Misil contra el ‘caso Nóos’ al sugerir la Audiencia de Palma que los convenios fueron legales

La decisión de la Audiencia de Palma de suspender “de momento” la imputación de la infanta Cristina ha eclipsado la carga de dinamita colocada en los cimientos del caso por los firmantes del auto. Por primera vez desde que arrancó la instrucción hace año y medio, una instancia oficial –en este caso, los dos jueces que firman el auto– sugiere que los contratos a dedo que reportaron al yerno del rey y su socio seis millones de euros fueron legales. Los dos magistrados, Diego Jesús Gómez-Reino y Mónica de la Serna, dicen literalmente que “albergan serias dudas” de que la adjudicación de las cumbres turístico-deportivas que en Valencia y Baleares reportaron seis millones públicos a Instituto Nóos precisara la convocatoria de un concurso.

En defensa de su novedosa tesis, muy favorable para los imputados en este caso por prevaricación, malversación, fraude a la Administración y falsedad documental, los dos jueces esgrimen un argumento muy similar al que aportó el expresident balear Jaume Matas cuando espetó a un periodista que Urdangarin es el yerno del rey y que no todos somos iguales.

Los magistrados no llegan tan lejos como Matas  pero su razonamiento marcha en la misma dirección. Dudan de que hiciera falta un concurso público, igualitario y transparente porque para organizar eventos sobre turismo y deporte “se hace preciso tener un alto nivel de contactos y relaciones para conseguir que determinadas personalidades de relevancia o interés se muestren solícitas a asistir a tales eventos”. Y esos contactos, se sobrentiende en el texto, los tenía Iñaki Urdangarin. Es decir, el exjugador de balonmano convertido en duque de Palma por su matrimonio con la hija menor del rey, a la que esos mismos jueces desimputan por falta de indicios en un auto donde simultáneamente despliegan la teoría de que Cristina de Borbón pudo cometer delito fiscal y/o de blanqueo de capitales. Aunque eran tres los jueces que integraban el tribunal, el tercero de ellos, Juan Jiménez, se opuso a la desimputación de la infanta y formuló un voto particular

A modo de coda argumental, los magistrados de la Sección Segunda de la Audiencia de Palma Gómez-Reino y De la Serna se curan en salud aduciendo que, aun sin cuestionar la legalidad de los contratos, en aquellas cumbres se inflaron precios, nadie controló la justificación de gastos y sus organizadores obtuvieron “pingües beneficios” , que a su vez eran “impropios de una asociación que se postulaba como carente de ánimo de lucro”. Esa asociación era la ya célebre Instituto Nóos, de cuyas cuentas fluyó el dinero sin impedimentos hacia las de Iñaki Urdangarin y su socio de entonces, Diego Torres. .

Presentados formalmente como convenios de colaboración con Instituto Nóos por los gobiernos balear y valenciano, esos contratos para la organización de dos cumbres turístico-deportivas en Baleares (las Illes Balears Forum) y tres en Valencia (las Valencia Summit) son la piedra angular de la instrucción judicial. Y lo son por cuanto de su supuesta adjudicación ilegal y arbitraria se derivan todos los presuntos delitos investigados salvo los relacionados con el presunto fraude a Hacienda y los igualmente presuntos de blanqueo de capitales.

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Ahora, y sin que el carácter legal, ilegal o alegal de esas adjudicaciones fuera objeto del recurso contra la imputación de la infanta, los autores del auto enmiendan la plana nada menos que al máximo órgano administrativo de vigilancia contractual: la Intervención General del Estado (IGAE). “Es una sentencia anticipada”, proclamó ayer con enfado una fuente jurídica que conoce de cerca el caso. Otra fuente que también sigue la instrucción desde sus inicios cree muy probable que las defensas de los imputados intenten hacer valer las tesis de los dos magistrados de la Sección Segunda de la Audiencia de Palma.

La incursión de la Audiencia de Palma en el terreno minado de los contratos a dedo –y secretos en algunos casos- ha generado preocupación, según fuentes cercanas a los investigadores del caso.

Tanto el juez como el fiscal han asistido durante año y medio a una sucesión de recursos de distintos imputados, con especial mención a Jaume Matas y Diego Torres, cuya tesis central era precisamente la legalidad de los contratos. Algunos observadores creen probable que la resolución de Gómez-Reino y De la Serna produzca un efecto llamada. O, lo que es lo mismo, que su contenido aliente una nueva serie de recursos en apoyo de la adjudicación discrecional de contratos públicos millonarios por parte del Govern balear y la Generalitat valenciana.