El día después de la vacancia en Perú
La vacancia ("cargo o empleo sin proveer") de Pedro Castillo dejó al Perú sumido en la inestabilidad política, social y económica. La Fiscalía de la nación le imputa cargos penales por rebelión, conspiración y otros, incluyendo en la investigación a los ex primeros ministros Aníbal Torres Vásquez y Betsy Chávez. Dina Boluarte, al jurar como presidenta, mencionó que había la posibilidad de no renunciar al cargo y terminar el plazo iniciado por el Gobierno de Castillo. Rápidamente hubo una respuesta desde la sociedad en rechazo a las acciones del Gobierno y el Congreso. Varias ciudades del país como Apurímac, Ica, Arequipa, Cuzco, Tacna y otras se paralizaron en manifestaciones hasta los últimos días.
Las manifestaciones tuvieron como resultado bloqueos en las vías principales del país, daños a la propiedad tanto pública como privada, heridos y muertos, como causa de los enfrentamientos entre la policía y la ciudadanía. Los manifestantes tenían como consigna la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, el adelanto de elecciones generales, en menor grado el llamado a una asamblea constituyente para una nueva constitución política y, en algunos casos aislados, la liberación del expresidente Pedro Castillo.
Frente a las violentas manifestaciones y rechazo de los diferentes sectores sociales del país, la presidenta presentó un proyecto de adelanto de elecciones para abril del 2024, que luego fue ajustado hasta diciembre del 2023. La fecha propuesta se estableció para cumplir con los plazos y requisitos que impone la ley para estos procesos especiales. Sin embargo, a pesar de las paralizaciones y 27 muertes (a la fecha de este escrito) durante los paros, el Congreso, en una primera votación, no aprobó la ley de adelanto de elecciones para diciembre de 2023, siendo recientemente en una segunda votación la aprobación de adelanto para abril del 2024.
El país puede necesitar más que una reforma legal y constitucional, siendo que algunos refieren a una crisis moral como la principal causa de los problemas nacionales, donde la corrupción está enraizada en la cultura del país
Otro sector de la población está a favor de mantener el statu quo, evocando la cultura del terruqueo a por los manifestantes y todo aquel que piense distinto a ellos. Esta polaridad es muestra de la profunda fractura social que existe en el país, donde unos días antes un medio internacional recordaba que Perú no es Lima. Y es que el centralismo es un rasgo marcado en Perú, aunque somos un país descentralizado, las políticas más importantes son dictadas en Lima. En este contexto, los gobiernos regionales se mostraron en contra de las manifestaciones instando al diálogo, aunque desde regiones como Ayacucho se condenaron las muertes responsabilizando a la presidenta, Dina Boluarte.
En el plano internacional, los gobiernos de Argentina, Bolivia, Colombia y México mostraron su preocupación por la “remoción y detención del presidente Castillo”, a quien ven como “víctima de un antidemocrático hostigamiento”, instando a que prevalezca la voluntad ciudadana en las urnas. Con ello, el Gobierno de México otorgó asilo a la familia de Pedro Castillo, lo que incentivó un reclamo del Gobierno peruano. Esto, sumado a los delirios de inocencia del expresidente Castillo, que ha olvidado la ruptura del orden constitucional que generó.
Después de dos semanas de la vacancia a Pedro Castillo, parece que hay una hoja de ruta trazada, y se han aprobado las elecciones generales para abril del 2024, que aún tienen que ser ratificadas en la siguiente Legislatura por el Congreso. Sin embargo, por lo corto del tiempo para dichas elecciones, no se podrían plantear e implementar las reformas políticas necesarias para cortar con las recurrentes vacancias presidenciales y disoluciones de Congreso en las que vivimos.
En este sentido, en el escenario electoral del 2024 parece que no habrá novedades ni cambios significativos, lo que amenaza se continúe con la misma inestabilidad política y social. En cuanto a una asamblea constituyente, esta no se ha planteado y no parece ser un buen momento para plantearla, en medio de una gran polarización política y social, y con la violencia existente. Lo cierto es que, económicamente, los mercados parecen calmarse poco a poco, con la estabilización del dólar y la disminución del precio de los combustibles y alimentos. Es importante considerar que la situación que se vive en el país puede necesitar más que una reforma legal y constitucional, siendo que algunos refieren a una crisis moral como la principal causa de los problemas nacionales, donde la corrupción está enraizada en la cultura del país y, muestra de ello, son los expresidentes encarcelados o que vienen siendo procesados.
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Pedro Zavala Yesan es abogado y colaborador de la Fundación Alternativas.
