¿Superar la monarquía?

En el otoño de 2011, por primera vez desde el inicio de la democracia, la monarquía no lograba alcanzar el aprobado en la serie histórica del CIS sobre valoración de las instituciones. Para cualquiera que hubiese estado pendiente de la evolución de los datos de opinión, aquella nota media, de 4,9, no resultaba especialmente sorprendente. A diferencia del ejército, cuya nota media ha ido en aumento con los años, la monarquía ha perdido fuelle con el tiempo. En 1994, aún lograba una calificación de notable. Desde entonces, ha sufrido un descenso lento pero constante.

Esta evolución ha estado marcada por una creciente brecha generacional en el apoyo a la institución: en 2006 los mayores de 45 años seguían calificando a la monarquía con un aprobado y los que tenían entre 18 y 44 años le atribuían, por término medio, una nota por debajo del 5. Sin embargo, en 2011, quienes confiaban ya no eran los mayores de 44 años sino los mayores de 55. Eran, pues, aquellos que vivieron la juventud en los años de la transición y de la consolidación democrática los que han seguido valorando positivamente la monarquía en las sucesivas encuestas.

Por tanto, hasta el 2011, la principal razón del declive de la confianza ciudadana en la monarquía parece que no es más que el paso del tiempo y, con ello, la inevitable incorporación de nuevas generaciones a la vida adulta: también en las muestras de los estudios demoscópicos. Esas generaciones no guardan memoria de la importancia que tuvo el Rey en la consolidación de nuestra democracia, ya sea por su papel en la transición o en el golpe de estado del 23F. En este sentido, las nuevas cohortes no han tenido necesariamente nada en contra de la monarquía: simplemente, tampoco han tenido nada a favor. De hecho, en 2006, la mayoría de españoles consideraba que la institución garantizaba el orden y la estabilidad pero también creía que esta forma de estado era algo superado desde hacía tiempo.

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A lo largo del último año, la monarquía se ha visto salpicada por varios escándalos (la cacería del Rey en Botswuana, el caso Urdangaríny la imputación reciente de la Infanta Cristina) que han provocado caídas adicionales y más bruscas de las posiciones monárquicas. Según datos de Metroscopia, la aprobación del Rey Juan Carlos ha sufrido un serio retroceso: si en marzo de 2012 un 73% le daba su aprobación, en marzo de 2013 lo hacía sólo el 42%. Además, según el ObSERvatorio de MyWord para la Cadena SER de este mes de abril, el 57% cree que la imputación de la Infanta Cristina en el caso Urdangarín daña seriamente la imagen de la institución hasta el extremo de cuestionar su supervivencia. Entre los que así piensan, se encuentran no sólo los ciudadanos de izquierda, tradicionalmente menos monárquicos, sino también los que se adscriben a posiciones centristas o moderadas. De hecho, ahora no son sólo los votantes de IU los que desaprueban la monarquía: el Rey tampoco logra la aprobación entre los electores socialistas.

Es posible que la abdicación del Rey Juan Carlos frene la caída del apoyo a la monarquía en España. El Príncipe Felipe obtiene ahora bastante mejor valoración que su padre. Sin embargo, su popularidad tampoco es la de antes: según datos de Metroscopia, el porcentaje de quienes aprueban al Príncipe ha descendido del 73% al 61% en un año. Con tan sólo un 53% de españoles que prefería la monarquía a la república en 2012, y que ahora será un porcentaje menor, ya no es evidente que la abdicación sea suficiente para frenar la transformación de las preferencias ciudadanas.

En esta situación, el partido que se encuentra en una posición más difícil es el PSOE. Tanto el PP como IU cuentan con un electorado relativamente compacto en sus preferencias sobre la forma de estado: los votantes populares eran y son monárquicos, mientras que los de IU eran y son republicanos. En el electorado socialista, han convivido posiciones heterogéneas, aunque con una mayoría a favor de la monarquía hasta muy recientemente. Habrá que estar atentos a datos posteriores, especialmente a los del CIS. Si se confirma una mayoría republicana entre los votantes del PSOE, el partido tendrá bastante menos razones para seguir defendiendo el statu quo. Si lo hace, podría abrir una nueva brecha con sus electores potenciales: ya lo hizo al no querer asumir una posición más audaz en la cuestión religiosa, en la que podría haber apostado por suprimir algunos de los privilegios de la Iglesia o por reducir su financiación. En este asunto, desde hace tiempo, el partido ha ido por detrás de su electorado. Y la defensa de una España laica guarda muchos parecidos con la de una España republicana: en ambos casos, las posiciones de los partidos dependen sobre todo de ellos mismos. A diferencia de las políticas económicas y de gasto público, en estas cuestiones los partidos no dependen ni del FMI, ni de la Unión Europea, ni de Alemania. Las posiciones que se adopten, si son contrarias al sentir de la mayoría, tendrán que ser muy bien explicadas.