Las vías de escape para los defraudadores que deja el plan de la OCDE contra el secreto bancario

Son pasos en la buena dirección, sí, pero demasiado cortos. Es la esencia del análisis que organizaciones como ATTAC, pero también los técnicos de Hacienda –a través de su sindicato, Gestha– hacen de las medidas que se están llevando a cabo a nivel internacional contra el fraude fiscal. Ambos colectivos coinciden en dar la bienvenida a acuerdos como el adoptado recientemente en Berlín por un centenar de países [ver lista completa en este reportaje de Mediapart] que, a instancias de la OCDE, acordaron ponerse manos a la obra con el objetivo de enterrar el secreto bancario. Este organismo recibió el encargo del G-20 de coordinar la lucha mundial contra la evasión fiscal. 

Sin embargo, advierten ambas organizaciones, ese acuerdo –por el que 93 Estados anunciaron su intención de intercambiar de forma automática información fiscal antes de 2018– tiene algunas lagunas que podrían echar por tierra el fin último de unas prácticas delictivas que suponen una gran merma de ingresos para los países afectados. Sólo en el conjunto de la Unión Europea se dejaron de ingresar en 2012 alrededor de 177.000 millones en concepto de IVA defraudado o no recaudado, según cifras facilitadas por la Comisión Europea. Esta cifra supone el 16% de los ingresos de IVA previstos.

Entre las principales lagunas de ese acuerdo, José María Mollinedo, portavoz de Gestha, alude al periodo de demora hasta la entrada en vigor, pues el compromiso es poner en práctica el intercambio automático de información a partir de 2017. "Esto sirve para que durante todo 2015 las personas que puedan tener dinero en centros offshore puedan movilizarlo y derivarlo a otros productos dentro de la misma entidad, a otra entidad o a una sucursal de la entidad en otro país de los que no ha suscrito el acuerdo", señala. Además, respecto a las cuentas abiertas antes de 2016, el intercambio de información solo afecta a aquellas con más de 250.000 dólares. 

¿Consecuencia? Las personas realmente evasoras o las que hayan blanqueado o estén blanqueando capitales tienen un amplio margen de tiempo para movilizar su dinero. Mollinedo asegura que este tipo de movimientos ya se han visto en otras ocasiones. Y alude a la investigación judicial de caso Gürtel y al último auto del juez Pablo Ruz que describe como el extesorero del PP Luis Bárcenas movilizaba su dinero desde una cuenta de una entidad a otra conforme se iban haciendo comisiones rogatorias con el objetivo de no dejar rastro alguno. 

También supone un problema EEUU, que al aprobar su poderosa ley Fatca, no se ha visto obligado a ratificar los acuerdos de la OCDE. Aunque esa norma garantiza a la Hacienda norteamericana la obtención de las informaciones que desea, el texto legislativo es más laxo en lo que concierne a las obligaciones de EEUU para con sus socios. Es decir, los bancos norteamericanos no tendrán que proporcionar a otros países todos los datos de los que disponen. Es una cuestión peliaguda, pues numerosas sociedades registradas en Delaware –paraíso fiscal interno– solo son tapaderas  que sirven para ocultar la identidad de los defraudadores.

Otro aspecto clave que tampoco aclara este acuerdo es de las sociedades pantalla radicadas en paraísos fiscales. Mollinedo explica que la información que se va a obtener se limita a las personas que tienen depósitos en cualquiera de los países que han firmado el acuerdo. "¿Qué pasa cuándo hay una sociedad, por ejemplo, de las islas Caimán [que no han firmado el acuerdo] que tiene una cuenta abierta en un paraíso fiscal de los que sí han firmado? ¿A quién se le pide la información? ¿A las autoridades de las islas? No se va saber quién está detrás de esa empresa pantalla y eso es dinero se va a quedar sin tributar", asegura. 

Desconfianza  

El portavoz de Gestha alude también a la austucia de los bancos, que, según su criterio, tendrán la posibilidad de crear nuevos productos financieros. Cita, por ejemplo, productos como los seguros de vida prima única o las cesiones de crédito con los que los particulares y, por tanto, las entidades, obtienen una rentabilidad pero no están obligados a facilitar información sobre ellos a Hacienda. "Los bancos para esto han sido siempre muy creativos. Y más los de los centros offshore, que no tiene limitación alguna porque están recibiendo fondos del exterior y no tienen un especial interés en ver quiénes son los depositantes de estos fondos", asevera. Alude también al caso de las tarjetas innominadas –ubicadas contra depósitos en Suiza o Chipre, el sitio preferido de los defraudadores rusos– de las que no se puede saber quién es su portador. "Este tipo de prácticas no se van a corregir", asegura Mollinedo.

Carlos Sánchez-Matto, presidente de ATTAC Madrid, recurre a experiencias del pasado para expresar su desconfianza sobre el futuro de este acuerdo. "Es pronto saber si se logrará ir más allá que con otras iniciativas anteriores, pero mi primera impresión es crítica porque con espíritu similar en ocasiones anteriores el resultado ha sido decepcionante. Se han dejado vías de salida para permitir que muchos territorios que hacían de hecho como paraísos fiscales no sean calificados como tal. Ese es el mayor problema", subraya.

Y aporta datos. A partir de marzo de 2009, el G-20 planteó de manera pública "su cruzada contra los estados que no aplican los estándares internacionales convenidos sobre fiscalidad". Con ese propósito la OCDE publicó en 2009 una separación de los países según su grado de cooperación. Sánchez-Matto califica de "decepcionante" ese listado, pues la OCDE situó en el mismo plano a países como EE UU, China, España, Francia o Alemania, junto a otros "que son descarada y notoriamente paraísos fiscales hasta ese momento por la OCDE" como Malta, Chipre, las islas de Guernesey, Jersey, Man y las Islas Vírgenes estadounidenses. Todas ellas dejaron de serlo sólo por haber suscrito más de doce convenios fiscales según el modelo de la OCDE. "Vale todo, incluso haberlos firmado con jurisdicciones tan insignificantes como el convenio de Jersey con las islas Feroes de 28 de octubre de 2008; o la Isla de Man con Groenlandia el de 30 de octubre de 2007. Esto ha homologado como libres de sospecha a paraísos fiscales de bandera", se queja Sánchez-Matto.

A su juicio, se trata de "resquicios claramente detectables" que utilizan "los países que quieren mantener esta posición de competencia fiscal desleal en el mejor de los casos o simple evasión fiscal en el peor". El presidente de ATTAC Madrid también cree que tampoco existe una voluntad política de atajar el "sacrosanto principio de la libertad de movimiento de capitales", así como la capacidad que tiene cualquier país a la hora de competir con sus vecinos rebajando tipos impositivos. "Hay maneras de competir en la vía de menores exigencias que se convierten en fórmulas de generar grandes bolsas de fraude", señala. Pero, advierte, no es sólo el tipo impositivo bajo que se pueda poner, sino la facilidad para escaparse del control en cuanto a quién es realmente el dueño de una empresa a través de sistemas como los títulos al portador que son "totalmente opacos". "Eso es algo que sería fácil de solucionar y a los que este acuerdo tampoco va a poner coto", asevera. 

Una respuesta global 

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ATTAC y Gestha coinciden en que la solución al difícil problema de la evasión de capitales debe ser global, con una acción coordinada de los gobiernos. "Eso sería lo óptimo, pero se dejan tantos resquicios que a veces da la sensación de que los legisladores no van más deprisa por propio interés", señala Sánchez-Matto, quien considera que, a nivel interno, España sí debería hacer más contra el fraude fiscal. "El Gobierno de Mariano Rajoy se refugia en que a nivel internacional no se llevan a cabo medidas lo suficientemente duras y que, por tanto, no puede hacer nada. Eso es falso", dice tajante. 

El portavoz de ATTAC asegura que la Agencia Tributaria podría dificultar "mucho" la posibilidad de actuación de las empresas que tienen filiales o domicilios en paraísos fiscales o en centros opacos simplemente obligando a las empresas que están domiciliadas fuera de nuestras fronteras a que esté absolutamente clara lo que se llama hoja de titularidad, una estructura ante notario en la que se llegue hasta el final para saber quién es el propietario último de la empresa. "Eso tiene enormes fallas todavía en la legislación española, pues se deja que empresas que están dirigidas desde fuera intervenga sin esa hoja de titularidad real", asegura.

Mollinedo, por su parte, cree también que la respuesta tiene que ser global. No obstante, considera que el Gobierno podría haber ido más lejos en algunas de sus medidas antifraude –Gestha proponía limitar a 1.000 euros el pago en efectivo y el Gobierno lo dejó en 2.500– o haber implantado otras como la creación de un nuevo tipo impositivo para las grandes empresas, de un impuesto sobre la riqueza o de un impuesto a las transacciones financieras internacionales, entre otras.