donde su candidato, Ignacio Sancho –el único que se ha presentado para ocupar la plaza–, también es ya presidente en funciones. Si se niegan a negociar las presidencias, esa situación de hecho podría prolongarse hasta 2026, el año en el que a Martínez Arrieta y a Lucas les llega la edad de jubilación y tendrán por tanto que dejar sus puestos.
Desde el sector progresista aseguran que, en caso de que los conservadores sigan bloqueando las presidencias, ellos paralizarán el resto de designaciones discrecionales, lo que perjudica especialmente a los candidatos conservadores. Tras cinco años y medio con un Consejo bloqueado, los últimos sin poder hacer nombramientos, casi un centenar de puestos están aún por cubrir y, con toda probabilidad, la mayoría de los que opten a ellos serán magistrados de esa sensibilidad que en la judicatura representan una inmensa mayoría. En las últimas elecciones a Salas de Gobierno, en las que votan todos los jueces españoles, los candidatos progresistas solo obtuvieron dos de las 118 plazas en juego.
Con la presidencia de la Sala de lo Civil ya prácticamente otorgada a un conservador, los vocales a propuesta del PSOE y Sumar consideran que les corresponde designar a los que dirigirán otras dos y, al menos una de ellas, debe ser la de lo que en el Consejo se denomina de "las grandes": la de lo Penal o la de lo Contencioso-Administrativo. Esas son sus condiciones. En caso de que, más adelante, los conservadores accedan a negociar, los progresistas contarán con la ventaja que les da la ley de paridad porque sus tres aspirantes (a las presidencias de lo Penal, Contencioso y Social) son mujeres, frente a los cuatro candidatos (hombres) de los vocales a propuesta del PP. Conforme a esa norma, que impone un 60%-40% en el reparto entre sexos, dos de las cuatro plazas en juego deberían ser para ellas y, por tanto, caer del lado progresista.
Si durante más de un lustro el PP el que paralizó la renovación del CGPJ e impidió con su bloqueo el nombramiento de los principales cargos judiciales, ahora, esa responsabilidad recae sobre los vocales que ese partido designó. "La llegada del nuevo Consejo generó grandes ilusiones", recuerda un vocal progresista muy preocupado por la situación. "Tenemos muchísimas plazas por cubrir y no podemos generar un nuevo parón. Está en juego la credibilidad del órgano", concluye.
Tras cinco años y medio con un Consejo General del Poder Judicial bloqueado por el PP y sin capacidad de nombrar a los principales cargos judiciales, los vocales surgidos de la esperada renovación ven cómo el órgano recién nombrado se asoma a la parálisis. Los candidatos a presidir cuatro de las cinco salas del Tribunal Supremo ya han sido entrevistados y preseleccionados, pero los consejeros a propuesta del PP se niegan, por el momento, a negociar los nombramientos. Los vocales conservadores juegan con ventaja al tener a sus aspirantes a dirigir las dos salas clave –la de lo Penal y la de lo Contencioso– ocupando esos puestos en funciones. Los propuestos por el PSOE y Sumar amenazan con parar el resto de designaciones pendientes –cerca de un centenar– si sus compañeros conservadores se niegan a acordar con ellos los puestos más importantes del alto tribunal.