Perú, cuando el petróleo mata a la gente

La agitación social en las calles de Perú ha puesto el foco de atención en mi país.

Pero para los activistas y defensores del medio ambiente, la violencia, el acoso y la intimidación forman parte de la vida desde hace mucho tiempo. En resumen, el petróleo está matando a la gente.

Y es el dinero europeo, de bancos de España, Francia y otros países, el que financia estos crímenes contra la naturaleza y las personas.

Según Global Witness, 51 activistas medioambientales fueron asesinados en Perú entre 2010 y 2020, lo que lo convierte en el séptimo lugar más peligroso del mundo para los activistas. Lamentablemente, esta violencia es familiar en toda América Latina, con un elevado número de víctimas mortales en México, Brasil y Colombia. Muchas de las personas asesinadas son activistas indígenas que luchan por proteger a sus comunidades. En Perú, esto significa proteger la cuenca del Amazonas. Sólo en 2021, siete líderes indígenas peruanos fueron asesinados en defensa de la Amazonia : Lucio Pascual, Herasmo García, Estela Casanto, Luis Tapia Meza, Mario López, Santiago Meléndez Yenes Ríos, según el informe de Global Witness. Fueron asesinados por la defensa de su territorio ante el aumento de los cultivos ilegales de coca, el avance de la minería y el petróleo, y los madereros ilegales.

Oxfam Perú estima que entre 1997 y el primer trimestre de 2021 hubo 989 derrames de petróleo en la Amazonía y la costa. Tras entrar en el cuerpo de los seres humanos, el petróleo provoca síntomas como dolor de cabeza, irritación de la piel, irritación de los ojos, mareos, vértigo, asfixia, náuseas, vómitos. Sin embargo, poco se hace para mantener las normas de seguridad exigidas por la ley –ya sea por las empresas de combustible o por el gobierno–. Los análisis de orina revelaron un elevado número de residentes con altos niveles de cadmio y mercurio por encima del umbral en el que el metal supone un riesgo para la salud.

Las empresas europeas, incluidas Repsol y Perenco, tienen una gran responsabilidad en estos problemas, ya que se encuentran entre los mayores inversores en la extracción de combustibles fósiles en Perú, con inversiones en proyectos como el Proyecto de Gas de Camisea, una importante operación de extracción de gas en las profundidades de la cuenca amazónica, en una zona poblada mayoritariamente por pueblos indígenas. Perenco, una petrolera francesa que niega estos derechos preexistentes de los Pueblos Indígenas en contacto inicial (PIACI) , interpone una demanda judicial (acción de amparo) y obtiene el apoyo de un congresista fujimorista que promueve una iniciativa legislativa para la modificación de los derechos de los indígenas sobre sus tierras y facilitar así la actividad petrolera de Perenco.

Mientras tanto, los derrames de petróleo de Repsol, empresa petrolera española, en el mar hace un año en la zona de Ventanilla en el Callao (derrame de 11.900 barriles) provocaron un desastre ambiental afectando un área de 1.800.490 metros cuadrados de tierra y 7.139.571 m2 de mar, así como 22 playas y dos áreas marinas protegidas.

La empresa ha minimizado el desastre calificándolo de “incidente” y se niega a detener sus operaciones. Los daños no sólo afectan a la salud de los pescadores artesanales, sino también a la economía local, inhabilitando la zona de pesca para el consumo humano directo durante 30 años.

Los reguladores de todo el mundo deberían obligar a los inversores a retener un dólar por cada dólar que inviertan en combustibles fósiles. Quizás esto les obligue a pensar en inversiones más seguras y limpias

La gente en España, en Francia y en Estados Unidos no toleraría los delitos ambientales que cometen las empresas de combustibles fósiles a la que se enfrentan los peruanos. Pero sus petroleras siguen actuando aquí casi impunemente, y sus bancos financian la destrucción de comunidades, territorios y hábitats, violando sus derechos.

Los combustibles fósiles representan sólo el 2% del PIB de Perú, pero están causando daños incalculables en nuestras comunidades. Creemos que el riesgo catastrófico para las personas y el planeta debe tenerse en cuenta en cualquier nueva inversión en combustibles fósiles.

Nuestra propuesta es un proceso de transición hacia energías renovables, así como una moratoria petrolera en zonas de alta biodiversidad como la Amazonía y el Mar Peruano y cero financiamiento a las empresas petroleras que impunemente destruyen la vida, la biodiversidad, los ecosistemas y el territorio de nuestros países. Los reguladores de todo el mundo deberían obligar a los inversores a retener un dólar por cada dólar que inviertan en combustibles fósiles. Quizás esto les obligue a pensar en inversiones más seguras y limpias. Pero al menos significará que ellos y sólo ellos pagarán la factura cuando sus arriesgadas inversiones vuelvan a casa.

A finales del año pasado, y gracias a una acción promovida por Climate and Social Justice, tuve la oportunidad de viajar a Bruselas junto a otros compañeros latinoamericanos y africanos para reunirme con eurodiputados y pedirles su apoyo para clasificar la inversión en combustibles fósiles como de “alto riesgo” y aplicar una norma de uno por uno. Sin embargo, a pesar de la respuesta positiva de muchos políticos y de la aprobación de la comisión de Economía del Parlamento, el pasado mes de enero se retiró de la agenda parlamentaria en el último minuto la votación de la propuesta, una victoria para la industria petrolera y los bancos que podría tener consecuencias mucho más allá de las costas europeas.

En Europa, se trata de una cuestión política. Para las comunidades indígenas de Perú, es una cuestión de supervivencia. Los activistas seguiremos luchando para presionar a los organismos internacionales de regulación financiera, como el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, para que reconozcan el riesgo y ayuden a detener la financiación de la industria de los combustibles fósiles que amenaza la vida de tantas personas en Perú y en todo el mundo.

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María Elena Foronda Farro es activista medioambiental. Con su equipo del Instituto NATURA llevó a cabo la defensa de los derechos ambientales en Perú, gracias a la cual fue galardonada en 2003 con el Goldman Environmental Prize. También representó a su región, Ancash, como diputada de la República presidiendo la comisión de Pueblos Andinos Amazónicos, Medio Ambiente y Ecología. A través de este cargo, inició una comisión de investigación sobre derrames de petróleo en la Amazonía, así como un proceso de investigación sobre los pasivos ambientales del petróleo en la zona costera del norte del Perú.