Villarejo se acoge a su "secreto profesional" de abogado para no revelar al juez si tuvo contactos con fiscales y Garzón

El comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo es abogado y está colegiado, razón por la cual se ha negado a responder al juez y los fiscales Anticorrupción sobre los contactos que decía haber desplegado con jueces y fiscales de la Audiencia Nacional para favorecer a su cliente Ángel Pérez-Maura en un proceso de extradición: se acoge al secreto profesional.

Según informan fuentes jurídicas, así lo ha defendido interrogado en la prisión de Estremera en relación al encargo del naviero para que frenase a cambio de 10 millones de euros la causa de corrupción que se le había abierto en Guatemala y la extradición a aquel país que podía conllevar (Proyecto Pit). El procedimiento se incoó en 2016, fue archivado dos veces y finalmente, en 2018, se denegó la entrega por ser un ciudadano español.

En los audios que obran en la causa, Villarejo cuenta a ese cliente que estaba desplegando sus influencias en reuniones con miembros de la Fiscalía de la Audiencia Nacional o incluso que había contratado al exmagistrado Baltasar Garzón para que hiciera lo propio en Guatemala. Todas las personas de las que el comisario habla en las conversaciones grabadas han negado su participación en este asunto.

Preguntado al respecto, Villarejo ha señalado que no recuerda esas reuniones y que, en todo caso, no hablaría de ellas por "secreto profesional". Ayer, su socio Rafael Redondo, imputado en la misma causa, dijo al juez que efectivamente se intentó contratar a Garzón pero no tuvieron éxito. Para el comisario, con esta afirmación su colega, que también es abogado, pecó de "muy imprudente".

En todo caso, ha dicho que con Garzón había tenido relación en calidad de abogado y que no ve problema en recurrir a los contactos que uno tenga en instancias como la Audiencia Nacional en ese contexto, dado que opina que es lo habitual entre letrados. Cuando se le ha preguntado por el pseudónimo con el que se referían a él, Mago, Villarejo ha contestado que "hay muchos magos" en su vida, entre los que ha mencionado uno en el CNI y otro en los servicios secretos americanos.

También ha salido a colación en el interrogatorio la anotación en su agenda D2 y las referencias en su agenda y los audios a la otrora fiscal a cargo de antiterrorismo en la Audiencia Nacional y ahora ministra de Justicia en funciones, Dolores Delgado. En la misma línea, el comisario se ha ceñido al secreto profesional: Ni confirma ni desmiente que aquellos encuentros que vendía a sus clientes existieran y en ningún caso, dice, hablaría de este asunto.

Un encargo "complicado" de 10 millones de euros 

Para Villarejo, el encargo de Pit se resume en la encomienda a Cenyt de realizar un trabajo en doble sentido, un informe de análisis de inteligencia y otro de asesoría legal. No entra en los pormenores, pero sí reconoce que las cuantías fueron elevadas -se pactaron 10 millones de euros de los que cobraron finalmente 7,48 millones-- porque la labor era complicada, y asegura que en esta relación nunca se presentó como policía en activo ya que, de hecho, en 2016 estaba ya preparando la jubilación.

Se arroga además un éxito parcial en el asunto, por el el que está acreditado que la mercantil a la que estaba vinculado cobró de los Pérez-Maura un millón y medio de euros y es el hecho de que el naviero no llegase a ser detenido, como solicitaba Guatemala, y pudiese comparecer de motu proprio en la Audiencia Nacional.

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Descarta así que estafase a los Pérez-Maura y opina que la vista de extradición se celebró en 2018 porque su labor se interrumpió cuando fue detenido en noviembre de 2017 y hasta entonces, venía cumpliendo objetivos. En aquel momento, estaba archivado por falta de documentación de la justicia de Guatemala.

En cuanto al resto de investigados por este asunto en la Audiencia Nacional, el comisario ha exculpado a su hijo, que proporcionó unos teléfonos de seguridad a los Pérez-Maura y asistió a alguna de las reuniones porque trabajaba en Cenyt; y ha apuntado que no le extrañaría que el empresario Adrián De la Joya, en libertad bajo fianza, cobrase por sus servicios. Según ha dicho, los pagos los llevaba Redondo, que ayer precisamente dijo que ese asunto lo llevaba Villarejo.

Respecto al exembajador de Guatemala en Estados Unidos, Julio Ligorría, Villarejo ha confirmado que no cobró de Cenyt, pues fue Adesan la mercantil de otro investigado quien efectuó la transacción; y que lo de conseguir que fuese presidente de Guatemala era una de las opciones que estaban sobre la mesa para poner solución política a lo que considera un problema político, el supuesto interés de EEUU por hacerse con la infraestructura adjudicada en teoría de forma irregular a los Pérez-Maura en aquel país.