Murcia defiende la legalidad de su urbanismo, por el que está imputado su alcalde

El Ayuntamiento de Murcia ha afirmado este jueves que una nueva sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Región "avala la legalidad de la adaptación a la Ley del Suelo del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que contempla los convenios de la zona Norte del municipio". El alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara, está imputado en la denominada Operación operación Umbra, que ha puesto en tela de juicio casi todo el urbanismo de la séptima ciudad española en población.

En concreto, el Consistorio considera que se trata de una sentencia que confirma la legalidad de los trámites, y en la que la Sala rechaza el recurso de la Asociación de Vecinos Senda de Granada y la condena en costas, sin recurso contra el fallo, "por argumentos sin fundamento".

Esta sentencia se une a otras tres que avalan, explica el Consistorio, la legalidad del PGOU y el convenio Nueva Condomina, una cuarta que "garantiza la legalidad de la adaptación del PGOU a la Ley del Suelo y un dictamen del Tribunal de Cuentas sobre la legalidad de los valores de edificabilidad de los convenios de la zona Norte", afirman las fuentes municipales.

El Ayuntamiento recuerda que, desde 2001, son cinco las sentencias de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia las que "avalan la legalidad de los trámites administrativos realizados en la aprobación del PGOU, el convenio Nueva Condomina y la adaptación del PGOU a la Ley del Suelo regional, rechazando claramente los argumentos expuestos por los litigantes Iruñesa de Parques Comerciales S.A., PSOE, Colegio de Arquitectos, Anse, y Asociación de Vecinos Senda de Granada".

"No se produjo un aumento de edificabilidad"

En este sentido, considera que estas sentencias "establecen el ajuste a derecho de los desarrollos de la ordenación de la zona Norte del Municipio". El TSJ concluye que el Ayuntamiento adaptó el Plan Urbano a la Ley del Suelo "siguiendo los cauces legales". Además, incide en que "no se produjo un aumento de edificabilidad (sino una reducción) y tampoco se desprotegieron suelos de valor medioambiental".

Dichos suelos, resalta la sentencia, se mantienen como no urbanizables "con los destinos de protección ambiental, forestal y paisajística". La decisión judicial "se produce tras una denuncia de la Asociación de Vecinos Senda de Granada, que fue condenada en costas, y contra la sentencia no cabe recurso".

De igual forma, el Tribunal de Cuentas, en auto de 3 de junio de 2009, a denuncias del concejal del PSOE, José Manuel Abellán, determinó que en la valoración de los aprovechamientos de los convenios de la zona Norte "se siguieron los trámites establecidos en la legislación vigente". El Tribunal de Cuentas falló que constaba "de modo inequívoco y manifiesto, la inexistencia de supuesto alguno de responsabilidad contable", y condenaba a costas al PSOE, añade.

Del conjunto de los fallos de lo Contencioso Administrativo de 2005, 2006, 2009 y 2012 y del dictamen del Tribunal de Cuentas de 2009 se puede concluir, según el Ayuntamiento, que todos los procedimientos y trámites administrativos impulsados por el Ayuntamiento de Murcia "han tenido un denominador común: su plena legalidad y transparencia, siempre en beneficio de la ciudadanía y del interés general".

"La madre de todos los convenios"

Por su parte Pedro López, el portavoz del PSOE murciano, ha reiterado su opinión de que una sociedad democrática "no puede aceptar que políticos imputados sigan permaneciendo en sus cargos y cobrando dinero público".

Es el caso del alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara, imputado desde junio en la investigación del caso Umbra, y de otros altos funcionarios que, en estos momentos, trabajan para el Ayuntamiento y cobran de él, además del exedil de Urbanismo, Fernando Berberena, que también recibe un sueldo de esta administración local, ha recordado.

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López ha asegurado que el convenio Nueva Condomina "es la madre de todos los convenios y que Cámara aún no ha asumido su responsabilidad política desde que este asunto estalló, ni en relación al grave perjuicio económico (350 millones de euros, según los informes periciales) que estas decisiones, avaladas por el PP, han causado al patrimonio de todos los ciudadanos"; y por no haber abierto un expediente informativo sobre las actuaciones llevadas a cabo por funcionarios imputados que aún trabajan en este Ayuntamiento y que siguen cobrando un sueldo público, ha agregado.

"Cámara tiene la obligación moral de asumir responsabilidades y poner luz sobre temas claves que están generando desconfianza a los ciudadanos porque podrían ser actuaciones delictivas", ha señalado López en comunicado de prensa, quien ha vuelto a exigirle que abandone sus responsabilidades como alcalde de Murcia hasta que la justicia no tenga un dictamen definitivo "porque su actuación está claramente en entredicho y esto no va a parar".

El portavoz socialista ha subrayado en comunicado de prensa que "cada vez que un político es imputado deber dimitir por respeto a los ciudadanos a los que representa". "Cámara se siente acorralado, con los tiempos que corren, la sociedad ya no tolera ni una más a los políticos, y menos, como en este caso, cuando el alcalde de la séptima ciudad de España está señalado judicialmente y cuando, hasta el momento, no ha hecho nada para clarificar las actuaciones de altos funcionarios y ex concejales imputados que aún trabajan y reciben una nómina de esta institución", ha finalizado.