Reflexión de un profesional sanitario sobre el envejecimiento y las residencias
Desde hace unos años, muchos profesionales sanitarios estamos viviendo la degradación sistemática y progresiva de nuestro sistema de salud, quitándonos las ganas de trabajar en este sector, todo ello fomentado por los problemas que nos están causando y por las malas praxis que con presión y sometimiento nos obligan a realizar simplemente por el interés económico, yendo en contra de nuestros conocimientos, nuestra profesión y nuestra moral. Pocos sanitarios tienen la valentía de denunciar lo que pasa, llegando a ser partícipes de este sistema opresor y corrupto que nada tiene que ver con la calidad y la salud de los ciudadanos.
Necesitamos un cambio radical y urgente en una España cada vez más envejecida (según datos del INE, existen en España unos 10 millones de personas mayores de 65 años, lo que representa un 20% de la población, siendo el pronóstico creciente para el 2025 subiendo al 30%). Este cambio tiene que partir de todos, desde la ciudadanía hasta nuestros representantes políticos, que hasta ahora parece ser que sus problemas y egos nos les dejan gobernar siendo resolutivos respecto a las necesidades básicas de la población, creando verdaderos dramas y situaciones que nunca se deberían dar. Pero lo peor de todo es que están confundiendo y poniendo en contra a la población, que sigue creyendo en esta forma de hacer política, plasmando sus enfrentamientos por unos ideales nada éticos y legales. Su forma de gobernar es burda e inaceptable, acusándose entre ellos de situaciones que nunca deberían ser aceptadas por la ciudadanía, sin solventar los problemas de la nación. En muchas ocasiones, y siendo conocedores los ciudadanos de muchas de estas realidades, tratan de engañarnos sobre algunos de los hechos que hemos vivido y de los que hemos sido testigos. Las formas con las que se dirigen entre ellos en plenos y asambleas son totalmente penosas con acusaciones muy preocupantes que deberían ser todas investigadas. Pero son ellos los que deciden por nosotros y a los que supuestamente tenemos que obedecer. Como ciudadano no entiendo estos comportamientos y nunca los aceptaré. Tampoco comprendo cómo gran parte de la población no despierta y los acepta, incluso defendiéndolos. Deberíamos obligarles a dimitir por lo poco resolutivos que son, por dejaciones de sus funciones y obligaciones y por la vergüenza que están dando. No tienen ni la educación ni el respeto para dejarles al mando de un país que tanto costó levantar a la generación de mis abuelos y que poco a poco se están cargando para beneficiar a un 10% de la población que están más que acomodados, pareciendo ser el otro 90% sus sirvientes.
Un ejemplo claro es todo lo que he vivido dentro de las residencias de la tercera edad con un desenlace catastrófico. No me extenderé mucho en mis vivencias porque son muchos los artículos que ya he escrito, incluso he escrito un libro, pero sí quiero hacer hincapié en algunos aspectos.
Desde hace años, llevamos denunciando el abandono y el maltrato institucionalizado que se están dando en muchos centros. En mi caso, desde el 2017 y después de un supuesto cambio de empresa de los grandes grupos, todo empezó a degradarse. Destacar que el sector siempre ha estado abandonado con todos los problemas que ello conlleva hacia las personas más vulnerables y que encima no tienen capacidad de defenderse, creando mucho sufrimiento. Esta situación la he vivido personalmente y así me lo han transmitido muchas de las personas que he estado cuidando y he visto sufrir. He visto demasiado sufrimiento en un colectivo que no se lo merece y al que hemos dejado morir.
En noviembre de 2019 (4 meses antes de la entrada del COVID a las residencias) decidí denunciar y rescindir mi contrato por muchos de los problemas que se estaban dando, tanto hacia mi persona como hacia las personas que viven en estos centros, siendo esta última situación la que siempre me ha quitado la salud. He sido testigo y he podido demostrar judicialmente que al menos durante 9 meses las plantillas de personal estaban mermadas, en muchas ocasiones a más de la mitad de lo que estipula la normativa, una normativa que ya en sí está anticuada y no se ajusta a las realidades sociales de la actualidad. Recalcar que la falta de personal continuada en el tiempo y este incumplimiento sistemático (de eso sí debería haber responsables), afecta a la evolución, a la calidad de vida de las personas y a su salud; siendo responsables de estas malas prácticas tanto instituciones como las propias empresas. Más aún cuando uno de los mayores gastos de estas empresas es en personal. Haciendo una cuenta rápida, es fácil darse cuenta de los beneficios que pueden obtener con todas estas trampas. Si a esto le sumamos otros gastos como la comida, los pañales, utensilios de aseo, gastos de lavandería, toallas….es normal que tengan unos beneficios y un crecimiento a nivel internacional imparable haciéndose los dueños de una parte del pastel de los cuidados de los más vulnerables, de la sanidad y de dinero público en continuo crecimiento. Pero… ¿a qué precio? ¿Qué cuidados está recibiendo la población en la última etapa de sus vidas contando que en ocasiones muchas personas llegan a permanecer en estos centros más de diez años? Destacar que a dos exejecutivos de uno de estos grandes grupos en su país de origen les condenaron a prisión preventiva y en seis países (Francia, Portugal, Italia, Bélgica, Luxemburgo y Suiza) les hicieron una redada buscando pruebas. En España no se hizo nada.
Es inadmisible y alguien tiene que asumir y ser responsable de lo ocurrido, ya que muchos hemos vivido la realidad de lo sucedido y no fue todo el COVID. La situación en la que se encontraban muchos centros hizo que este virus se hiciera mortal, llevándose a 7291 personas en la Comunidad de Madrid y a más de 30.000 a nivel nacional. Pero lo peor de todo es la forma en que fallecieron, en muchos casos sin cuidados paliativos y sin mitigar ese dolor que supone morirse sin oxígeno, sin mórficos y un sinfín más de problemas muy dolorosos. Un ejemplo que ponemos siempre es el siguiente símil: no es lo mismo que un tsunami entre en Japón que en Haití, eso es lo que pasaba en las residencias, ya que la situación antes del COVID era catastrófica.
No es lo mismo que un tsunami entre en Japón que en Haití, eso es lo que pasaba en las residencias, ya que la situación antes del COVID era catastrófica
Otra de las situaciones graves por las que he pasado son los intentos de sanción en forma de castigo por no aceptar y no cometer actuaciones tan graves como falsedad documental. Esta situación la quiero explicar para que se entienda. En ocasiones he tenido una carga laboral de más de 20 pacientes, nunca me he negado a registrar en los programas informáticos todas las actuaciones cara al residente que debemos hacer (deposiciones, orina, alimentación, ingesta hídrica, siestas, acostadas, incidencias….). Lo que no iba a hacer y nunca acepté es que me obligaran a rellenar actuaciones que no hacía y que desconocía simplemente por justificar cara a las inspecciones como si se hubieran hecho. Mi criterio profesional nunca me ha permitido delinquir de esta manera, siendo una práctica muy normalizada en el sector al estar los trabajadores coaccionados por parte de las direcciones y responsables de estos. Me gustaría que el lector pudiera leer las cartas tan dañinas culpabilizando a mi persona y a otros trabajadores de las malas prácticas e incumplimientos que ellos hacían para así justificarlo cara a las inspecciones. Al igual que las cartas que escribimos los trabajadores del centro. Muchos compañeros aceptaron estas sanciones por miedo. La situación fue paradójica, ya que sin haber personal suficiente para atender las necesidades básicas de las personas dependientes, se castigaba injustamente con suspensión de empleo y sueldo a los trabajadores que reclamamos y firmamos diferentes cartas por no aceptar estas situaciones generadas por ellos mismos (primera carta siete personas y la segunda 21). Es más, hubo días que había más obreros pintando, taladrando, tirando muros, cambiando la estética del centro y molestando a las personas, que trabajadores cuidando a los residentes, siendo esta la actividad principal de la empresa. Algo incomprensible pero real.
Después de tantos fallecidos en los primeros meses de la pandemia (marzo y abril), muchos ciudadanos decidimos juntarnos y crear varias plataformas para poder reclamar y denunciar todas las injusticias y delitos que hemos estado viviendo en primera persona (entre ellos muchos familiares, pocos trabajadores y aún menos residentes por su situación de incapacidad para hacerlo). Son miles los documentos que lo avalan y muchas las denuncias interpuestas.
Muchos fuimos ingenuos pensando que esta situación iba a cambiar después de tantos fallecidos. También pensamos que se pedirían responsabilidades por la forma tan inhumana en la que sucedió todo y cómo se gestionó. Pero no ha sido así y parece ser que no hemos aprendido. Por otro lado iba creciendo el número de ciudadanos que nos pedían ayuda, crecieron las denuncias, pero la mayoría de ellas se iban archivando con pretextos injustificados y con dejadez por parte de Jueces, Fiscales e instituciones.
Se empezó a celebrar una comisión de investigación en la asamblea sobre la situación provocada por el COVID-19 en los centros residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que hizo el gobierno regional de la misma durante los meses de febrero a junio de 2020. Esta comisión se cerró después de cinco sesiones que arrojaron datos muy preocupantes, así lo decidieron dos partidos políticos de esta Comunidad que tenían la mayoría. Estas decisiones políticas atentan directamente en contra de todos los fallecidos y de las personas que hemos vivido la situación en primera persona. Son hirientes y muy dolorosos muchos de los comentarios y pretextos que usan nuestros gobernantes para justificar el cierre y la situación vivida con excusas del siguiente tipo: “se iban a morir igual, había colapso y no se podía hacer nada, no se juega con el dolor de las familias, me reúno con ellas cuando quieran…”, y así un sinfín de mentiras que están tratando de engañar a los ciudadanos manipulando la realidad, pero aun así hay parte de la población que les cree. Ojalá os reuniérais conmigo, porque a mí no me engañáis.
El problema es que ha habido un engaño a la sociedad así como un impedimento para poder esclarecer e investigar lo que pasó realmente, negándonos un derecho y manipulando una realidad que muchos conocemos y de la que somos testigos directos.
Muchos ciudadanos nos avergonzamos de nuestro sistema político y judicial porque no aceptamos mentiras, siendo muchas las injusticias a modo de dictadura que tenemos que tragarnos. Están poniendo en riesgo nuestro sistema democrático y nuestra Constitución. A día de hoy y después de cuatro años nuestros mayores siguen sufriendo el abandono y el maltrato, las injusticias y la expoliación, tanto de dinero público como de dinero privado que debería ir destinado a los más vulnerables y que se están desviando para que fondos inversores y grupos empresariales sin escrúpulos hagan crecer sus chiringuitos y se expandan a un nivel vertiginoso, siendo protegidos por nuestras instituciones, con unas leyes, inspecciones y sanciones que parecen ser de su agrado. El tema es muy preocupante y vergonzoso, al igual que todos los escándalos y las formas de comportarse de estos impresentables, que encima nos dirigen y que mandan que cumplamos leyes que en muchas ocasiones parecen ser sólo para el 90% de la población.
Hubo días que había más obreros pintando, taladrando, tirando muros, cambiando la estética del centro y molestando a las personas, que trabajadores cuidando a los residentes, siendo esta la actividad principal de la empresa. Algo incomprensible pero real
Aun así, señores políticos, nuestras plataformas han impulsado esta investigación que vosotros habéis decidido cerrar por algún interés oculto y que muchos no llegamos a entender, y hace que sospechemos que tenéis algunos intereses ocultos y unas prácticas totalmente turbias y delictivas, por las que sois responsables de muchas muertes. En la investigación de la Comisión Ciudadana por la Verdad en las Residencias de Madrid se dio pie a que participárais algunos de vosotros y no quisisteis hacerlo. Han colaborado personas de gran prestigio en el sector con mucho más conocimiento de lo que ustedes y que sus asesores puedan tener.
Otra de las áreas que está totalmente abandonada por nuestro sistema de salud es la psicología, siendo el país donde más benzodiacepinas (drogas) se consumen por no hacer tratamientos terapéuticos o con suerte dos sesiones anuales. Yo personalmente lo he vivido, con un diagnóstico que desde mi punto de vista es totalmente equivocado por la incompetencia de nuestro sistema de salud y los médicos que lo representan. Fui diagnosticado de un trastorno adaptativo grave por no aceptar esta situación tan delirante, no permitiéndome la inspección del INSS estar de baja por una circunstancia tan sumamente grave y que mi médica sí aceptaba, faltándome el respeto y humillándome como ciudadano, y lo más grave, obligándome a enfrentarme a una situación que nunca debería haber vivido, siendo estos totalmente responsables de mis problemas de salud, ojalá algún día paguen todo el daño que me han hecho. El tema de dar drogas a la población y no tratar terapéuticamente a las personas tiene un efecto totalmente negativo hacia el individuo, tapando el problema real, anestesiándolo. La situación de la salud mental en nuestro país es crítica, aumentando los suicidios cada año porque las personas ya no pueden más. Es un tema en el que deberíamos también apretar mucho y del que habría que cambiar todo el concepto, ya que el tratamiento terapéutico no está al alcance de toda la población.
Otra de las áreas que está fallando es la fisioterapia y la rehabilitación, sobre todo en personas con enfermedades crónicas, que de ellas depende su calidad de vida, siendo un producto de lujo para una pequeña parte de la población, al igual que pasa con los dentistas.
Es hora de que la población se movilice y reflexione sobre qué es lo que quiere para el futuro; nuestros gobernantes tienen claro lo que quieren, y no es precisamente que tengamos una calidad de vida aceptable, o por lo menos no el 90% de la población.
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Alejandro Salado Monreal es técnico en cuidados auxiliares de enfermería, técnico en atención sociosanitaria y escritor del libro 'Lodo y fango en las residencias'.
