La demanda de Religión ha caído en picado en los centros públicos en la última década

A pesar de la aconfesionalidad que consagra la Constitución, la Iglesia católica ha mantenido en España a lo largo de la historia una situación de privilegio en materia económica y fiscal o a la hora de imponer su ideología en ámbitos como la familia o la limitación de los derechos civiles. La educación no ha escapado a esa influencia. La escuela es un espacio cómodo para garantizar la influencia social y la evangelización. Los obispos lo saben y, por ello, no han escatimado en esfuerzos para, bajo Gobiernos de uno y otro signo, mantener su poder en las aulas. La puntilla la ha puesto el actual ministro de Educación, José Ignacio Wert, que con su polémica reforma educativa ha satisfecho varias de las principales reivindicaciones de la Conferencia Episcopal. 

Si la LOMCE, actualmente en trámite parlamentario, entra en vigor en los términos en los que está redactado el proyecto, la materia de Religión –y su alternativa no excluyente– volverán a contar para la media y para obtener becas. Era algo que no ocurría desde 1990. Y, sin embargo, no es la única concesión a la jerarquía católica presente en la futura ley. También se eliminará la asignatura Educación para la Ciudadanía, considerada por los obispos como un instrumento que utilizaba el Estado para adoctrinar ideológica y moralmente a los alumnos, y se blindarán los conciertos a los centros que segregan por sexo, gestionados por entidades ultracatólicas, aunque estos tendrán justificar que su modelo es tan aceptable como el mixto. Además, el proyecto prevé que las autonomías tengan en cuenta la “demanda social” a la hora de programar la oferta de plazas en la etapa obligatoria, lo que se traduce en que esta prerrogativa primará sobre la voluntad de la Administración de proteger a la escuela pública y abre la puerta a la renovación automática de los conciertos. 

Si se observan los datos oficiales del Ministerio de Educación no resulta extraño ese empeño de la Iglesia por dar más presencia a la asignatura de Religión y por dotarla de una alternativa fuerte que le haga menos competencia a la hora de elegir entre ambas, si bien con la LOMCE ya no será necesario porque se podrán cursar las dos. En los últimos diez años la matrícula de esta materia ha bajado diez puntos. En el curso 2000/2001 cursaron Religión en centros públicos el 83,32% de los alumnos de Primaria, el 63,71% de los de Secundaria y el 47,68% de los de Bachillerato. Diez años después, en el curso 2010/2011, ese porcentaje bajó al 72,62%, al 53,21% y al 38,16%, respectivamente. Además, es llamativo el descenso que se produce en Primaria una vez que los alumnos hacen la primera comunión. 

"Las de las aulas fueron las llaves que recibió la Iglesia católica a cambio de las de las arcas en el siglo XIX", resume el hisoriador Ángel Luis López Villaverde, que en su libro El poder de la Iglesia en la España contemporánea (Catarata)analiza el papel de las instituciones religiosas en una sociedad laica, la pugna entre dirigentes eclesiásticos y civiles a lo largo de la historia y su influencia en la población. 

Sin embargo, los conciertos con centros de la Iglesia católica se pusieron en marcha mucho después, en 1985, cuando el Gobierno de Felipe González implantó la doble red sostenida por el Estado para universalizar la educación básica. Hubo entonces concesiones a la enseñanza privada católica y se institucionalizó la concertada. Sectores laicistas criticaron al PSOE por sus posiciones demasiados laxas con la Iglesia. Cinco años después, en 1990, con González todavía como jefe del Ejecutivo, se puso en marcha la LOGSE. Bajo esta ley, la asignatura de Religión quedó establecida como optativa para el alumno, pero obligatoria para el centro. Era –en realidad lo sigue siendo hasta que entre vigor la nueva reforma– evaluable, aunque no contaba para la media ni tenía una alternativa fuerte como venían reclamando los obispos. 

4.000 millones de euros anuales para la concertada

Los portavoces eclesiásticos, en una información recogida por Europa Press en febrero de 2012, aseguraron que hay 1,3 millones de alumnos en colegios concertados de titularidad de la Iglesia católica. Además, según datos del Anuario de la laicidad 2012 de la Fundació Ferrer i Guàrdia, 7 de cada 10 alumnos que cursan sus estudios en un centro concertado lo hacen en un centro religioso. Colectivos como Europa Laica cifran en 4.000 los millones de euros de dinero público que, cada año, se destinan a los conciertos de la escuela católica. 

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Con el PP de vuelta en la Moncloa, la casi nonata LOCE (2002) sí contó con la aprobación total de la Iglesia. Este texto preveía una asignatura de Religión evaluable y que tenía como alternativa una llamada "Hecho religioso". En 1998, con Mariano Rajoy como titular de Educación, el Gobierno metió en nómina del Ministerio de Educación a decenas de miles de profesores de catolicismo seleccionados por los obispos. Europa Laica estima en 610 millones de euros al año el gasto que supone para el Estado el pago de estos docentes. 

Con el regreso del PSOE, la aprobación de la LOE llegó aparejada de una masiva movilización de los sectores más conservadores en las calles de Madrid, en la que participaron varios obispos. Muy beligerante, la jerarquía católica, acompañada por la derecha política y mediática, se esforzó en dar la batalla contra la reforma de la ley del aborto, el matrimonio homosexual y la asignatura Educación para la Ciudadanía, recuerda López Villaverde en su libro. Los obispos promovieron la objeción de conciencia de la citada materia, aunque el Tribunal Supremo se pronunció en contra en 2009. 

Otro de los ejes sobre los cuales han surgido problemas derivados de la educación ha sido la existencia de simbología religiosa en centros educativos públicos y concertados de toda España, tal y como denuncian los colectivos laicistas.