Blanco: “El informe de la policía es una grosería”

El exvicepresidente del Gobierno José Blanco ha detectado que el informe realizado por la Policía Judicial, que ha servido de base para que la Fiscalía tramitar un suplicatorio ante el Tribunal Supremo, para imputar al exsecretario de Organización del PSOE los delitos de tráfico de influencias y, en su caso, otro de prevaricación tiene graves irregularidades. "Formalmente, el informe es una desobediencia; en lo material, es una grosería. Sabiendo que el Instructor había denegado por impertinente la prueba pericial sobre el expediente administrativo, la policía lo ha hecho igual, desobedeciendo al Tribunal Supremo".

Esta conclusión forma parte del conjunto de alegaciones presentadas por el representante legal de Blanco, que vuelve a solicitar el archivo de la causa. Para el abogado de Blanco, las irregularidades detectadas en el trabajo policial: “Condenan de nulidad la mayor parte de las diligencias practicadas”, al mismo tiempo que considera que los hechos que se narran en el informe “no constituyen delito alguno”.

Entre estas presuntas irregularidades de lo que califican como "pseudoinforme" destaca, según la defensa de Blanco, "la falacia" de que un empresario había pagado al exvicepresidente una cantidad de dinero. Tampoco es cierto, según esta versión, que Blanco influyera ante el alcalde de Sant Boi de Llobregat para obtener una licencia ambiental favorable a un empresario. "No podemos entender cómo el Fiscal puede sostener tal conclusión, si no es movido por presunciones ajenas a razonamientos jurídicos imparciales".

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El letrado de José Blanco argumenta, además, que el exministro socialista no conoce al alcalde Sant Boi ni le ha visto nunca en su vida: "Advertir aquí un tráfico de influencias es una completa fantasía".

El abogado también considera en sus alegaciones que la policía, "en franca desobediencia", llevó a cabo unas pruebas que el el propio juez había prohibido: "Y por medio de un dictamen nulo y cuando la instrucción ya estaba concluida, planteó la tesis de que la licencia era ilegal, algo que ahora, 'in extremis', asume el fiscal".

Pero al margen de la legalidad o no de la actuación policial, la representación legal de Blanco sostiene que no existe ni un solo indicio de que éste influyera ante funcionarios del Ayuntamiento de Sant Boi para alterar el resultado de una licencia, por lo que reitera el archivo de la decisión de la Fiscalía de solicitar que sea imputado y juzgado por el Tribunal Supremo.