Unidas Podemos anuncia un pacto con el PSOE para regular las devoluciones en caliente a través de la ley de extranjería

La reforma de la Ley Orgánica 4/2015 de 30 de marzo de Protección de la Seguridad Ciudadana, más conocida como la ley mordaza,aprobada por un Partido Popular que gozaba de mayoría absoluta, lleva más de dos años enterrada en un cajón del Congreso. Desde septiembre del año 2019 se encuentra paralizada en la Mesa de la Cámara Baja, cuyo plazo de enmiendas ha sido prorrogado en 39 ocasiones por las formaciones que tienen mayoría, PSOE y Unidas Podemos, impidiendo así que la ley siga su trámite parlamentario.

El motivo de este bloqueo se debe a la falta de acuerdo entre los dos socios de coalición por algunas cuestiones clave, entre ellas las devoluciones en caliente. Fuentes del grupo confederal avanzan a infoLibre que han llegado a un acuerdo para “omitir cualquier mención a asuntos de extranjería y fronteras” en la ley, “remitiéndose tales materias a la legislación de extranjería, siempre conforme a los establecido en los convenios internacionales suscritos pro España”.

Este "principio de acuerdo", según los morados, que en el PSOE han preferido calificar como un "avance en las negociaciones", ha llegado tras una reunión entre Rafael Simancas, secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y Asuntos Constitucionales, por la parte socialista, y Enrique Santiago, secretario de Estado de Agenda 2030, en representación de Unidas Podemos.

La Ley de Seguridad Ciudadana estableció un régimen especial en el tratamiento a inmigrantes indocumentados que entran en Ceuta y Melilla, de manera que pueden ser expulsados en la misma frontera sin asistencia jurídica: “Los extranjeros que sean detectados en la línea fronteriza de la demarcación territorial de Ceuta o Melilla mientras intentan superar los elementos de contención fronterizos para cruzar irregularmente la frontera podrán ser rechazados a fin de impedir su entrada ilegal en España”, reza la ley.

Ese punto fue recurrido ante el Tribunal Constitucional, que acabó fallando en el año 2018 a favor de la ley. Según la interpretación del alto tribunal, "el rechazo en frontera es una actuación material de carácter coactivo, que tiene por finalidad restablecer inmediatamente la legalidad transgredida por el intento por parte de las personas extranjeras de cruzar irregularmente esa concreta frontera terrestre", aunque con "especial atención" respecto a los migrantes con un perfil "vulnerable", como menores de edad, las mujeres embarazadas o personas de edad avanzada.

El Pedro Sánchez de 2014 aseguró que no compartía "legalizar las devoluciones en caliente", pero tras llegar al Gobierno pasó a calificarlas como "devoluciones inmediatas" de los migrantes. Sucedió durante la crisis migratoria del pasado mes de mayo en la que entraron más de 10.000 migrantes por Ceuta. El Ministerio de Interior, encabezado por Fernando Grande-Marlaska, también evita calificarlas como tal y defiende que se tratan de "rechazos en la frontera".

Según el pacto al que han llegado ambas formaciones, estas devoluciones pasarán a estar reguladas por la ley de extranjería, pero siempre "con el criterio de los convenios internacionales", destacan las fuentes moradas.

Reducción de las multas y vinculación con la renta

Otro de los puntos en los que se ha llegado a un acuerdo es en la reducción de las multas en la ley mordaza ley mordaza, que en algunos casos, los más graves, llegaban hasta los 600.000 euros. "Deberán reducirse las multas que son excesivas y en todo caso aplicarse siempre criterios de proporcionalidad vinculados a la capacidad económica del administrado", destacan fuentes moradas, que inciden en vincular estas multas a la capacidad económica. "Santiago ha hecho hincapié en este punto desde el inicio de las negociaciones", señalan.

La norma vigente establece que las sanciones de las faltas muy graves van de 30.001 a 600.000 euros; las graves acarrean multas de 601 a 30.000 euros; y las leves, de 100 a 600 euros. La propuesta en la que están de acuerdo Unidas Podemos y el PSOE es que las muy graves pasen a estar sancionadas con multas de 6.001 a 12.000 euros; las graves, de 301 a 6.000 euros; y las leves, de 50 a 300 euros. 

Disminución del tiempo en comisaría y registros corporales

Las dos formaciones del Ejecutivo también trabajan para que sea un máximo de dos horas el tiempo de identificación de una persona en comisaría, "salvo causa excepcional debidamente alegada y verificable". Se trabaja para que la identificación en comisaría "sea excepcional y una vez concluida la persona identificada sea devuelta al lugar desde el que fue conducida a comisaria". Asimismo, señalan que los registros corporales "siempre serán circunscritos a indicios concretos y comprobables y en todo caso cuando impliquen dejar a la vista parcialmente el cuerpo deberán realizarse en lugares donde se preserve la intimidada del administrado, fuera de la vista de terceros".

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Asimismo, los socios de coalición también han llegado a un consenso sobre dos puntos claves: cambios en el articulado referidos a las sanciones sobre reuniones no comunicadas que se desarrollen sin incidentes y respecto a la toma de imágenes durante manifestaciones e intervenciones policiales. 

De esta forma y conforme a lo propuesto por Unidas Podemos, se "garantiza" la "protección" del derecho a la reunión pacífica mediante una reforma del articulado de la ley, por el cual se pauta que "en ningún caso la ausencia de comunicación previa impida el ejercicio del derecho siempre que sea de forma pacífica".

Por otro lado y atendiendo a "reclamaciones" de profesionales de medios de comunicación, tampoco se podrá sancionar la toma y difusión de imágenes cuando no afecten al derecho a la intimidad o la seguridad de los policías o sus familias.