Ada Colau acusa al Gobierno de tratar de “tapar” su veto a la dación

Ada Colau dice que ni ella, ni la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), de la que es portavoz, se va a rendir. No va a cejar en su empeño de que se paren los desahucios y se acabe con el "acoso" –"ese sí lo es"– de las entidades financieras a los ciudadanos con deudas "impagables". 

No se rendirá, insiste, pese a los persistentes intentos "del Gobierno y del PP de criminalizar" a la PAH y a ella misma. El último movimiento se conoció ayer jueves: la Dirección Adjunta Operativa de la Policía, que comanda Eugenio Pino, ha distribuido una instrucción en todas las comisarías por las que se obliga a los agentes a "identificar para sancionar a quienes participen" en actos de "hostigamiento y acoso a miembros de partidos políticos o sedes de partidos". Un disparo directo para quienes hagan escraches.

La orden también ha rebelado al Sindicato Unificado de Policía (SUP), mayoritario en el cuerpo, que a través de su portavoz, José María Benito, la ha calificado de "barbaridad": "No podemos seguir por este camino. No podemos detener alegremente a cualquiera que pase por la calle". Por su parte, el Departamento de Seguridad del Gobierno vasco indicó hoy que no ve "necesidad" de dar una orden expresa a la Ertzaintza para actuar contra los escraches, informa Europa Press. 

"Es un un atropello. Esta campaña de criminalización de la PAH está completamente fuera de lugar, es una exageración. Y esa instrucción [de Pino] no se sostiene legalmente", señalaba esta mañana Colau en conversación telefónica con infoLibre. La portavoz cree que la circular evidencia el "doble rasero" del Ejecutivo de Mariano Rajoy. Por un lado, subraya, garantiza todos los "privilegios" a los diputados y por otro, hace caer "todos los recursos públicos y envía a las fuerzas del orden a quienes sufren el acoso y la tortura de la banca". "El Gobierno, con los que padecen la presión del desahucio, no se rasga las vestiduras ni denuncia el acoso. Pero a la mínima, cuando los ciudadanos interpelan a sus políticos, se blinda y traspasa todas las líneas rojas. Es una barbaridad". La representante de la plataforma ilustraba esta mañana en Ràdio 4 de otro modo ese "doble rasero": la persecución a los "vulnerables" cuando "hay casos de corrupción gravísimos".

"Defender los derechos de los ciudadanos"

Colau apunta que, "si hace falta", el colectivo "se defenderá legalmente" frente a esa instrucción de la Dirección Adjunta Operativa de la Policía y difundida por la Secretaría de Estado de Seguridad, pero añade que su prioridad seguirá siendo otra: "Defender los derechos de los ciudadanos", porque hay "vidas en juego".

Durante toda esta semana, desde que Cristina Cifuentes, la delegada del Gobierno en Madrid, vinculara a la PAH con "grupos filoetarras o proetarras" , Colau ha dicho por activa y por pasiva que la plataforma es un colectivo "pacífico", como lo lleva evidenciando su trabajo en los últimos cuatro años, "y la gente lo sabe". De modo que esta "estrategia de intoxicación" orquestada por "el PP y el Gobierno" obedece, según la portavoz, a una razón clara: "Coincide con la publicación de las enmiendas del PP a la iniciativa legislativa popular (ILP), enmiendas que suponen la muerte de la ILP, ya que no permiten la dación en pago de forma retroactiva, no paraliza los desahucios ni libera a los afectados de deudas impagables. El Gobierno intenta tapar, desviar la atención". 

Frente a esa "campaña" de los conservadores, la PAH perseverará. Colau adelanta que no se van a suspender los escraches –el señalamiento público de dirigentes–, que sus integrantes continuarán "ejerciendo el derecho a la protesta y a la manifestación de forma pacífica". "No vamos a dejar de intentar paralizar desahucios y de interpelar a los políticos. La inmensa mayoría de los ciudadanos apoya nuestras acciones, mientras que el PP no acepta apenas la ILP y condena a la gente a un sufrimiento intolerable", afirma taxativa.

"La democracia no es votar cada cuatro años"

Protesta de la PAH este 26 de marzo en los juzgados de Barcelona.- EFE

Pero, ¿por qué los escraches? ¿Ha pensado la PAH en renunciar a esta estrategia? La portavoz dice que no. Y que señalar con el dedo a los diputados del PP tiene su lógica: "Apelar a su conciencia individual, presionarles hasta que aprieten el botón rojo o verde en el Congreso", cuando llegue el momento de la aprobación definitiva de la ILP. "Tiene toda la legitimidad, todo el sentido del mundo. El Gobierno en cambio sí atiende a las presiones de los bancos, aunque estas sean menos mediáticas, y cede una vez tras otra". Colau recuerda que fue la "presión" ejercida por la PAH a favor de la tramitación –se envió "un millón de mails" a los parlamentarios– la que al final convenció al Ejecutivo de que tenía que permitir la discusión del texto. A fin de cuentas, había recibido 1.402.854 firmas, casi el triple de lo exigido en la Constitución. "No cuestionamos a quienes ganaron las elecciones. Pero la democracia no es votar sólo cada cuatro años. Nuestra ILP pide unos pocos mínimos: sentido común, derechos. No pedimos que se regalen casas a la gente. Lo que hacemos es pedir explicaciones". 

La estrategia de "intoxicación y mentiras" propalada por el PP ha tenido un efecto "contrario" al deseado, afirma Colau: suscitar una "ola de indignación" aún mayor y levantar una marea de "apoyos" a la PAH, que se han trasladado a través de "muchísimos mensajes" de respaldo. 

Por esa misma razón, el martes próximo, 2 de abril, la PAH lanzará una nueva campaña de apoyo. Colau prefiere no desvelar muchos detalles hasta entonces. Pero sí anticipa que ese aval público a la PAH tendrá como gran protagonista "el color verde". Mientras, ultima las acciones judiciales contra Cifuentes. Todavía no está redactado el escrito, pero "tirará hacia delante". Está por ver que haya demanda asimismo contra Antonio Basagoiti, presidente del PP vasco, aún más explícito que la delegada del Gobierno. Pero el caso de esta, entiende Colau, es más sangrante, ya que es "una representante del Ejecutivo que tiene competencias en materia de orden público". 

Contra la "seguridad jurídica" de los policías

"Cualquier persona que se sienta de algún modo amenazada o cohibida debe ser protegida por la Policía, por supuesto, pero otra cosa es identificar alegremente a cualquier persona que pase por la calle. Eso es una barbaridad", reafirma el portavoz del SUP, también en declaraciones a infoLibre. Benito explica que la instrucción alude a la tan "controvertida" Ley de Seguridad Ciudadana, de 1992, que estipula tres "únicas" razones para que un agente requiera la identificación: cuando se ha "cometido delito", cuando se haya cometido "una infracción administrativa, y un escrache no lo es", o cuando se crea que el individuo "vaya a cometer un delito".

"No nos pueden seguir obligando a identificar a la gente como si tal cosa. Si hubiera amenazas o extorsión, claro. Pero por señalar a los políticos o ir a los partidos... ¿en base a qué?. Es como cuando los ciudadanos se manifestaban a las puertas de la sede del PP, en la calle de Génova. ¿Los identificamos a todos? Nos estamos excediendo. No podemos seguir por este camino", declara. La orden de Pino contraviene, para Benito, la propia "seguridad jurídica" de los policías, porque los ciudadanos "saben perfectamente sus derechos" y demandan judicialmente a los agentes si hay excesos. El portavoz del sindicato mayoritario asegura que "ya hay" en los tribunales casos de agentes denunciados por identificaciones indiscriminadas.

Benito arguye que, como la orden de Interior se conoció ayer, no ha dado "mucho tiempo aún" a que el SUP dé consejos a sus afiliados. "Pero saben qué hacer, cómo actuar conforme a la ley, y no caerán en el error". El portavoz denuncia así la presión "de arriba" a la que se ven sometidos los agentes. "La justificación estadística no puede ser una justificación. No puedes identificar a 50 por uno que esté en busca y captura".

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"Rechazo absoluto" de Vara

El Gobierno vasco, del PNV, de quien depende la Ertzaintza, también ha dejado ver que discrepa con el Ejecutivo de Rajoy. El Departamento de Seguridad, que dirige Estefanía Beltrán de Heredia, confiesa no ver "necesidad" de dar una orden expresa a la Policía autonómica contra los que participen en escraches. Los ertzainas, informaron fuentes de la consejería citadas por Europa Press, actuarán en cada caso conforme a la ley y según lo requiera cada incidencia. 

Otra de las opiniones del día la escribió en su blog Guillermo Fernández Vara. El expresidente extremeño y líder del PSOE regional mostró su "rechazo absoluto" por la campaña de escraches a dirigentes del PP "por respeto democrático" y porque "no es el camino para luchar contra las políticas equivocadas".