¡Que no te impongan! Tú contribuyes

La palabra “impuestos” viene del latín “impositus”, porque eran una imposición realizada por quien tenía el poder. Es decir, se creaba una obligación de pago.

Cuando un gobernante quería conseguir recursos para llevar a cabo planes como librar una guerra, por razones religiosas o para construir, imponía impuestos a sus súbditos y así recaudaba dinero.

El impuesto más antiguo del que se tiene constancia data del año 6000 antes de Cristo en Lagash (actual Irak). En tiempos de guerra, los impuestos suponían en torno al 10% de las propiedades de los súbditos y se pagaban, normalmente, en alimentos.

Porque los impuestos eran los que se “imponían”.

Se “impusieron” pagos en Roma para mantener el enorme coste del imperio. Algunos los abonaban los más ricos. También se fijaron otros impuestos —que siguen existiendo— como son los impuestos sobre los inmuebles, aranceles para la importación y la exportación, sucesiones o impuestos por ventas.

Más adelante en la historia, fueron existiendo impuestos sobre las cosas más diversas (hasta sobre la orina o la sal) y hubo todo tipo de “imposiciones” a nobles o al pueblo llano, así como exenciones para la nobleza y la Iglesia, no para el pueblo llano.

No es algo impuesto, es la contribución de los ciudadanos a la economía común. Parece absurdo, por tanto, no llamarle contribución

Ya nos hemos acostumbrado a la palabra “impuesto”, cuyo origen está en el verbo “imponer”. Sin embargo, en realidad, a partir de la revolución francesa y con la aparición de la democracia en Inglaterra, la contribución a los gastos que se plantean en España la decide el gobierno democráticamente elegido por el pueblo soberano. Por lo que ya no es algo impuesto, sino algo que, indirectamente, decidimos entre todos. Lo decidimos en función de cómo queremos que se distribuya nuestro dinero: asuntos sociales, sanidad, educación, seguridad, carreteras, defensa, pensiones, etc.

Es similar a lo que hacemos en una comunidad de propietarios. Decidimos qué hacer con el dinero, en qué nos gastamos los ingresos pero, en este caso, se decide con el poder transferido al Congreso.

Y en una comunidad de propietarios no lo llamamos impuesto, sino que es la contribución de cada vecino. En el caso de contribuir a los gastos de un país, decisión acordada por votación entre los partidos del Parlamento, es algo que se pacta entre todos. No es algo impuesto, es la contribución de los ciudadanos a la economía común. Parece absurdo, por tanto, no llamarle contribución.

En España existía un impuesto que se llamaba Contribución Territorial. Pero hace 34 años que se cambió por el llamado IBI.

Verdaderamente, es una contribución y así se recoge en la Constitución: Art 31 1. "Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio".

No deberíamos emplear un término que tiene connotaciones negativas pues, aunque cueste pagar para contribuir a los gastos que tiene España, la realidad es que, desde la llegada de la democracia, nuestros representantes legales son los que deciden lo que tenemos que pagar, lo que tenemos que contribuir para mantener el Estado del bienestar.

Ya es incorrecto llamar “impuesto” a algo que decidimos por votación en el Congreso: quién paga, qué paga y de qué forma se calcula. Tendríamos que llamarlo “contribución” pues nadie nos impone nada: todos contribuimos a los gastos que tenemos y lo deciden nuestros representantes en el Congreso.

Llamémosle contribución en lugar de impuestos y eliminaremos un daño que perjudica notablemente la imagen de nuestra contribución.

Así quedará más claro que quienes eluden el pago de impuestos o llevan su dinero a paraísos fiscales no contribuyen a sostener el Estado de derecho ni el bienestar social en España… aunque presuman de patriotas. Según Tax Justice Network, Global Alliance for Tax Justice y Public Services International, en España se produce una evasión de impuestos de las grandes empresas y las grandes fortunas de unos 7.250 millones de euros anuales.

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Miguel Gorospe es coordinador de la Plataforma por la Justicia Fiscal