La Junta de Andalucía dota de 120 millones más al plan contra la exclusión

120 millones de euros más. Más de 40.000 contratos de trabajo. Garantía de tres comidas al día para 46.800 escolares. 

Tres grandes cifras que resumen el decreto ley de medidas extraordinarias y urgentes para la lucha contra la exclusión social, aprobado este martes por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. Una norma coordinada por la consejera de Salud y Bienestar Social, María Jesús Montero, cuyos detalles más concretos comenzaron a conocerse hace diez días y valieron al PP para lanzarse a la yugular. 

La Junta destinará unos recursos adicionales de más de 120 millones de euros a paliar el impacto de la crisis en los colectivos más vulnerables de la comunidad. 120 millones que se suman a los 74 millones ya consignados en los Presupuestos autonómicos para 2013. 

Unos 46.800 escolares recibirán tres comidas al día. Otros 5.600 se beneficiarán de la comida en periodo de vacaciones. Además, se servirá un cátering a domicilio a los mayores con problemas de movilidad. 

Ocho millones se reservarán para ayudas a comedores sociales, bancos de alimentos y ayuntamientos. En cuanto a la financiación complementaria para los servicios de ayuda al domicilio, el decreto ley consigna una dotación de 20 millones. De este programa se beneficiarán las personas que requieran ayuda en casa y no se vean cubiertas por la Ley de Dependencia, muy mermada en recursos por el tajo practicado por el Gobierno central. La previsión es de entre 12.000 y 15.000 beneficiarios con un promedio de 20 horas de servicio, así como la creación de 2.000 puestos de trabajo de auxiliares por seis meses.

Otro de los programas tiene apartados 40 millones de euros. Recoge ayudas extraordinarias a los ayuntamientos para la contratación laboral de personas desempleadas y en riesgo de exclusión social, por un tiempo de entre 15 días y tres meses, para el "desarrollo de actividades de especial interés para la comunidad". A la hora de adjudicar los contratos, se dará prioridad, según la Junta, a las familias con todos sus miembros en paro, a las familias numerosas de las que formen parte al menos una persona menor de edad, a los residentes en Zonas con Necesidades de Transformación Social (focos de marginación social o de pobreza); a los discapacitados o en situación de dependencia y a las familias monoparentales y víctimas de la violencia de género o con dos o más hijos a cargo. Las ayudas a la contratación se repartirán entre los consistorios de forma directamente proporcional al número de parados en cada municipio. La Junta cree que se podrán crear así 47.000 contratos. 

Griñán pedirá reunión a Rajoy

Además, el decreto ley se completa con diversas modificaciones normativas con el fin de agilizar los trámites relativos al Ingreso Mínimo de Solidaridad, unas peticiones que, según la Junta, se han duplicado desde el principio de la crisis. Así, en 2012 fueron 54.893 las solicitudes para este programa, al que se consignaron 69,3 millones de euros, cifra que creció ligeramente en los Presupuestos de 2013. Según el decreto ley, la cantidad adicional será de 44 millones de euros. 

En la presentación del texto, el portavoz del Gobierno autonómico, Miguel Ángel Vázquez, señaló que sería bueno que las medidas que está adoptando la Junta para dar respuesta a los ciudadanos que peor lo están pasando con la crisis, como el decreto antidesahucios o el de exclusión social, las importase el Ejecutivo de Mariano Rajoy. Vázquez anunció que José Antonio Griñán pedirá una reunión con el presidente una vez esté publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) para plantearle la necesidad de una estrategia nacional de lucha contra la pobreza, pacto que ayer ya ofreció el jefe del Gabinete andaluz en un desayuno en Madrid. Vázquez señaló que la comunidad está demostrando que se puede gobernar de otra forma, "pensando en las personas y no sólo en los ajustes contable", todo ello cumpliendo "a rajatabla" con la reducción del déficit. 

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Diego Valderas, vicepresidente de la Junta y coordinador autonómico de IU, aseguró que con el decreto ley aprobado hoy se dan "los primeros pasos" hacia la consecución de una renta básica. La Junta, dijo en Twitter, se pone así "al servicio de los más débiles" de la comunidad y "da respuesta a la emergencia social de miles de andaluces". 

Desde el PP andaluz, su vicesecretaria de Empleo y Economía, Carolina España, expresó su temor a que el plan contra la exclusión social no sea más una campaña "fantasma" o "virtual", ya que "esos 60 millones de euros" es la misma cantidad que "se recortó a los ayuntamientos" como fondos de libre disposición.