EEUU investigó a Occupy Wall Street con el protocolo para terroristas

Cuando el debate acerca de la política de seguridad y defensa de la administración Obama ha llegado con más fuerza a la opinión pública estadounidense, incluido el uso de aviones no tripulados de combate –o también denominados drones–, un documento ha salido a la luz e ilustra perfectamente las diferentes posturas mostradas por Estados Unidos en la lucha contra el terrorismo. Se trata de un informe publicado esta semana por la ONG de tendencia progresista Centro para los Medios y la Democracia (CMD, por sus siglas en inglés), que muestra cómo en el marco de la guerra contra el terrorismo acaecido tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 se fraguó una red de vigilancia en torno a los activistas de Occupy Wall Street, un movimiento ciudadano nacido en Estados Unidos el 17 de septiembre de 2011 con el fin de protestar contra los efectos de la crisis económica y que denunciaba las diferencias entre los más ricos –rebautizados como el 1%– en detrimento del 99% restante–.

El documento está titulado como "La disidencia bajo el terrorismo: cómo la unidad nacional de lucha antiterrorista, en colaboración con las grandes empresas americanas, arremetió contra Occupy Wall Street”. El estudio es el resultado del análisis de los documentos intercambiados durante los años 2011 y 2012 por los diferentes actores de la lucha contra el terrorismo. El periodista Beau Hodai, asociado del CMD, ha sido el encargado de recopilar y extraer los detalles más relevantes de aquellos escritos, en nombre de la ley estadounidense que regula la libertad de información.

En la página 37 del documento se puede encontrar un fragmento que resume a grandes rasgos la investigación al completo. “Una cosa está clara: la lectura de los expedientes recuperados de los centros de fusión de inteligencia [centros creados después de los atentados del 11-S para que los agentes de la lucha antiterrorista, la policía local, el FBI, la CIA y otros organismos privados pudiesen compartir informaciones] muestran que el personal del FBI encargado de la “seguridad interior” se mostró demasiado deseoso al vigilar el movimiento Occupy Wall Street, hasta llegar a un punto que roza la obsesión [...]".

¿Cuál fue resultado de aquellas pesquisas? Las prácticas utilizadas por los organismos estatales contra activistas que simplemente expresaban libremente su opinión –tal como garantiza la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos– se revelan, como absurdas, abusivas e incluso ilegales.

El periodista Beau Hodai basa sus hipótesis, principalmente, en el caso de Arizona. Según sus investigaciones, los activistas del movimiento Occupy de la ciudad de Phoenix fueron vigilados desde su nacimiento por la Policía municipal y por agentes locales de antiterrorismo, desarrollando su trabajo desde uno de los famosos centros de fusión. Estos locales fueron inicialmente creados para “prevenir la amenaza terrorista” y “reunir información acerca de armas de destrucción masiva”.

Se pagaron analistas para vigilar las páginas de Facebook

Las investigaciones desprenden, además, que la Policía basa su actuación en normativas vagas de contenido que forman parte de la USA Patriot Act, una legislación aprobada en octubre de 2001 que permite a las autoridades de Estados Unidos luchar, no sólo contra una amenaza terrorista, sino, además, ante casi todos los tipos de delitos y amenazas con el fin de proteger “los pilares de la nación y sus recursos clave”. Gracias a esta ley, la Policía justifica la vigilancia de los ciudadanos en la gestación del movimiento Occupy Wall Street.

El informe explica que, tras las contrastaciones pertinentes, se descubrió un correo electrónico en el que se aprecia que se contrató a un analista a tiempo completo para vigilares las redes sociales de Occupy, especialmente su página de Facebook. También se cita que un agente se infiltró entre los activistas, haciéndose pasar por un desalojado y que levantó sospechas entre las personas de la plataforma ciudadana. Incluso se ha revelado un correo electrónico enviado por un ciudadano común a los miembros de esta red de vigilancia en el que se indica: "Por favor, dejen el movimiento Occupy tranquilo, ya que su pensamiento es el mío y el de gran parte de los americanos [...]. No se debería impedir su existencia”.

Estas revelaciones denotan una imagen absurda de la lucha antiterrorista, que además tenía un gran coste para el erario estadounidense. El centro de fusión de Phoenix recibió una financiación de un millón de dólares para contratar a dos analistas de la información y otros 71. 000 fueron concedidos a la persona que se encargaba de vigilar en Internet a los activistas.

Matthew Rothschild, redactor jefe de la revista The Progressive y autor de un libro llamado Tú no tienes derechos: historias de América en una época de represión, recuerda que la vigilancia policial no es nueva. "Esta tendencia del FBI, muy presente en los años 1960, volvió con fuerza después del 11 de septiembre de 2001, especialmente en los campus universitarios para seguir la pista a asociaciones como Code Pink [una agrupación de mujeres que se opone a la guerra]. No pensaba, no obstante, que se examinaba hasta plataformas como Occupy. Además, el vínculo entre las fuerzas del orden y el sector privado es asombroso", considera el periodista.

Informaciones transmitidas al sector privado

El informe del Centro para los Medios y la Democracia se vuelve todavía más sorprendente al revelar que las informaciones reunidas sobre Occupy Wall Street fueron transmitidas, en ocasiones, a empresas privadas. Con respecto a este tema, se sabe que policías de Phoenix trabajaron clandestinamente como agentes de seguridad durante una importante reunión del Consejo para Modificaciones Legislativas de Estados Unidos (ALEC, por sus siglas en inglés) en un hotel de la ciudad en noviembre de 2011. Esta asociación se encarga de reunir a representantes de grandes empresas, cuyo fin es proponer y promover la aprobación de textos legales que favorezcan los intereses de sus compañías, normalmente ligados a las ideas conservadoras.

De hecho, el centro de fusión presentó ante la asociación de empresarios a los activistas de Occupy Wall Street como personas potencialmente violentas que podrían interrumpir la reunión con una manifestación ante el hotel.

Miembros de la plataforma ciudadana en una convocatoria en enero de 2012 | Fotografía: Steve Rhodes, Flickr  

"¡No pagamos las agencias antiterroristas para que actúen de este modo!", asegura enfurecido Matthew Rothschild, del magacín The Progressive. "El informe del CMD indica que los entes que luchan contra el terrorismo se encargan de llevar la seguridad de grandes empresas privadas, aunque nada indique que estas están en riesgo de ser amenazadas”, subraya Alex Vitale, sociólogo del Brooklyn College de Nueva York. "Este informe muestra que la primera misión de los centros de fusión derivó progresivamente, sin que se sepa cómo y por qué razón, hacia la vigilancia política”, apunta.

Porque este caso escandaloso de Arizona puede no ser el único. Esto es lo que se propone demostrar el Centro para los Medios y la Democracia, que prevé amplíar su investigación y menciona 14 ciudades donde Occupy fue considerado una amenaza terrorista. El CMD detalla particularmente el caso de Boston, donde también el centro de fusión insistió tercamente con las pesquisas sobre el movimiento, que para los organismos del Gobierno estadounidense era un grupo anarquista. Una revelación que no deja de suscitar interrogaciones, un mes después los atentados que golpearon la ciudad.

En el caso de Boston, Vitale es cauteloso puesto que no se puede decir que la unidad antiterrorista de la ciudad más importante de Massachusetts haya fracasado en su misión. "Debemos prestar atención a los últimos acontecimientos... Al margen de esto, lo que el informe ha demostrado es que los recursos que se asignaron al antiterrorismo fueron desviados. Tampoco es normal que el Gobierno se infiltre en la jerarquía interna de los activistas”. Entonces, ¿estas acciones mataron al movimiento Occupy? No, según el sociólogo, fue más influyente el hecho de que los alcaldes de los municipios impidieran las diferentes convocatorias en espacios públicos.

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Así pues, queda por dilucidar quién puso en marcha la cadena de decisiones que condujeron a la fijación de los centros de fusión de inteligencia por la plataforma ciudadana. "¿Ha sido una cuestión de que los equipos policiales locales se aburren diariamente y van a por 'presas fáciles' o se trata de una decisión del Departamento de Justicia?, se cuestiona Alex Vitale. El Centro para los Medios y la Democracia espera tener acceso próximamente a otros documentos que resuelvan estas interrogaciones definitivamente.

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*Artículo publicado originalmente en Mediapart por Irix Deroeux. Traducido al castellano por Víctor Ruiz-AlejosMediapart